El acuerdo laboral suscripto con los principales sindicatos del sector (ATE, UPCN y ATSA) otorgaba un nuevo piso de derechos para una actividad que se rige desde hace décadas por el decreto-ley 22.140 dictado en época de la última dictadura militar, pero desde el gobierno de Melella lo consideraron una "maniobra" para mantener en sus puestos a unos "1.000 agentes" nombrados por Bertone, entre ellos "280 ex funcionarios".

El ministro de Trabajo fueguino, Marcelo Romero, explicó en conferencia de prensa que el convenio "solo favorecía a ciertos personajes de la política y no beneficiaba en nada a los trabajadores de la administración pública". 

Entre otras medidas, el acuerdo reducía de un año a tres meses el período para que un empleado alcanzara la estabilidad laboral después de su nombramiento, además de poner restricciones a la posibilidad de ser reasignados de un área a otra del Estado.

Para la gestión de Melella, ello buscó asegurar en sus puestos al personal designado por Bertone en la última parte de su gobierno.

El Fiscal de Estado provincial, Virgilio Martínez de Sucre, emitió un dictamen días antes de la derogación del convenio, en el que criticó varios aspectos de su contenido, e incluso el "apuro" con el que fue dictado, poco antes de la finalización del mandato de la ex gobernadora.

Al justificar la revocatoria del acuerdo, el secretario de gobierno, Diego Carol, agregó que la norma "comprometía seriamente las arcas del Estado, ya que su aplicación implicaba una mayor erogación en salarios y no se había dado participación ni a la Legislatura ni al Tribunal de Cuentas", observó.

Por su parte, el secretario de representación política, Federico Runín, dijo que "llama poderosamente la atención que durante años no hubo convocatoria a paritarias, y en tan sólo un mes se aprobó el convenio sin atenerse a ninguno de los reglamentos internos. Y esto no lo podemos consentir".

Runín adelantó que el gobierno "comenzará a trabajar en un nuevo convenio" y que pare ello "convocará a una reunión a los sindicatos involucrados".

Sin embargo, uno de los interrogantes que abrió la medida es si el convenio derogado generó derechos en favor de los trabajadores alcanzados por algunas de sus disposiciones.

Según Romero, los actos revocatorios dictados implican que "ninguna de las pautas contenidas en el convenio ha generado derechos para los empleados".

Sin la protección de la nueva cláusula de estabilidad, la gestión de Melella podría dejar cesantes en las próximas horas a por los menos 300 agentes nombrados en el último año de la gestión de Bertone, que todavía no habían adquirido el derecho a no ser removidos..