La Mesa de la Producción de Córdoba, grupo empresario que reúne a sectores de la industria, las finanzas, los servicios y el campo de la provincia, emitió este jueves un nuevo comunicado en el que critican la iniciativa del Gobierno nacional de querer modificar la ley orgánica que regula el Ministerio Público Fiscal.

En el texto, la Mesa habla de una "profunda preocupación" por las características del proyecto que, afirman, ataca "los principios básicos de la autonomía" del órgano extra-poder.

Adhieren a la Mesa de la Producción de Córdoba: Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCba), Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC); Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC), Cámara de la Construcción - Delegación Córdoba (Camarco), Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez),  Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), Sociedad Rural Argentina (SRA), y la Unión Industrial de Córdoba (UIC).

El comunicado

"Como representantes empresarios, tenemos un fuerte compromiso con la producción, la generación de empleo y el desarrollo económico y social de nuestra provincia. También nos unen convicciones de fondo, como la defensa activa de las bases constitucionales de nuestro país, en especial, los pilares de la República y el Federalismo.

La iniciativa de senadores del Frente de Todos de modificar la ley orgánica que regula el Ministerio Público Fiscal constituye una profunda preocupación ya que, por las características del proyecto presentado, se atacan los principios básicos de autonomía de este órgano extra-poder cuya misión básica es defender los intereses generales de la sociedad y la actuación de la justicia en defensa de la legalidad.

La modificación de la mayoría agravada para la designación y remoción del Procurador General es manifiestamente anticonstitucional y dejaría librada su elección al Poder Ejecutivo con sólo la mayoría de la mitad más uno de los miembros del Senado. Claramente condiciona la independencia y autonomía que previó la Carta Magna, garantía de que actuará libremente y no condicionado por la mayoría gobernante o una sola fuerza política.

El proyecto en cuestión avanza además proponiendo modificaciones en el régimen disciplinarios de los fiscales, lo que recorta las garantías para que puedan actuar en defensa del interés de la sociedad sin estar sometidos a presiones políticas de ninguna índole. El cambio en la cantidad y composición del Tribunal de Enjuiciamiento va en sentido de condicionar la imparcialidad requerida para evaluar la actuación del Ministerio Público y sus funcionarios. Por último, la modificación en el plazo de desempeño es otra ocasión de influencia del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo según sea su signo político.

La experiencia demuestra que plazos más extensos que cinco años permitirían sortear los condicionamientos de la fuerza gobernante en la selección del Procurador General de la Nación. 

En conclusión, un Procurador dependiente y condicionado por los signos políticos deja totalmente desprotegido el interés general y la defensa de la legalidad, que es lo que la Constitución consagra como garantía de defensa de los ciudadanos.

No podemos dejar de mencionar, por último, la inquietud que generan iniciativas de este tipo, inoportunas en un contexto de gran delicadeza social y económica y que además se imponen sin transitar un debate con amplia participación y consensos genuinos".