Con la adhesión a la nueva ley impulsada por el Ejecutivo nacional, los diputados mendocinos avalaron la intervención de las comisiones médicas como paso previo y obligatorio a las que el trabajador podrá acudir para resolver un reclamo por un accidente laboral o una enfermedad profesional.

Esta norma, indica el proyecto aprobado, encomienda al Ejecutivo provincial celebrar convenios de colaboración y coordinación con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a los fines de que las comisiones médicas jurisdiccionales actúen en el ámbito de la provincia de Mendoza como instancia prejurisdiccional.

Además expresa que, a tal fin, se constituirá una Comisión Médica en cada circunscripción judicial que conforma el mapa judicial de Mendoza. 

Las mismas deberán actuar con objetividad y profesionalidad al momento de emitir su dictamen médico, asegurando la correcta aplicación de las reglas que dispone la ley nacional 24.557, con sus modificatorias, para la cuantificación del daño, indica, entre otros puntos, parte del proyecto aprobado.

Durante el tratamiento, el diputado Gabriel Balsells Miró (UCR) señaló que quieren "mejorar los plazos de las indemnizaciones que le tocan al trabajador, que se le pague en tiempo y forma" al tiempo que resaltó que "las estadísticas de judicialización en Mendoza son muy altas y esto no permite soluciones rápidas".

Por su parte, el bloque del justicialismo -que votó en contra del proyecto- sostuvo que "vulnera los derechos de los trabajadores" y busca "proteger al empresariado en detrimento de los trabajadores".

En tanto, el diputado Héctor Fresina (FIT) argumentó para rebatir los datos que hablan de un crecimiento de la industria del juicio en la provincia que, en Mendoza, "hay 700 mil trabajadores con problemas de salud por malas condiciones laborales o accidentes en sus lugares de trabajo y que sólo hay 100 mil juicios laborales".

La ley que había obtenido media sanción en el senado mendocino semanas atrás contempla, entre otros puntos, que el Poder Ejecutivo Provincial deberá establecer mediante acuerdo con la Superintendencia, un mecanismo de supervisión y control de las actuaciones médicas jurisdiccionales, y un control efectivo sobre el trámite de homologación de los acuerdos celebrados entre el trabajador y la ART.

En la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, las dos jurisdicciones donde ya rige la norma, cuantitativamente fue considerable la baja de juicios por accidentes laborales.