"En un mundo en donde reina el peronismo, o pensás como ellos o no lo toleran", dijo a LA NACION Paz Dávalos, una de las más de 400 personas afectadas por los despidos en el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), que escalan desde hace medio año, e involucran, en su mayoría, a empleados incorporados durante la época del macrismo, entre 2015 y 2019.

Según fuentes gremiales vinculadas a la Confederación General del Trabajo (CGT), en lo que va de 2021 se sumaron 177 despidos a los 256 denunciados el año pasado. "Todos sin justa causa, que están prohibidos por decreto presidencial", sostuvieron, en relación al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 329/20, que fue renovado por última vez a fines de enero, mediante la resolución 39/2021, y extendido hasta abril. El decreto impide que se efectúen despidos "sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor".

"Los únicos compañeros que conservan su cargo son los peronistas. Todos los que entraron con el gobierno de Carlos Menem, que son muchísimos", afirmó Dávalos, de 47 años, quien, hasta octubre del año pasado, trabajaba en la sede del PAMI en Villa la Angostura. Había ingresado en 2017. En junio de 2020, le quitaron la jefatura de la agencia local y le bajaron su categoría de empleada.

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"Primero me denigraron y seguí cumpliendo. Me sacaron la jefatura y la categoría, no siendo legal, y me bajaron el sueldo de $90.000 a $50.000. Me callé y acepté, porque es como se maneja la política", indicó la mujer, y agregó: "Cuando entra el nuevo jefe, me adelanta que me van a echar. Me dijo: 'Te están buscando chanchullos para echarte'. Así fue".

Su reemplazante pasó a ser el entonces concejal del Frente de Todos y militante de La Cámpora Alejo Silva Grecchi. "El 80% del PAMI es peronista. Considero que el despido tuvo que ver con una cuestión ideológica. Jamás estuve en contra de nada y soy dócil y responsable con respecto al trabajo. Nunca tuve ninguna falta", insistió Dávalos, quien estuvo tres meses desempleada, tras ser echada, y ahora trabaja en turismo. En la oficina que tenía a cargo, quedaron activas sus tres compañeras de trabajo, que habían sido incorporadas durante el menemismo, y tomó el mando el dirigente oficialista.

Fuentes cercanas a la titular del PAMI, Luana Volnovich, negaron que en su gestión se haya despedido aquella cantidad de empleados, y afirmaron que solo se trató de un "reemplazo", por el cambio de Gobierno. En diálogo con LA NACION, indicaron: "Hicimos un cambio de gestión, para lo cual se reemplazó, como es habitual, a los responsables políticos de gestión de las oficinas de todo el país por integrantes de la nueva gestión".

Casi por contradicción, agregaron que "los únicos despidos que se han hecho derivan de investigaciones que se han realizado de actividades que atentan contra el patrimonio del instituto", sin indicar cuáles fueron aquellas actividades que alteraron el orden de la obra social de jubilados y pensionados.

Según las fuentes gremiales, "detrás de cada desvinculación, viene un estado de nombramiento". Los datos que registraron indican que en diciembre de 2019 el PAMI tenía 12.848 empleados y, a pesar de los despidos, para enero de 2021 la planta contaba con 13.043 personas. "La variación es muy poca. Sacan para poner", indicaron.

Agencias vacías

Sin embargo, hasta el momento, el reemplazo del personal no se organizó para suplir las vacantes, y hay agencias unipersonales del interior del país que permanecen cerradas. "Los afiliados del pueblo están a la deriva. Este gobierno no toma conciencia de la situación, Los pueblos acá son chicos y la agencia más cercana queda a 140 kilómetros, en Villa Mercedes, con colectivos solamente lunes, miércoles y viernes", se lamentó la puntana María de los Ángeles Castañeda, de 48 años, que fue despedida en noviembre del año pasado, siendo la única persona a cargo de las agencias de Buena Esperanza y Justo Daract, al este de la provincia.

"La agencia hoy por hoy quedó cerrada. Tienen que venir cada 15 días desde la sede de San Luis a atender al público a los afiliados, que son más de mil", detalló a LA NACION Castañeda, y agregó: "Una persona con una jubilación mínima no puede pagar un remis por $5000 para ir a la ciudad".

El despido de Castañeda llegó de manera repentina a través de una carta documento, el 6 de noviembre de 2020, que advertía que había sido despedida una semana antes, "sin invocación de causa". Nunca nadie se comunicó con ella por otro medio, según afirma. "Yo respondí la carta documento diciendo que me parecía injusto el despido y que era una persecución política. Me contestaron en tono de amenaza, diciendo que no iniciara ningún tipo de acciones legales", contó la mujer, quien avanza en recursos judiciales junto a un grupo de personas también despedidas, de distintas partes del país. La respuesta del PAMI -firmada por la Dra. Cecilia Soiza, subgerente de Asesoramiento Jurídico y Relaciones Laborales- a la cual accedió LA NACION, decía: "Lo insto a abstenerse de continuar con su actitud ilícita y engañosa tendiente a prefabricar una situación inexistente, con fines de obtener beneficios legítimos".

"Ni siquiera pude contactarme porque no permiten que accedamos a los directivos", agregó Castañeda. La mujer, desempleada desde entonces, manifestó estar preocupada por si situación económica, ya que debe mantener a dos hijas universitarias y a su madre, jubilada, y adjudicó su despido a una cuestión ideológica, al igual que su colega del sur: "Es claramente una persecución política porque yo no tengo ni siquiera faltas sin aviso, no falte nunca ni siquiera por enfermedad. Mi legajo está impecable, pero ellos lo toman como que entré en la gestión anterior, que no soy de La Cámpora".

Los despidos en San Luis también hicieron eco al norte de la provincia que gobierna Alberto Rodríguez Saá. En octubre del año pasado, Julio Garavaglia, de 48 años, fue desplazado de la agencia de Concarán, tras haberse incorporado al PAMI en mayo de 2016. "Ingresé como jefe de agencia, administrativo, porque la jefa anterior, que había ingresado con la gestión de Menem, se había jubilado. No crearon ningún puesto para nombrarme a mí", sostuvo Garavaglia, que se encargó, solo, de la oficina de su localidad durante la pandemia, dada la mayoría de edad de sus dos compañeros de trabajo. Allí se atendían 2500 afiliados, los cuales quedaron sin servicio tras el despido. "Ahora, abren la oficina de tanto en tanto. Convocaron a la otra señora y empezó a abrir la agencia algunos días", agregó.

De nuevo, Garavaglia considera que la decisión del PAMI carga intereses políticos. "No hay dudas de que mi despido se basa en fundamentos políticos. En el PAMI todos los nombramientos son por decisiones políticas del gobierno de turno. Nunca escuché que se hayan abierto concursos para nombramientos", explicó el puntano, quien solía militar para Cambiemos, pero advirtió: "Nunca hice política en la institución. Lo corroboran todos los médicos y prestadores que hoy se solidarizan conmigo".

Por: Inés Beato Vassolo