Con 53 votos de la alianza gobernante y el rechazo del opositor Frente Amplio, Diputados buscó avanzar en un terreno sobre el que Uruguay no tiene legislación, pese a que en su momento hubo iniciativas de los entonces presidentes Tabaré Vázquez y José Mujica.

El texto aprobado es del Ministerio de Trabajo y prevé que aquellos gremios que “no completen el procedimiento de personería jurídica” pierdan el derecho a que “se retenga a su favor la cuota sindical para su depósito en la cuenta bancaria de la organización”.

El diputado del oficialista Cabildo Abierto (CA) Sebastián Cal pidió un agregado para que se incluyera la obligación de que los sindicatos tengan elecciones internas con voto secreto, pero la idea no prosperó.

El titular de la Comisión de Trabajo, el nacionalista Pedro Jisdonian, destacó que el proyecto viene a cumplir el mandato constitucional que determina que además de promover la libertad sindical y la conformación de sindicatos, el Estado debe promover y facilitarle a los trabajadores la confección de la personería jurídica de cada uno de los gremios.

"Viene a cumplir con lo que determina la Constitución y con las reglamentaciones y sugerencias que ha hecho la OIT hace unos años en relación a la falta de legitimación que tienen muchos trabajadores por no contar con una personería jurídica de esos sindicatos", expresó Jisdonian, según el sitio del diario El País.

El frenteamplista Felipe Carballo, en tanto, advirtió que con la iniciativa se estaba dando “un paso al vacío, un salto, un salto al pasado, un salto al siglo XIX”, ya que “el proyecto es intervencionista porque reduce la capacidad de las organizaciones atacando la independencia financiera de los sindicatos”.

“Cuando uno dice que este es uno de los peores proyectos de la historia del movimiento sindical, uno de los peores proyectos que esta cámara está discutiendo y que va contra la historia del movimiento sindical, también lo hacemos en el entendido de que recorta democracia porque interviene directamente en las organizaciones sindicales”, enfatizó Carballo.

El proyecto –rechazado también por la central obrera PIT-CNT- tiene ocho artículos y establece la implementación de un Registro de Organizaciones de Trabajadores y de Empleadores dentro del Ministerio de Trabajo.

La obtención de la personería jurídica obliga a detallar “objeto de la organización según estatutos”, “nivel de actuación y alcance territorial de la organización”, “forma de afiliarse o desafiliarse de la organización y condiciones para ser elector o elegible”, así como la información de sus representantes y los estatutos.

El polémico es el artículo 7, que establece que los sindicatos que no tengan personería jurídica “no tendrán derecho a que se retenga a su favor la cuota sindical para su depósito en la cuenta bancaria de la organización”.