“La prohibición de despidos dejará de regir el 1 de enero y el recargo indemnizatorio vigente para las cesantías que de todos modos se producen se reducirá a partir de ese día de manera gradual hasta desaparecer antes de mitad de año”. Así lo anunció esta mañana Ámbito Financiero y luego otros medios.

Según el periodista Mariano Martín, la decisión fue planteada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, junto a Martín Guzmán (Economía) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), en una reunión con dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). El dato fue confirmado luego por funcionarios.

La “prohibición de despidos” había sido fijada por el gobierno nacional en marzo de 2020, como parte de las medidas de “emergencia económica” ante el inicio de la pandemia. Junto con la “doble indemnización”, dispuesta meses antes, era un factor que desalentaba a las empresas a echar al menos a sus trabajadoras y trabajadores efectivos.

Tengamos en cuenta que en la Argentina hay millones que trabajan bajo formas de contratación precarias, desde los tercerizados hasta los monotributistas y ni hablar de las y los informales. Por eso durante 2020 se perdieron más de 3 millones de puestos de trabajo. El caso más emblemático fue el de Techint, que a poco de conocer la medida oficial dejó en la calle 1450 contratados. Una provocación de Rocca que le ganó la pulseada al Gobierno.

Sin embargo, la medida elemental evitó que un importante sector de la clase trabajadora quedara en la calle. Era una forma, también, de contener posibles conflictos. A cambio de eso las empresas, pequeñas pero también multinacionales, recibieron todo tipo de subsidios.

Pero con la desaceleración de contagios en 2021, las patronales comenzaron a presionar para que se levanten ambas resoluciones. Incluso comenzaron una campaña para cambiar el actual régimen de indemnizaciones por el “modelo Uocra” que tiene un fondo de cese laboral. El inimputable jefe de la Unión Industrial, Funes de Rioja, dijo que quería tener derecho a “descontratar” empleados cuando quisiera. Decilo como quieras.

El objetivo y el momento de la medida no son casuales. Se anunciará en medio de la negociación con el FMI, que plantea un ajuste y un fomento de negocios que permitan generar dólares para pagar la deuda. En ese marco, el Gobierno accede al pedido empresario de despejar el camino para poder despedir con más facilidad. Una de las estrategias de las patronales es atacar a los sectores que todavía tienen derechos, para utilizar otras formas de contratación que abaratan el despido o hacen a los trabajadores directamente descartables. Como decíamos antes: el monotributismo, la tercerización, los contratos precarios.

El Gobierno además intenta mostrar una "vuelta a la normalidad", donde ahora sí viene "el mundo que queremos" y ya no hacen falta "políticas de emergencia". Pero lo hace justamente en un contexto “peligroso”. El aumento de casos de Covid con las nuevas variantes pone en duda cuánto durará el “rebote” de la economía. La desocupación bajó de su pico de 2020 pero sigue cercana al 10%. En muchos países se teme que nuevos brotes de la pandemia golpeen sectores de la economía y sabemos sobre quienes descargan su crisis los empresarios.

El Frente de Izquierda viene planteando que la CGT, la CTA y los sindicatos deben rechazar esta medida así como cualquier ataque flexibilizador, reclamando además iguales derechos para las y los precarios.