Los funcionarios informaron sobre algunas modificaciones al pliego, como las 50 paradas con refugio por año a lo largo de los primeros 12 años de concesión, es decir de 600 en total, en barrios alejados del centro; la ampliación a 75 los minutos disponibles en horario diurno y a 120 en el nocturno y una cláusula antimonopólica.

Asimismo, descartaron la modificación del plazo de concesión (20 años con opción de prórroga de cinco más dos años), la división del pliego en dos para separar las obras de infraestructura del servicio de transporte y la inclusión de una línea municipal testigo.

Sí bien la cláusula antimonopólica establece que "constituye condición esencial para el funcionamiento del SITU (Sistema Integrado de Transporte Urbano) que cada grupo de líneas sea operado por diferentes sujetos de derecho”, y que “esa condición deberá mantenerse desde el principio hasta el final del contrato”, fue cuestionada por el edil Amalfitano y su compañera de bancada María José Sánchez.

“El grupo de líneas 1 tiene la exclusividad del 53% del SITU, entendemos que eso configura una posición dominante dentro de la UTE”, sostuvieron.

Por su parte, el titular del área de Legal y Técnica, Mauro Martinelli, respondió que “lo que dicen es correcto en cuanto a la participación, pero eso no implica posición dominante dentro de la UTE, en virtud de que está establecido así desde el vamos, después las participaciones pueden ir variando a medida que vaya evolucionando el tema. Así que no, en principio no”.

Bonifatti intervino para agregar que “tener más del 50% de la participación de la UTE genera más obligaciones y más derechos a la hora del reparto económico, pero la posición dominante la tiene el municipio, que es el poder concedente y, como tal, fija las obligaciones y establece los derechos”.

La respuesta de los funcionarios al tema antimonopólica no arrojó claridad a la cuestión, que se oscureció aún más, poniendo al secretario de Gobierno al borde de un ataque de nervios, cuando Amalfitano repreguntó al subsecretario de Legal y Técnica:

“Santiago (Bonifatti) dijo: "ya veremos sí se presentan oferentes con causas abiertas por defraudación al Estado y no es cosa juzgada", ¿cuál sería el criterio, por lo menos desde el punto de vista legal, ¿cuál es tu mirada?”.

Martinelli se limitó a responder: “Básicamente hay que esperar a lo que dice la comisión de evaluación, y sí nos corren vistas con todas las constancias, ahí opinar”.

El titular de Gobierno volvió a intervenir exaltado, e incómodo por los cuestionamientos ante su falta de respuestas concretas, que dejan entrever la posibilidad de que pueda participar de la licitación el empresario Juan María Inza Decaux, imputado en la causa “choferes fantasmas”, como coautor del delito de «defraudación a la administración pública», causa que recientemente fue elevada a juicio oral, por disposición del Juzgado Federal de Mar del Plata Nº3.

“Sé que la pregunta no es para mí, pero no son preguntas legales, son preguntas del sistema y por eso las responde Dante y las respondo yo. Hay una mirada de decisión política sobre el sistema de transporte público que hemos elegido, y no hay una diferencia de miradas”, sostuvo Bonifatti, sembrando aún más dudas en la atmósfera del recinto, donde las sospechas sobre la posible presentación como oferente del empresario judicializado parecieran tomar cuerpo.