La mejor defensa es un ataque

La mejor defensa es un ataque

El intendente de Santa Fe quiere que el máximo tribunal "verifique" si lo "actuado" por el juez Carraro que ordenó el allanamiento de la Municipalidad, fue conforme a derecho. Dice que la medida fue "desproporcionada" e "ilegítima".

El intendente José Corral no sólo denunció al fiscal Roberto Apullán ante el Ministerio Público de la Acusación por el allanamiento a la Municipalidad de Santa Fe, el 10 de octubre, sino que también pidió la "intervención" de la Corte Suprema de la provincia para que "controle" y "verifique" si lo "actuado" por el juez Sergio Carraro que ordenó el operativo se realizó "conforme a derecho". Corral dijo que él estaba en su despacho cuando 20 agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) requisaron las secretarías de Hacienda y Desarrollo Social en una investigación por los "Corral papers" -como se la llama‑, pero nadie le avisó ni "se presentó" en su "oficina ante un hecho de semejante envergadura, impacto institucional y repercusión públical". La "medida" fue "desproporcionada" e "ilegítima en el plano jurídico", dijo el jefe de Cambiemos y agitó la vieja sospecha de que se concretó en campaña, "a tan sólo ocho días hábiles de las elecciones de candidatos a diputados nacionales y concejales del 22 de octubre".

Esta semana, el presidente de la Corte Daniel Erbetta reconoció ante la prensa que Corral lo había llamado "preocupado" y "sorprendido" por las "características del procedimiento", la "hora en que se realizó" -a las 12‑ y el "despliegue que tuvo" y que "eso le generaba alguna duda sobre cómo había sido". Explicó que "a una Intendencia no hace falta allanarla, se le requiere la documentación y se la entrega". Y consideró "muy atendible" el planteo de Corral, pero ubicó su diálogo con él en otro plano. "Uno no puede negarse a recibir un comentario institucional", se justificó el magistrado.

Ese martes 10 de octubre, hubo otras llamadas. Corral se reunió con el gobernador Miguel Lifschitz, en la Casa Gris, y uno de los temas de la agenda fue "el Ministerio Público de la Acusación", según informó El Litoral. Al día siguiente, el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti le pidió a Apullán el legajo del allanamiento y 24 horas después lo desplazó de la causa.

En el escrito que presentó en la Corte, Corral dijo que apenas el concejal peronista Juan Cesoni formalizó su denuncia, el fiscal municipal Federico Sedlacek se "puso a disposición" de Apullán para "colaborar en todo lo que fuera necesario". Incluso, el 6 de octubre, lo entrevistó en su despacho del MPA, pero Apullán igual "instó" el allanamiento que fue "autorizado y ordenado" por el juez Carraro el 9 de octubre y se concretó el martes 10, al mediodía.

Corral coincidió con Erbetta que el fiscal podría haber solicitado documentación sin allanar. "El único supuesto que admitiría como legítimo el allanamiento es la última parte del artículo 169 (del Código Procesal Penal de Santa Fe), esto es si tiene motivos para pensar que este Departamento Ejecutivo Municipal pueda perjudicar la investigación, cuestión que no puede admitirse bajo ningún punto de vista dada la predisposición institucional del municipio ya señalada y la circunstancias de que toda la información estuvo, está y estará a disposición en caso de ser requerida, ya que consiste en expedientes, decretos y documentación que tiene carácter público", saltó.

"En este caso concreto -siguió Corral‑ si las supuestas irregularidades existieran, nadie más interesado que este Departamento Ejecutivo en saberlo. Tanto es así que los propios órganos de control interno y externo del municipio cuentan con actuaciones sobre este particular, que al no mediar este vínculo imprescindible de diálogo y colaboración no ha sido aprovechadas a los fines que persigue el Ministerio Público".

Si bien allanamiento fue solicitado por Apullán y autorizado por "el juez Carraro, es el Poder Judicial en definitiva el que tiene el control de legalidad y constitucionalidad de la medida que el fiscal requiere, que en el caso entiendo que no fue suficiente para corregir la diligencia instada por el MPA", dijo Corral.

Por lo tanto, solicitó la "intervención" de la Corte Suprema para controlar y verificar que lo actuado por el Juzgado interviniente haya sido "conforme a derecho". El planteo pasó ahora al Colegio de Jueces de segunda instancia, para que su presidenta, la camarista Marta Feijóo, lo responda.

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