Por: Yanina Soria.

Durante los primeros tres días de los 14 que durará la cuarentena estricta en 102 localidades de seis departamentos de la provincia de Córdoba, fueron creciendo las quejas que el gobierno de Juan Schiaretti recibió por parte de los municipios afectados.

Con mayor exposición pública de aquellos que no son peronistas, pero con una preocupación generalizada también entre los de Hacemos por Córdoba, los intendentes le hicieron llegar, de distintas maneras, las preocupaciones frente a las nuevas restricciones que impone el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

El móvil de los planteos es el mismo en todos los casos: el impacto de esas medidas en las economías locales que ya vienen lastimadas tras casi siete meses de pandemia. Por eso, solicitan levantar las prohibiciones que recaen sobre algunos rubros como el de los gastronómicos, los gimnasios y natatorios, entre otros.

Si bien hasta ayer ningún funcionario se había referido públicamente al asunto, hacia adentro, la Provincia deriva el asunto y responde a todos lo mismo: los reproches y reclamos deben ser presentados a la Nación, que es la que dispuso el nuevo esquema de cuarentena temporal y focalizada.

En esa línea se expresó el gobernador Schiaretti cuando en la conferencia de prensa del sábado pasado, dejó en claro que las medidas (antipáticas) para los cordobeses eran las impartidas por el gobierno de Alberto Fernández a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.

Aun así, algunos alcaldes insisten en pedirle al titular del Ejecutivo provincial que interceda frente a la Nación para tratar de morigerar el impacto negativo de las nuevas restricciones, a lo que la Provincia alega: lo correcto es dirigirse a la Jefatura de Gabinete que es la que puede otorgar las flexibilizaciones, incluso, apuntan que intendentes de otras provincias ya iniciaron las gestiones.

Lo cierto es que más allá de estos formalismos, en el gobierno de Córdoba hay honda preocupación no por el reclamo político que leen en algunos de los intendentes de la oposición, sino porque saben que el margen social para sostener este nuevo paquete de prohibiciones se acabó. Y los primeros receptores y contenedores de ese malestar son justamente los municipios, por lo que, si los propios jefes comunales no pueden sostener la medida, en la práctica, será de muy difícil cumplimiento entonces. Y, por ende, la disposición de 14 días de ASPO fundado en un criterio epidemiológico, habrá fracasado con las posibles consecuencias sobre el sistema sanitario.

Así de complejo trazan el escenario desde el Panal donde, por ahora, sostendrán el DNU del presidente y no avanzarán, como otros gobernadores, en desconocerlo.

 

Planteos

Las primeras voces disidentes con las medidas dispuestas en el DNU se sintieron por parte del intendente radical de Río Tercero, Marcos Ferrer, quien además cuestionó al gobernador Schiaretti por no abrir el diálogo con los jefes de los gobiernos locales que son “quienes conocemos el territorio”.

Por su parte, el macrista Eduardo “Gato” Romero bregó por la apertura del polo gastronómico de Villa Allende y le pidió al mandatario provincial que autorice la apertura de bares y restaurantes.

De igual modo hubo quejas sobre las restricciones comerciales por parte de los jefes comunales de ciudades como Villa Giardino o La Cumbre, también de Huerta Grande, La Falda, Jesús María. Y se sumó Mendiolaza donde su intendente, Daniel Salibi, le pidió directamente al presidente Alberto Fernández que habilite las reuniones familiares para el día de la Madre.

También desde las Sierras Chicas, otro de los que se rebeló frente a las disposiciones fue el jefe municipal de Agua de Oro, Orlando Belli, quien públicamente avisó que no cerrará los establecimientos gastronómicos de su localidad.