El debate está hace tiempo sobre la mesa, pero la dinámica electoral lo aceleró. Este lunes, Alberto Fernández firmó un decreto que, a través de distintas políticas dirigidas al sector privado, promete “convertir” los planes sociales en “empleo genuino”. Sin embargo, y si bien la medida fue saludada por los movimientos sociales oficialistas, sus dirigentes la consideraron de alcance limitado y la compararon con otras experiencias fallidas del pasado, como el plan Empalme, impulsado durante la gestión de Mauricio Macri.

“Es una iniciativa para el sector de compañeros que pueden recuperar empleabilidad en el sector tradicional del mercado, pero no genera cambios estructurales y trabaja sobre un universo muy pequeño”, señaló a LA NACION el secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Gildo Onorato.

Para el dirigente del Movimiento Evita, el decreto presidencial demuestra “la predisposición del Gobierno para abordar con distintas iniciativas los problemas de la desigualdad”, al tiempo que aclara que “la gran apuesta, de todas formas, tiene que ser ‘el blanqueo’ de la economía popular”. Es que desde las organizaciones sostienen que todo aquel beneficiario de un plan Potenciar Trabajo –casi 1 millón de personas- deber ser considero un trabajador como cualquier otro y el Estado garantizarle las condiciones laborales necesarias para su emprendimiento.

En ese sentido, Onorato enumeró tres puntos a su entender fundamentales para “fortalecer” a ese sector: 1) el fomento del crédito no bancario para la economía popular, una política que el exministro de Desarrollo Social y candidato, Daniel Arroyo, se comprometió a impulsar si consigue llegar al Congreso; 2) la ampliación de la cobertura del monotributo social, “gratis por dos años”, para el universo de 3 millones de personas inscriptas en el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP) y 3) el fortalecimiento de los circuitos de comercialización “para ganar escala productiva”.

Por su parte, las organizaciones sociales de izquierda también salieron a dar su opinión acerca de la resolución oficial. El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue todavía más allá en las críticas al Gobierno: sostuvo ante LA NACION que el decreto firmado por Fernández es “inconducente”. Y lo calificó de “demagógico” ya que “no crea ni un solo puesto de trabajo”.

“No hay posibilidad de generar empleo por los problemas profundos que tiene la economía”, precisó Belliboni, quien a su vez consideró que “si la situación económica no cambia, ningún empresario va a tomar un trabajador más, porque no hay una reactivación que le permita una demanda”. Y puso énfasis en las consecuencias de la caída del poder adquisitivo: “Con salarios tan bajos, sin poder de consumo, tampoco vas a conseguir que la gente vaya a laburar”.

La iniciativa del Gobierno, oficializada este martes en el Boletín Oficial, está directamente vinculada a un proyecto de ley presentado días atrás por Sergio Massa. “Son medidas complementarias. El DNU abre paso a la Ley”, afirmaron a LA NACION desde el entorno del presidente de la Cámara de Diputados. Según indica la letra de esa normativa, que contiene 22 artículos, el programa denominado “Un puente al empleo” tiene el fin de “transformar, de manera gradual y con un criterio federal”, a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en “trabajo formal de calidad”.

Por Pedro Lacour