Obras Sociales no costean el test de COVID a sus afiliados y se sobrecarga al hospital público

Obras Sociales no costean el test de COVID a sus afiliados y se sobrecarga al hospital público

El ministerio de Salud de la Nación en un comunicado reiteró días atrás que los agentes del Seguro de Salud, Obras Sociales y entidades de Medicina Prepaga, deben costear entre sus obligaciones prestacionales la cobertura asistencial de tratamiento frente a casos confirmados o sospechosos de COVID-19

 

La Superintendencia de Servicios de Salud reiteró este llamado a las prestadoras respecto de “la obligación de cubrir en todo el país la totalidad de los tratamientos que requieran los pacientes con casos sospechosos o confirmados de haber contraído la enfermedad. Esta obligación incluye, la realización de tests diagnósticos (PCR y/u otros), traslados, medidas de aislamiento, internaciones, etc”.

Las Resoluciones Nº 326/2020 – SALUD y 1095/2020 – SSSALUD, establecen los módulos prestacionales de atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 y los valores de reintegro a que podrán acceder los Agentes del Seguro de Salud que los brinden.

A pesar de ello las consultas realizadas desde este medio a los laboratorios y clínicas que operan en Río Grande, con los test de detección que van de valores que oscilan entre los 5 a 12 mil pesos, aseguran que ninguna obra social posee convenio a fin de brindar tal respuesta a sus afiliados.

Los laboratorios consultados refirieron que a pesar de no contar con una colegiatura de bioquímicos y laboratoristas, se elevó una propuesta a las obras sociales para plantear una red de cobertura a los afiliados, pero no hubo respuesta alguna desde la medicina prepaga.

A la par de ello, prestadoras de salud como Swiss Medical, respondieron a la requisitoria planteando poseer “convenio con el Hospital Regional Río Grande”, centro de salud de acceso público sin necesidad de convenio alguno, recargando el sistema público de demanda ante lo dificultoso de costear los test por parte de los beneficiarios como meros particulares en el privado.

Respuestas desalentadoras

A esa situación dos fueron los planteos totalmente desalentadores para el eventual reclamo de los beneficiarios de las prestadoras.

El primero el administrativo a través de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación que posee un abonado telefónico en el que no se obtienen respuestas, así como igual desde su casilla de mail.

El segundo el reclamo legal, vía carta documento, en la cual los costos y plazos de demanda y respuesta, terminan tornando la situación inviable económicamente para el reclamante, así como abstracta al momento de plantear un test que legalmente podría resolverse una vez pasado el tiempo de incubación de la eventual patología.

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