Por: Marcelo Di Bari

La necesidad de reordenar las cuentas fiscales, disminuir el monto de subsidios pagados por el Estado y cumplir las promesas de reducción del déficit formuladas al Fondo Monetario Internacional son los principales motivos que empujaron al gobierno a llamar a las audiencias públicas que comenzaron este martes para incrementar los precios del gas y la electricidad. Con esta iniciativa, el gobierno apuesta a lograr un ahorro de 0,6% del PBI (unos $ 400 mil millones a lo largo del año), aunque la situación global en materia de energía desde el estallido de la guerra en Ucrania pone un manto de incertidumbre sobre ese objetivo.

La decisión de poner en marcha estos aumentos fue apurada al calor de los números de los primeros meses del año. Según un estudio del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, sólo entre enero y marzo el Estado pagó subsidios en el área energética por $ 305.428 millones, cifra que superó en 190% lo gastado en el mismo período del año anterior. El 88% de ese monto ($ 265.323 millones) fue para Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista.

De acuerdo a los datos aportados por ese instituto, el costo promedio de la generación de energía eléctrica creció hasta marzo un 60,7% interanual. En promedio, los usuarios pagan sólo el 41% de lo que cuesta la energía: el resto lo absorbe el Estado. Así y todo, la proporción creció sensiblemente en los últimos meses luego de que los grandes usuarios, entre ellos el sector industrial, recibieran fuertes aumentos: hasta julio del año pasado la demanda sólo cubría el 28,5% de los costos.

En el caso del gas, el panorama es parecido. De la documentación que aportó la Secretaría de Energía de cara a las audiencias surge que el costo total del gas (producción, transporte y distribución) para abastecer la demanda prioritaria será en 2022 de $ 364 mil millones. De ese monto, el Estado absorbe el 75,6% (unos $ 275 mil millones). Puesto en valores internacionales, mientras el costo del sistema sería de 5,76 dólares por millón de BTU, los usuarios sólo pagan 1,41 dólares.

De ahí la búsqueda de “medidas para mejorar la eficiencia, equidad y sostenibilidad del sector energético mediante acciones destinadas mejorar el impacto de los subsidios que otorga el gobierno nacional a los sectores más vulnerados de la ciudadanía y a reducir el costo de la energía”, según prometió el gobierno al FMI en el programa de apoyo financiero suscripto en marzo. Para las autoridades, lo mejor pasa por una segmentación de los clientes que permita identificar quiénes merecen ser subsidiados y quiénes no.

Por eso mismo, a diferencia de otras ocasiones, esta vez se hablará, lisa y llanamente, de la supresión de subsidios a los sectores de mayor capacidad de pago. De acuerdo a estimaciones preliminares, esta fracción de la población podría ver triplicados los valores que paga actualmente. Para el resto, se definió un régimen de ajuste anual según el coeficiente de variación salarial del año anterior: las tarifas recogerían el 80% de ese incremento, mientras que a los beneficiarios de tarifas sociales sólo se les aplicaría el 40%. A esos porcentajes se les descontarán los incrementos ya habilitados en marzo de este año.

Claro que la decisión de cuál será la parte de la población que perderá su derecho al subsidio promete traer polémicas. Para su determinación se combinaron criterios geográficos (el valor de los inmuebles en distintos barrios del AMBA, territorio donde se concentra el grueso de los beneficiarios) y socioeconómicos (ingresos y propiedades). Pero la Secretaría de Energía admitió que “se ha logrado identificar y asignar características al 59,4% de los suministros en el caso de energía eléctrica y el 69% en el caso del gas para el total nacional, habiendo jurisdicciones donde este valor se reduce en la medida que la información suministrada no permite una identificación correcta de los titulares”.