La semana pasada el INDEC sacudió aún más un clima ya bastante caldeado en lo económico, político y social con la publicación de un dato en extremo doloroso: el 40,9% de los argentinos se encuentra hoy bajo la línea de la pobreza. El tema copó la agenda, y se escucharon desde las justificaciones oficialistas y los reiterados esfuerzos que el gobierno viene implementando para intentar atajar ese número desgarrador, hasta las críticas descaradas  de una oposición que cuando fue gobierno no hizo más que agravar este problema estructural de la Argentina.  Pero, ¿es posible hablar de la pobreza sin hablar de la riqueza?

Un estudio del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) plantea una respuesta interesante y atendible: “la riqueza no es un concepto absoluto, sino relativo al nivel de pobreza. Así, estudiar la riqueza es una forma de analizar la distribución del ingreso”. Hace un año, en plena campaña electoral, Macri le prometía al país que en diez años se podría llegar a una pobreza de un dígito. No fue el único en esa estimación. El Chino Navarro, por citar un ejemplo del otro lado de la grieta y ligado a una base social que sufre en carne propia ese 40,9%, sostiene que ese sería un escenario deseable con una recuperación económica sostenida en la generación de empleo. Pero diez años suena a mucho tiempo. Si la riqueza se pensara en relación a la distribución del ingreso, ¿cuánto deberían resignar los ricos para eliminar la pobreza hoy?

LA LÍNEA DE RIQUEZA

El OCEPP es una usina de reflexión y debate económico conformado por profesionales de diversas disciplinas, cuya máxima referencia es el Diputado Nacional por el FTD Itai Hagman. El mismo día en que el INDEC publicó los datos de pobreza, el observatorio sacó a la luz un informe titulado “La línea de riqueza en Argentina”, donde se analiza la distribución del ingreso en el país. En el mismo, se utiliza el concepto de línea de riqueza de Ramírez y Burbano, que la definen como “la línea que delimita los ingresos necesarios para eliminar la pobreza”, es decir que, de la masa total de ingresos, aquellos percibidos por encima de esa línea equivalen a los ingresos faltantes para eliminar la pobreza. Ésta, a su vez, es considerada en el informe según lo establece el INDEC, computando hogares y personas cuyos ingresos no superan la Canasta Básica Total. El estudio toma como medida el Ingreso Total Familiar (ITF) recabado por la Encuesta Permanente de Hogares (EpH) del INDEC para el primer trimestre del año.

Los resultados exponen que en la Argentina “la línea de riqueza promedio se ubica en un ITF de $202.305 mensuales y abarca un 1,4% de la población, las cuales tienen un ITF promedio de $316.059 pesos mensuales”. Cabe aclarar que el informe se basa solamente en ingresos coyunturales de la población  y no en otros aspectos que también hacen a la riqueza y a la desigualdad socio económica, como puede ser la acumulación de riqueza material y la posibilidad de transferencia de esa riqueza entre generaciones familiares. “En efecto, en buena medida el origen de la riqueza de las personas a nivel global se debe a herencia” expresa el texto.

Siguiendo la línea argumental, los ingresos de ese 1,4% de la población que se encuentran por encima de la línea de riqueza equivalen a un 10,6% del ITF del país, y en promedio superan en $113.753 a la línea de riqueza. Ese diferencial representa el 28% del ITF promedio de ese 1,4% de argentinos, y el informe lo denomina como la “Brecha de riqueza”. Su contracara es la “Brecha de Pobreza”, entendida como “la sumatoria de la diferencia entre ingresos de las familias pobres y el ingreso que representa la línea de pobreza (valor de la Canasta Básica Total). Es decir, la brecha de pobreza es la cantidad de ingresos faltantes de la población pobre”. El ITF promedio de los hogares pobres del país se encuentra $16.553 por debajo de la línea de pobreza, por lo que ese monto representa la brecha de pobreza. Es decir que, si se redistribuyera la brecha de riqueza, aquel 28% del ingreso de ese 1,4% de la población más rica, estimado en $113.753 por hogar, alcanzaría para distribuir esos $16.553 mensuales a cada hogar pobre y eliminar la brecha de pobreza. Así, el conjunto de los ingresos familiares en el país quedarían comprendidos entre un piso establecido por la línea de pobreza, bajo la cual ya nadie estaría, y un techo de $202.305 establecido por la línea de riqueza. Pobreza cero, literal.

