El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) expresó ayer que la pandemia y el rechazo del Gobierno a autorizar actualizaciones de precios profundizó la crisis de la medicina privada. “En un contexto en el que el Covid-19 no cede, resulta extremadamente riesgoso activar ese conflicto y simultáneamente plantear una reforma del sistema de salud que es totalmente inconsistente”, advirtió el instituto en su informe semanal.

El sistema privado de salud está compuesto por dos tipos de actores: los prestadores médicos y los seguros de salud. Estos últimos operan como obras sociales o empresas de medicina prepaga. Los afiliados a las obras sociales se integran por asalariados que hacen aportes obligatorios. Por otro lado, los afiliados a las prepagas se componen por parte de los afiliados de las obras sociales que optan por derivar su aporte salarial a la prepaga y por personas que voluntariamente pagan de su bolsillo una cuota.

En general, las obras sociales y prepagas contratan con prestadores privados los servicios médicos para sus afiliados. “Las obras sociales tienden a pagar aranceles más bajos por lo que tienen una cartilla más acotada de prestadores que, además, son los menos apegados a normas de calidad”, explicó Idesa. “Los prestadores médicos más grandes, comercialmente más conocidos y, en general, más apegados a normas de calidad tienden a contratar con las prepagas que abonan aranceles más elevados”, agregaron.

Un aspecto central en esta relación contractual es que las prepagas ajustan los aranceles de los prestadores médicos cuando el Gobierno les permite aumentos en las cuotas a sus afiliados. Por eso, para los prestadores médicos privados, es muy importante el ajuste de cuotas de las prepagas.

Medicina privada: los números

Desde que asumió el Gobierno de Alberto Fernández en diciembre de 2019, las autorizaciones de aumentos de cuotas de las prepagas, la evolución de los salarios en el sector privado de la salud y la inflación tuvieron variaciones disímiles. En principio, las cuotas de las prepagas se actualizaron 26%, mientras que los salarios aumentaron 63% y la inflación acumulada, medida por el Indec, fue de 71% desde que asumió el Frente de Todos.

Estos datos muestran que las autorizaciones de ajuste de cuotas a las prepagas, que luego se traducen en aumento de aranceles para los prestadores médicos privados, han ido muy por detrás de los salarios que los prestadores deben pagarles a sus trabajadores y de la inflación.

“Seguramente el Gobierno busca, como con el resto de los controles de precios, morigerar las presiones inflacionarias y eludir la antipática decisión de reconocer aumentos que impactan en el presupuesto de las familias”, estimó Idesa. “Pero generar semejante desfase de precios, en el particular contexto de la pandemia, es extremadamente riesgoso”, alertaron.

La gravedad de la pandemia exige a los prestadores médicos esfuerzos extraordinarios. En particular, deben comprar muchos elementos de protección personal y un consumo excesivo de medicamentos en terapia intensiva por los pacientes Covid, cuyos precios además crecieron por arriba del 100%.

A su vez, si bien tienen las terapias intensivas trabajando a pleno, la capacidad instalada de piso normal (que representa el 80% de la actividad médica) está subutilizada por los protocolos para la prevención del Covid.

Más gastos, con menos actividad y aranceles médicos retrasados están provocando un grave desfinanciamiento. “Sobre esta precaria situación, en julio se producirán las paritarias del sector. Allí se hará explícito que este desfinanciamiento conspira contra la posibilidad de reconocer con mejores salarios la dedicación y el esfuerzo que vienen desplegando los trabajadores de la salud privada”, lamentó Idesa.

A esto se suma el anuncio de una reforma integral del sistema de salud con eje en el sistema público. Para el instituto, el planteo no sólo es “inoportuno”, ya que se hace en medio de una pandemia y con una severa crisis financiera sino también “inconsistente”.

Idesa señaló que esta idea pasa por alto que la salud pública es administrada y financiada por las provincias. No obstante, para crear un sistema nacional de salud se necesita reformar la Constitución Nacional y las 24 Constituciones provinciales que en sus articulados expresamente consideran a la salud como una competencia no delegada a la Nación. “Tampoco tiene en cuenta que el sistema público atiende a una proporción menor de la población. La mayoría opta y prefiere la cobertura de la obra social, a la que accede por tener un empleo formal o contratar una prepaga”, aclararon.

“Asumir una deliberada estrategia de desfinanciamiento de la medicina privada y plantear una reforma inconsistente es muy desaconsejable. Hacerlo en medio de una pandemia resulta, además, temerario. Es una actitud muy injusta para la población en general y, particularmente, para quienes están en el frente de la batalla contra el Covid”, concluyó Idesa.

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Despidos prohibidos hasta 2022

El Poder Ejecutivo Nacional prorrogó por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la prohibición de los despidos y suspensiones hasta el próximo 31 de diciembre, en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria declarada por la Ley 27.541.

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Palazzo reclama ley de Servicios Financieros

El 48° Congreso Nacional de la Asociación Bancaria (AB), realizado la semana pasada, resolvió “promover de manera más enérgica la sanción de una Ley de Servicios Financieros”. Según los bancarios, esa norma debe orientar a la actividad hacia el desarrollo de la economía real y al BCRA a una reforma normativa que garantice un único marco para toda la actividad financiera, un adecuado contralor de la misma, iguales condiciones laborales dentro del sistema para quienes desarrollan igual trabajo y estipule una formación profesional acorde a un servicio público.

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Retroceso: sólo 42,2% de la PEA es mujer

Los datos del mercado laboral que entregó el Indec la semana pasada siguen dando de que hablar, más allá de la tasa de desempleo. Un dato interesante, recogido en un informe de Econviews, es que sólo el 42,2% de los integrantes de la Población Económicamente Activa (PEA) son mujeres. Se trata del valor más bajo en 4 años y va en contra de la tendencia secular, que “es aumentar la proporción de mujeres en la fuerza laboral”. Las mujeres de hasta 29 años sólo representan 8,6% de los ocupados. La crisis sanitaria, en combinación con la económica, están detrás de ese retroceso. “Hoy el 52,4% de los desocupados son mujeres”, dice Econviews. La tasa de actividad (personas que tienen o buscan trabajo) de las mujeres fue de 49% mientras que la de los varones se ubicó en 69,7%.

La Directora de Economía, Igualdad y Género del Mecon, Mercedes D’Alessandro, señaló que “estamos en el momento de mayor brecha de desigualdad entre varones y mujeres”.

En un evento reciente, agregó: “Vemos que las mujeres están sobrerrepresentadas en la pobreza y subrepresentadas en la riqueza”. Además, precisó que las mujeres tienen los sueldos más bajos, ocupan menos cargos jerárquicos y poseen la mayor tasa de desempleo y precarización laboral. 

El desequilibrio en la “economía del cuidado”, dijo la funcionaria, desde la economía feminista son problemas políticos “porque afectan en la distribución y el acceso que tienen las mujeres en el mercado laboral”.