Resulta lastimoso que la Argentina sea un campo de pruebas de las políticas neoliberales, porque detrás de las conclusiones teóricas, miles de vidas pierden su futuro. Pero lo cierto es que el guarismo que en la semana arrojó el Indec, relativo a la impactante suba de 6,5 puntos porcentuales de la pobreza en el pandémico y cuarentenado 2020, prácticamente igualó la suba del 6,3 por ciento que se produjo durante el macrismo en 2018, año en el que se firmó el acuerdo que subordinaba la política económica a las directivas del FMI. Es decir, el efecto en la pobreza argentina de una pandemia que azotó el mercado interno y la economía mundial, fue prácticamente similar al que produjeron las políticas diseñadas por el FMI y aplicadas por la alianza Cambiemos.

En efecto, luego de que en los primeros dos años macristas se aplicara la denominada política de “gradualismo”, que en su reciente libro Macri definió como “un nombre apropiado para disimular que no teníamos la capacidad política para hacer algo más rápido”, para 2018 y tras el acuerdo con el FMI la alianza Cambiemos le añadió a las dos herramientas que había aplicado desde sus inicios para favorecer al capital concentrado, -la liberalización en materia de controles estatales, (mercado cambiario, tarifas, retenciones, importaciones, etc.) y la rebaja impositiva para las clases altas-, una tercera como la reducción del déficit fiscal primario –pasó de 3,8 a 2,3 puntos del PBI-, un combo que produjo que la pobreza subiera de un 25,7 por ciento en 2017 a un 32 por ciento en 2018. Y si en 2019 no subió más allá de 3,5 puntos porcentuales, para legarle al actual gobierno un 35,5 de la población sumergida en la pobreza, fue porque la misma campaña electoral llevó a Macri reimponer algunas políticas intervencionistas, como la Ley de Abastecimiento para regular el costo de las naftas o congelar subas tarifarias y de créditos hipotecarios.

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El peso de la intervención estatal

La intervención estatal permite reducir los niveles de pobreza, mientras que su ausencia los multiplica. Es la conclusión a la que puede arribarse luego de analizar lo acontecido en los últimos vente años. En efecto según el Indec reformulado por el macrismo, la pobreza llegó a un 59 por ciento de la población en 2003, guarismo que comenzó a reducirse en paralelo con el mayor gasto e inversión pública en el kirchnerismo. Si bien es real que la casi duplicación del PBI en esos años tuvo un rol fundamental, no menos cierto es que la mayor erogación estatal hacia la población vulnerable (mayor cantidad y suba de jubilaciones, empleos públicos, y trasferencias sociales) sino también el “multiplicador” que produce la distribución del ingreso en el consumo de una economía que en un 70 por ciento se mueve por el mercado interno, fueron claves para reducir la pobreza. De hecho, incluso en los dos primeros años del macrismo, cuando se sostuvo los niveles de altos déficit heredado por el kirchnerismo, se logró reducir la pobreza en 5 puntos porcentuales.

De hecho, los 6 puntos del PBI que aplicó el gobierno en 2020 para paliar la crisis provocada por la pandemia, resultaron relativos frente a los 11,7 de Brasil, una de las razones por la cual, según la Cepal, nuestro vecino experimentó incluso una disminución de su pobreza proyectada, de 3 puntos porcentuales, durante el 2020.  

Sostenibilidad

"Hablar de sostenibilidad fiscal no es un concepto de derecha”, fue la frase del ministro Martín Guzman que se replicó en todos los medios. Resulta evidente que, así como la intervención estatal reduce los niveles de pobreza, ningún Estado periférico puede subsistir con un nivel permanente de déficit fiscal. Sin embargo, la reducción del mismo no solo puede efectuarse mediante medidas de ajuste, como llevó adelante el macrismo, sino también reduciendo los niveles de endeudamiento, con sus correspondientes intereses, y aumentando la recaudación mediante políticas tributarias progresistas, es decir que recaigan con mayor peso en quienes más pueden aportar.

Según el especialista tributario Martín Mangas, en los últimos 20 años “Argentina tiene una presión fiscal consolidada, esto es en el conjunto de Nación, Provincia y Municipios, que promedia cerca del 30 por ciento del PBI. Está lejos de ser las más elevadas, es similar a la de Estados Unidos, Brasil o Uruguay y queda muy por debajo de los países desarrollados, como los escandinavos o Francia, que están por encima del 40 por ciento. La diferencia principal de los países desarrollados con los latinoamericanos es que esa presión está puesta en impuestos progresivos”, al tiempo que señala que “las tesis de reducir los impuestos a empresas y ricos para que eso incentive una ampliación de la oferta no funcionó en los ochenta en los países desarrollados y tampoco lo hizo en los noventa en la Argentina”.

A ello habría que sumarle, también, la composición del gasto público. Todo derroche que realiza el Estado, es gasto que se reduce de la asistencia a los sectores vulnerables.  El hecho de que sea una bandera de la derecha, que en el poder no lo aplicó, -la alianza Cambiemos redujo el déficit primario pero sin minimizar la estructura burocrática del Estado, que creció un 3 por ciento-, no debería inhibir para su planteo en un gobierno que tiene como eje la intervención estatal para combatir la pobreza.