DESIGUALDAD, POBREZA ESTRUCTURAL Y DESARROLLO

Seguramente un ingreso familiar total de $202.305 mensuales esté considerablemente por debajo de lo que se podría imaginar desde el sentido común como un hogar rico. Pero la clave del planteo de este informe es el hecho de no pensar en la riqueza como algo abstracto, sino como un concepto comparativo ligado a los niveles de pobreza y, por lo tanto, a la desigualdad. Así, aunque esos $202.305 mensuales suenen a poco para considerar rica a una familia, lo que hay que tener en cuenta es qué cantidad de hogares pobres hay por cada uno de los que perciben ingresos por encima de esa línea de riqueza.

El informe plantea un coeficiente de desigualdad “d” para medir esta brecha. Lo define como la cuantificación de “la cantidad de personas con ingresos por debajo de la línea de pobreza por cada persona con ingresos por sobre la línea de riqueza.  El coeficiente “d” es una medida de la desigualdad de ingresos que considera los movimientos simultáneos de las líneas de pobreza y riqueza”. Al hablar de simultaneidad en los movimientos de ambas líneas, el estudio se refiere a que un incremento en el número de personas pobres aumentará la brecha de pobreza y con ello también la brecha de riqueza. Una mayor brecha de pobreza baja la línea de riqueza dejando por encima de ella también a más personas, a excepción de que junto al aumento de la pobreza haya un significativo aumento de la concentración de los ingresos.

Este movimiento es el que explica que en la actualidad el coeficiente “d” sea menor que el año pasado. Hoy hay siete hogares pobres por cada hogar rico, y diecinueve personas pobres por cada una que tiene ingresos por sobre la línea de riqueza. En 2019, esa diferencia era de trece hogares pobres por cada hogar rico, y veintisiete personas pobres por cada persona rica. Es decir, se redujo la desigualdad debido a que “el aumento relativo de la población pobre fue muy inferior al incremento relativo de la población rica”, no porque se haya aumentado la masa total de ingresos, sino porque se bajó la línea de riqueza.

Otro indicador que el informe incorpora es el conocido Índice de Gini, que mide la desigualdad entre los diferentes deciles de la sociedad. “En el primer trimestre de 2020, el 1% más “rico” cuenta con un ingreso per cápita familiar (IPCF) que equivale a 34 veces el IPCF del 10% más pobre” se detalla en el texto.

LA POBREZA EN LA ÚLTIMA DÉCADA SEGÚN LA UCA

Esta semana se conoció también un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODESA-UCA), liderado por el Investigador del Conicet Agustín Salvia. El mismo se titula: “Argentina sin un mejor horizonte: más pobres y desiguales “. Allí se destacan como objetivos el “mostrar el carácter estructural de la problemática de la pobreza, la desigualdad y la marginalidad en la argentina de las últimas décadas; y la necesidad de reformular de manera estructural y estratégica el modelo de crecimiento y los sistemas de seguridad y protección social en clave distributiva”. Sus estimaciones son a partir de datos también del primer trimestre del año, y con proyecciones para el primer semestre.

El estudio, que recupera datos económicos desde la década del sesenta, califica a la inestabilidad económica como “un problema sistémico”, y a la pobreza como un “problema crónico y acumulativo”. Centrándose en datos del 2010 a la actualidad, muestra permanencia de un piso de pobreza que en ningún momento ni en ninguna de las múltiples mediciones que se incorporan baja del 25%, golpeando siempre con más fuerza al sector de la población de entre cero y diecisiete años. “Una estructura productiva heterogénea que genera empleos de baja productividad y remuneración; que genera excedentes absolutos de fuerza de trabajo; una economía que crece de manera desequilibrada y que no genera ni derrama los empleos productivos necesarios” aparecen como los causales de esa tendencia que no se revierte y empeora.

En el estudio de destacan los esfuerzos estatales en materia de protección social como un paliativo, pero se hace eje en que “a pesar del crecimiento económico, las políticas de protección del mercado interno y la ampliación de políticas sociales, con cada ciclo económico se reproducen barreras productivas estructurales que ponen límites a la caída de la pobreza. Tanto la desigualdad persistente como la pobreza estructural son el resultado de un modelo económico-productivo desequilibrado con efectos de exclusión, marginalidad y desigualdad a nivel socio-cultural, socio-demográficos y socio-ocupacionales”. Y yendo a contrapelo del discurso del derrame que se intentó instalar durante el período macrista, remata: “aunque se expanda la economía vinculada al sector externo (condición necesaria para el crecimiento), no ocurren derrames hacia los sectores menos dinámicos si no hay políticas activas redistributivas y de desarrollo productivo local-regional hacia el sector informal y el mercado interno”.

