Por Carlos Hernández

No es común que una administración, como en este período la de Alberto Fernández, sea tan metódica en contraponerse a los intereses de Mendoza.

Casualidad o causalidad, la seguidilla de reveses en la relación con la Nación no dejan de llamar la atención y dan pie a las quejas recurrentes del gobierno local.

El caso de la entrega de territorios estratégicos de Malargüe y San Rafael a grupos que se reivindican mapuches, se aprecia como una instancia más de una serie de capítulos que enrarecen la relación entre el gobierno nacional y el provincial.

Con un puñado de resoluciones, una decisión política ministerial, canalizada a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ha dispuesto sobre el espacio territorial mendocino sin consulta previa, según han denunciado las autoridades locales.

La controversia suscitada terminará en los estrados judiciales, donde corresponde dirimir la presentación de inconstitucionalidad que ordenó el gobernador Rodolfo Suarez.

Al margen de los derechos que puedan asistir o no a las comunidades beneficiadas por el INAI, y dejando de lado las suspicacias que se han lanzado sobre funcionarios kirchneristas por tratarse de tierras bajo explotación petrolera o que tienen diversos potenciales, como el turístico, cabe preguntarse, para ir al fondo, sobre el avasallamiento a las instituciones locales.

Un caso paradigmático es el de Portezuelo del Viento: La Pampa se opone, pero el tiro de gracia no se lo dieron las provincias que integran el Coirco, sino el Jefe del Ejecutivo nacional.

Lo curioso es que con frecuencia escuchamos a Alberto Fernández fustigar al centralismo, como si el poder que dictamina sobre asuntos de los estados provinciales no pasara por las manos presidenciales.

Porque considerar que las políticas antifederales emanan de la administración de la Ciudad de Buenos Aires es, cuanto menos, parcial. Innegablemente el distrito porteño es el que ostenta el mayor PBG per cápita del país, el mayor estándar de vida y una ubicación geográfica privilegiada. Sin embargo, el gobierno nacional es quien diseña los presupuestos y el que decide sobre diversas políticas públicas del país.

El fallo de la Corte que benefició con una cautelar a la Ciudad respecto de los fondos de la coparticipación puso a los gobernadores peronistas y a todo el kirchnerismo en pie de guerra. La decisión (discrecional) que había adoptado Macri de aumentarle el índice a los porteños -restándolos de la Nación- para financiar a la nueva policía traspasada a la Ciudad tuvo como contrapartida la decisión (discrecional) de Fernández de quitar esos fondos para dárselos a Kicillof con el fin de financiar a la policía bonaerense.

Reparto discrecional

Valga también como ejemplo el acto administrativo firmado por el ministro de Economía, Sergio Massa, acompañado por el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, que redistribuyó partidas para veinticinco universidades nacionales. De 7.000 millones de pesos con que aumentó específicamente el presupuesto universitario, 60 millones (menos del uno por ciento) llegarán a la UNCuyo.

Al menos le tocó algo del reparto, porque varias casas de estudio quedaron fuera del beneficio sin demasiada explicación, por el arbitrio de los despachos que responden a la Casa Rosada.

No se conocen los criterios, indicadores objetivos ni las prioridades con se realizan tales reasignaciones. La respuesta la tiene el decisor ministerial, porque no es un asunto que haya sido debatido en el Congreso ni en el CIN (consejo que integran los rectores). El poder central es el que decide y punto.

Es cierto que las universidades forman parte del Estado nacional, pero en lo que respecta a las provincias, el país tiene que darse algún día la discusión por un federalismo en serio que escape al slogan remanido que está siempre en boca de todos los gobernantes, pero que poco se practica.

Es lógico que las políticas integrales para toda la nación emanen del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso, que debieran encargarse de las asimetrías territoriales y de establecer un desarrollo armónico y equitativo. Pero ello no supone una licencia para avasallar las autonomías provinciales ni imponer decisiones que afecten los recursos naturales estratégicos de los estados federales, a quienes pertenecen por precepto constitucional.

Sin dudas, son fundamentales las atribuciones que se le confieren exclusivamente al gobierno nacional que, además, posee todas las herramientas de política macroeconómica, que no es poco, pero con el correr de los años el poder central ha ido acumulando la capacidad de asignación de recursos financieros e inversiones a discreción.

Ya sea la asistencia por la pandemia o por las inclemencias climáticas, la asignación de partidas presupuestarias y extras, la inversión pública, los derechos de exportación de las economías regionales, o diversos fondos producto de la recaudación de impuestos que no se coparticipan, forman parte de las múltiples decisiones que se adoptan en los despachos del poder centralizado.

Dios atiende en Buenos Aires

A pesar de la concentración de facultades y decisiones en el gobierno central, al menos no faltan funcionarios solícitos a quienes se puede recurrir desde las provincias, aun las que no son afines, para peticionar o destrabar una gestión.

Así, gobernadores, intendentes, funcionarios de menor rango o de perfil técnico deben peregrinar frecuentemente a Buenos Aires para golpear las puertas de los despachos oficiales, donde reside el poder decisional.

Este lunes es el turno de Rodolfo Suarez, quien buscará avanzar en proyectos para su estrategia energética, además de participar de una reunión de Juntos por el Cambio en la que se van apurando definiciones, no sin tensiones, para afrontar el año electoral.

El Gobernador va con la idea de incluir las obras hidroeléctricas de Mendoza al plan hidroeléctrico nacional.

Para ello hay que incorporar a la obra de El Baqueano -y eventualmente, a los proyectos de Uspallata y Cerro Negro- a la Resolución 932 de la Secretaría de Energía, para dotar de tarifa a la generación eléctrica, que permitirá que se comercialice en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Es una forma de poner en marcha un círculo virtuoso de generación de recursos para la inversión en otras obras hidroeléctricas, según la ilusión del Gobernador.

Más allá de las disputas casuales o causales y de las banderías políticas, Mendoza debe saber sobreponerse inteligentemente, porque la dependencia de las provincias de la Nación es estructural y el barco es el mismo.