"El camino no es congelar precios ni amenazar empresas. Tenemos que bajar la inflación entre todos y eso quiere decir equilibrio fiscal y monetario, con un estado ordenado y no destruir lo que tiene y todavía funciona”, afirmó Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Coordinadora de industrias de Productos Alimenticios (COPAL).

Una vez más, los empresarios alimenticios, responsables del incremento de los precios, volvieron a demostrar que están dispuestos a seguir con su política de remarcación constante de bebidas, y alimentos. Y lo hicieron pasando a la acción, ya que están enviando listas de precios con aumentos en productos como arroz, pastas, aguas gaseosas, entre otros. Los incrementos van del 7 al 15%.

Funes de Rioja, que además también pidió que "el sector privado pueda desarrollarse sin burocracia", es decir que los dejen hacer lo que quieran, hizo estas declaraciones en la previa del lanzamiento, que se hará en diciembre del plan "Precios Justos" y está previsto que dure 120 días.

A pesar de que Argentina es uno de los mayores productores de alimentos a nivel mundial, el acceso a una alimentación saludable y de calidad cada vez está más alejado para miles de hogares. La responsabilidad le cabe al empresariado, cuya única preocupación es maximizar sus ganancias, pero también al Gobierno nacional que en lo que va de su gestión ha lanzado varios planes como Precios Cuidados, Cortes Cuidados, Súper Cerca, entre otros, y que han resultado impotentes.

Solo basta recorrer los supermercados para darse cuenta de que los precios no se respetan o que directamente los productos no están. Tanto empresarios como Gobierno utilizan la inflación como una manera de ajustar salarios, ingresos y ganancias. Algo que cada vez afecta más a quienes vivien de su salario o ingresos como haberes jubilatarios.

La pelea contra la remarcación permanente debe estar unida a la defensa del poder de compra del salario y, más en general, de las condiciones de vida de la clase trabajadora ocupada y desocupada. Por eso es necesario un aumento de emergencia para recuperar lo perdido para jubilados, ocupados y programas sociales, y que ningún aumento salarial esté por debajo de la canasta básica que según el Indec es de $ 134.778, pero según la Junta Interna ATE-Indec es de $ $ 204.924.