El estudio culmina con una serie de propuestas para “salir de la trampa de la reproducción de la pobreza”, donde se destacan la “inversión en el capital humano y social de la infancia-juventud”, y la necesidad de inversión para la “generación de empleos de calidad”, focalizando en el “sector de la economía social, que contribuyan al desarrollo social comunitario”. Pero en una situación de fuerte contracción de una economía que ya venía desbastada por el macrismo, crisis internacional y necesidades extraordinarias de gasto para la contención de la pandemia y sus efectos, ¿de dónde salen los recursos para encarar esas soluciones estructurales? Una vez más, la redistribución es la respuesta.

¿Y EL IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS?

En este contexto de una crisis mundial histórica, que agrava peligrosamente esa deuda social que significa la pobreza estructural en el país, los sectores más acomodados de la sociedad arremetieron con fuerza esta semana en el plano político-económico, nuevamente. Luego de las medidas del BCRA para cuidar reservas y direccionarlas hacia los sectores productivos, el sector financiero sigue arremetiendo contra el dólar, que esta semana llegó a una cotización récord de $158 pesos en el mercado ilegal. Lo hace acompañado permanentemente por el discurso de los medios hegemónicos y dominantes, que no se cansan de agitar fantasmas sobre Venezuela y posibles corralitos, casi que buscando generar una corrida sobre los ahorros en dólares del sistema bancario. A esto se suman los voceros del caos de la oposición, que siguen convocando a la población a todo tipo de rebeldías posibles frente a cualquier cosa que plantee el gobierno, y que no han aportado una sola iniciativa para ayudar a solucionar ninguno de los miles de problemas que atraviesa la gran mayoría de la sociedad en este momento tan complejo.

El póker desestabilizante lo completan los sectores agropecuarios que, aún con las concesiones que les otorgó el gobierno bajando retenciones para aumentarles sus ganancias, siguen reteniendo granos y no liquidan exportaciones, apostando fuerte a una devaluación que no haría otra cosa que lastimar con más fuerza a los pobres. La nota de esta semana fue el ataque contra Carlos Heller y el Banco Credicoop que preside, encabezado por algunas sociedades rurales y organizaciones agropecuarias del norte de Buenos Aires, la zona más rica del país. Estas entidades llamaron a un boicot masivo contra el banco, a partir del retiro de fondos, cierre de cuentas y el no aceptar cheques emitidos por el Credicoop. ¿El motivo? Que Heller sea, junto a Máximo Kirchner, uno de los redactores e impulsores del impuesto a las grandes fortunas. ¿Los argumentos? Las falacias que se vienen repitiendo en los medios desde que se planteó el proyecto, según las cuales el mismo afectaría capitales productivos, “tratando de la misma forma a una tractor que a una Ferrari, o a un campo que a un piso en Puerto Madero”. Aunque ya fue profundamente explicada y argumentada la falsedad de esos planteos, puesto que el impuesto no alcanzará bienes ni capitales de empresas sino solo el patrimonio de personas físicas, se insiste y se avanza con la operación en su contra.

Mientras tanto, la población sigue estando de acuerdo con la medida según las últimas encuestas. En una consulta realizada por Clivajes Consultores entre el 23 y el 27 de septiembre, el 69,75% de los encuestados opinó que “debe aprobarse porque los que más tienen son los que más tiene que aportar”. Por su parte, en una encuesta de Zuban y Córdoba también de septiembre, el 82,4% se manifestó “de acuerdo” con la proposición “me gustaría vivir en un país más igualitario e inclusivo”. Pero sin una redistribución más justa del ingreso nacional, esos deseos son agua que se escurre entre las manos. Más que nunca, está quedando claro y sobre la mesa que no se puede hablar de pobreza sin preguntarnos por la riqueza y su distribución. Tal vez sea el momento y la oportunidad histórica para discutir las bases una verdadera nueva Argentina, pero invirtiendo la frase de Alberto Fernández por la cual había que “empezar por los últimos para llegar a todos”.  Quizá sea tiempo de entender que se tiene que empezar  los que están primero, para que no haya últimos.