Pese a que están condenados a prisión perpetua, ninguno de los tres fusiladores de la Masacre de Trelew está preso. El único que cumplía su sanción en una cárcel común era Emilio Del Real. Estaba alojado en la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal, pero la semana pasada el juez Enrique Guanziroli le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria por su complejo estado de salud.

Los otros dos responsables por la matanza nunca estuvieron tras las rejas: Luis Emilio Sosa también reposa en su casa de Capital Federal y Carlos Marandino, en su domicilio de Paraná, Entre Ríos. Los tres fueron sentenciados a perpetua por el fusilamiento de 16 militantes políticos, la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar

Se sabe que Marandino cumple puntualmente las restricciones judiciales de su encierro, que Sosa está muy mal de salud y que Del Real no ocultaba su molestia por ser el único en un penal común como el de Ezeiza. Los otros dos involucrados, Rubén Paccagnini y Jorge Bautista, aguardan un nuevo juicio luego de que la Cámara Federal de Casación Penal anulara sus absoluciones.

El juez Guanziroli había rechazado un pedido del defensor oficial Sergio Oribones para que Del Real estuviera en su hogar. Pero la Sala III de la Cámara de Casación anuló ese fallo y le devolvió el caso al magistrado para que rápidamente tomara otra decisión, en vista de los nuevos informes médicos.

Según un examen del 30 de diciembre de 2014, del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Del Real es un paciente de 79 años con “patología vascular crónica”, su pierna derecha amputada y “portador de aneurisma abdominal y suprarrenal con trombosis mural excéntrica, como patología de mayor jerarquía”.

Este cuadro “hace que presente un riesgo alto de complicaciones relacionadas, siendo la ruptura la complicación más frecuente e importante en relación directa con el tamaño del aneurisma, siendo elevada cuando el diámetro del aneurisma supera los 6 centímetros”. Según los médicos, el 40 por ciento de este tipo de aneurismas “tiene posibilidades de romperse dentro del año”.

Como es impredecible “establecer el grado de expansión que pudiera alcanzar, requiere estudio e interconsulta a la mayor brevedad posible con un centro cardiovascular para su adecuada evaluación y eventual tratamiento”.

Es una complicación grave y tiene más de 70 por ciento de mortalidad. “El riesgo de ruptura es elevado en los pacientes varones de edad avanzada, con hipertensión arterial y que presentan aneurisma de aorta abdominal con diámetro mayor de 5 centímetros”. En tal sentido, “no es una patología frecuente de ver y librada a su evolución natural puede traer complicaciones altamente letales”.

En términos más generales, el estado de salud física de Del Real es bueno. No posee síntomas de ninguna enfermedad aguda ni “requerimientos de internación o permanencia en centros asistenciales de mediana u alta complejidad”.

Los informes recomendaron un centro de cirugía cardiovascular para su evaluación y estricto control médico, con acceso rápido a centros de mayor complejidad. “Debe ser controlado por otras especialidades acorde a su patología: dermatólogo, gastroenterólogo y cirugía”.

El 1º de enero el cardiólogo de la Unidad 31, Martín Ruiz Salas, explicó que allí sólo cuenta con camas para observación pero no con la complejidad necesaria para albergarlo. Y otra jefa médica, Laura Spezzamonte, agregó que el penal posee clínica médica, cardiológica, traumatología y cirugía general para controlar al paciente las veces que sea necesario. Pero sin alta complejidad. El hospital más cercano es el Eurnekian, a 10 minutos, con el cual se cuenta ante emergencias.

Guanziroli revisó los informes médicos y visitó a Del Real en la cárcel. “Sus patologías se acrecentaron y tienen necesidad de constante control y tratamiento médico”, escribió. El penal de Ezeiza, “por más ahínco que pusieron de manifiesto sus responsables, no está en condiciones adecuadas para responder con la prontitud y eficacia que el caso requiere, ante una sorpresiva contingencia de salud”.

Por la edad del condenado y las condiciones en que se ve obligado a cumplir su pena carcelaria, dado su estado de salud actual, “su cautiverio se desnaturaliza como castigo legal y atenta contra la dignidad esencial de la persona humana”. Según el juez del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, mantener a Del Real en una prisión común “implicaría infligirle aflicciones y devendría a las claras en tratos crueles y deshumanizantes, que vedan los compromisos internacionales suscriptos por la República, la Constitución y la ley”.

Del Real cumplirá su encierro en su casa del partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires. No podrá ausentarse bajo ningún pretexto, sin conocimiento y autorización del juez. El Patronato de Liberados bonaerense o el Servicio Social más cercano a su domicilio controlará sus movimientos, periódicamente y de forma sorpresiva.

Guanziroli ordenó un control médico trimestral sobre el condenado, a cargo de los médicos de la Corte Suprema. Y autorizó a Del Real a concurrir por sus propios medios a los turnos médicos que le prescriban, pero siempre avisando al Juzgado y obligado a regresar de inmediato a casa “sin desvíos ni retardos”.