Por: Fabricio Moschettoni.

La iniciativa de Garro se denomina “Sistema de Obleas de Seguridad” (SOS) y está basada en que cada motociclista tenga una oblea que sea la condición necesaria para que se le venda nafta, y el hecho de no tenerla significaría una multa de hasta 600 mil pesos y la denuncia por parte de los estacioneros.

El Frente de Todos, una ONG llamada “Las Personas no se Patentan” y los estacioneros ejercieron presión al punto de quedar para este año el debate de la iniciativa que podrían ser un control extra para erradicar motochorros.

El obstáculo mayor de la iniciativa está en los estacioneros que tendrían una labor adicional en el sentido de tener que informar supuestas anomalías, aunque es cierto que cada vez más los delincuentes utilizan motos, -por lo general robadas-, para cometer ilícitos.

El debate es de fondo porque se entremezcla también la iniciativa provincial de utilización de chalecos y cascos como condición para poder adquirir combustibles, y ahí entran a correr fundamentos como libertad, seguridad, orden público y se los lleva al terreno de la constitucionalidad.

Lo cierto es que mientras estas iniciativas se traban en La Plata hay meses en los que se vienen denunciando más de 120 delitos y otros la mitad, mientras que se estima que la amplia mayoría de los casos no se anoticia a las autoridades porque las víctimas consideran que nunca van a recuperar los objetos robados o hurtados y que encima tendrán que ir varias veces a una comisaría con trámites burocráticos.

Además del caso resonante del que fue víctima la diputada Carolina Píparo en la madrugada del 1 de enero de 2021, el fin de semana se registraron en La Plata otros incidentes muy similares en donde el delito en motocicleta cambió su forma de operar, pasando de un par de motochorros a seis o más. O sea que ya se puede caracterizar como un cuadro de acción delictiva en bandas.

En la zona de Parque Saavedra el sábado por la noche tres motos con seis motochorros robaron a punta de pistola a un joven que se trasladaba en su bicicleta poco después de las 20 y en medio del transitar de vecinos que llamaron a la Policía, pero cuando el móvil llegó ya todo había pasado. El domingo a la tarde otros seis delincuentes en motos robaban en Los Hornos varias bicicletas, hecho registrado por la cámara de seguridad de un vecino.

En algunos barrios, y como consecuencia del resonante caso Píparo, los vecinos comienzan a organizarse en torno a los grupos de Whats App de cada cuadra y las alarmas comunitarias en donde prevén horarios para sacar los residuos o incluso los ingresos y egresos de automóviles de sus respectivas cocheras. Incluso ya empezaron a entrelazar comunicaciones en grupos de redes sociales entre vecinos de una cuadra con el de la otra y así elaborar redes de autoprotección ciudadana.

Según instaladores de alarmas comunitarias en los últimos días hubo un incremento notable de consultas de vecinos para asesorarse técnicamente y solicitar presupuesto. Mientras ese sistema de protección vecinal sigue siendo muy preferido entre las barriadas sobre todo por su bajo costo ya que solo necesita una inversión inicial, legisladores como Guillermo Escudero, referente del Frente de Todos y ex secretario de Seguridad de la gestión del ex intendente Pablo Bruera, se oponen frontalmente a su aplicación.

El accionar de motochorros no afecta solamente a La Plata, porque por ejemplo sigue siendo un problema central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque empezaron a reducirlo drásticamente a partir de la puesta en práctica de un mapa del delito.

De todos modos, en CABA durante 2019 se registraron 9.359 ataques de motochorros, un 17% ciento menos que el año 2018 según datos del Gobierno porteño, quienes dicen que si bien hay 25 delitos por días en la actualidad la tendencia es a controlarlos a partir de la reinvención de técnicas para reducirlos.

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Sin embargo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un territorio de 200 kilómetros cuadrados para ser supervisado, una policía y sistema judicial propio, contra 940 km de superficie de La Plata, que además no cuenta con autonomía judicial ni policial para operar.

El tema del accionar de motochorros no solo se reduce al ámbito metropolitano, y por eso en mayo del año pasado la Legislatura de Tucumán aprobó un proyecto en el que se prohíbe el tránsito de dos adultos en una misma moto entre otras cuestiones severas.

El gobernador kirchnerista Juan Manzur habla de “motoarrebatos” y la iniciativa fue aprobada en la Legislatura de esa provincia por 36 votos a 6 con el apoyo del bloque peronista y también de Fuerza Republicana.

El debate fue muy fuerte y mientras los detractores de la medida hablaban de inconstitucionalidad, quienes la impulsan sostienen que el 60% de los delitos contra la propiedad en esa provincia son cometidos por motochorros.

El proyecto de Manzur contó con el apoyo de la Legislatura y también del Poder Judicial, y solo se modificó el texto definitivo con respecto al oficial en cuanto a dejar exentos de contralor de venta de combustibles a los estacioneros luego de un fuerte pedido del sector.

Sin embargo, la norma prevé fuertes restricciones establecidas como por ejemplo que si una moto transporta acompañantes antes se debe informar a la Policía los motivos, se faculta a la fuerza de seguridad para hacer controles aleatorios, se sanciona seriamente el conducir en contramano, se permite intervención de fuerzas federales para cooperar, entre otras cuestiones previstas en la ley 9.257 según se detalla en el portal Intucumán.

Provincia de Buenos Aires al rojo

Según datos del ministerio de Seguridad bonaerense, entre abril y agosto del 2020, en el momento de mayores restricciones para circular como producto de las medidas de cuarentena por coronavirus, los robos violentos protagonizados por motochorros aumentaron 25.3% con respecto al año anterior.

Por ejemplo, el actual ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, viene considerando desde hace tiempo que los motochorros son un problema central en la inseguridad, tal es así que en mayo pasado se enfrentó con el intendente de Zárate, Osvaldo Caffaro, -también del Frente de Todos-, porque no le permitió acceder a una dependencia policial en el marco de una persecución para dar con un motochorro, e incluso en el 2014 cuando se debatían reformas al Código Procesal Penal, decía que “hoy los motochorros tienen más posibilidades de estar en un programa de baile que en la cárcel”.

Si bien pasaron seis años de esa afirmación de Berni, en la actualidad sigue ocurriendo lo mismo.

En septiembre último, la preocupación del accionar de motochorros en toda la provincia hizo que Berni desde Escobar presentara para ese distrito a una división denominada Grupo de Prevención Motorizada, conformada por 16 miembros entrenados para actuar, y tienen como base Ruta 26 y colectora oeste.

Si no se toma a los motochorros como una cuestión de Estado, la situación va a empeorar

Los operativos sobre el accionar de motochorros debe ser más intenso y la tendencia en todos lados es a un recrudecimiento de violencia en la forma de actuar de estos delincuentes. 

Hay claramente una incidencia notable del narcotráfico alentando la presencia de motochorros, no solo para distraer esfuerzos en la planificación de seguridad, sino porque son un formato rápido de crear desorden y aparente caos.

La creación de patrullas especiales para enfrentarlos y una legislación moderna en todos los niveles del Estado pueden ser el camino para reducir el flagelo.