Norma Mores trabaja hace 24 años vinculada al sector gastronómico. Desde 2017 es secretaria de Actas y Afiliaciones de la Unión de Trabajadores Hoteleras, del Turismo y Gastronómico (Uthgra) de Rosario. Hace unos dos años que viene sufriendo acoso laboral. El pasado 13 de enero sufrió violencia física y realizó la correspondiente denuncia.

El juez Néstor García dictó una prohibición de acercamiento a integrantes de la comisión ejecutiva local: Sergio Ricupero, Martín Coronel , Walter Fiore.

La decisión del secretario general Mario Di Renzo fue darle una licencia a Mores y apelar la medida judicial. La sindicalista recibió la notificación en el gremio. “Me mostraron una copia del telegrama, a mi no me había llegado y desde el 11 de marzo no fui a trabajar hasta el pasado miércoles 14. Me presenté con una escribana. El lunes de esa semana notifiqué que iba a concurrir a mi puesto de trabajo sobre todo por la reorganización de horarios”, explicó la mujer de 44 años a El Ciudadano.

Las cosas no fueron por buen camino

Norma, tras ausentarse de su puesto de trabajo por razones ajenas a su voluntad, volvió el miércoles 14. Llegó en su horario habitual, que es de las 10 hasta las 15. Preguntó al secretario Adjunto si había algunos de los implicados en respetar la perimetral y éste le respondió con una negativa. Norma trabaja en la planta baja, prácticamente en la mesa de entrada, y los cuatro compañeros interpelados por la Justicia en el segundo piso, es decir que en su salida obligada deben pasar cerca de Norma. Sin embargo, la mujer vio salir al secretario de Cultura, Walter Fiore, apenas una hora después de haber tomado su puesto en mesa de entrada. “En estos momentos en el sindicato hay unas 15 personas trabajando de forma presencial, con lo que era bastante sencillo saber quién ingresó y no a su puesto de trabajo”, reprochó Norma. “El secretario alegó que había ido al médico”, ironizó.

El jueves el escenario se repitió. Mores le explicó al secretario Adjunto que su obligación sería llamar a la policía ya que no estaría cumpliendo la perimetral. El viernes Fiore no apareció por el lugar.

El secretario General del gremio pidió ante el juez que Norma trabaje dos días, martes y jueves, para no interferir con las demás tareas que implican a los cuatro hombres acusados de maltrato y abuso, uno de ellos por violencia física.

Mores se niega a ese pedido. Quiere trabajar como corresponde de lunes a viernes y en su horario habitual.

No puede realizar sus tareas

Norma no puede ejercer su labor: hacer afiliaciones. Dice que le quitaron las claves para acceder al sistema informático. El viernes, elevó una nota al secretario General pidiendo por la reincorporación de esos datos esenciales para el cumplimiento de su labor y la presentará este lunes ante el Tribunal provincial en lo Civil y Comercial.

El jueves 22 audiencia imputativa

El próximo jueves, en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se llevará a cabo la audiencia imputativa por violencia laboral contra Sergio Ricupero.

El 26 de febrero comenzó a circular por las redes sociales el audio que daba cuenta del ataque que había recibido Norma. Claramente, se escucha al secretario Gremial –Ricúpero– amenazándola de muerte y, por los sonidos se intuye que se le abalanza y le pega. “Zurda de mierda, hija de puta ¿estás grabando con esto? Te voy a matar. Andá a denunciarme”, se escucha en el audio que logró grabar Mores ante la persistencia de las agresiones que se transformaron en maltratos físicos.

El denunciado por Mores, Ricúpero, rechazó las acusaciones de su compañera en el gremio al ser consultado para una nota previa por El Ciudadano. Fue en marzo último, cuando permanecía aislado por contagio de covid-19. “Hay situaciones internas del sindicato que organizaciones que me atacaron desconocen”, dijo entonces. Y abundó en la idea de una “persecución” contra él: “Es un armado político y mediático, esto lo resolverá la Justicia y la cautelar (por la perimetral) es absurda”. El dirigente agregó que se trata de “un ataque inventado” y que no entiende “por qué algunas instituciones quieren martirizar a una persona que de hecho tiene varias denuncias por malos tratos”.