Trabajadores de la pizzería 1893 permanecen en el local de Scalabrini Ortiz y Loyola resguardando sus fuentes de trabajo. Después de dos meses sin cobrar y un intento de vaciamiento patronal, conformaron una cooperativa de trabajo para dar cauce a la continuidad laboral, con la ayuda de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Según la Agencia de Noticias Solidarias, la firma Maridani SRL ("Mari" por Mariana Ferraz y "dani" por Danilo Ferraz), acumulaban deudas anteriores a la cuarentena, de tres meses de salarios, además de retrasos con vacaciones y aguinaldo, que terminó de pagar en marzo. También debían más de cien mil pesos a proveedores. Danilo Ferraz, además, es propietario de Hell?s Pizza y Morelia.

En cuanto el gobierno nacional propuso el pago del 50 por ciento de los salarios de pymes, Ferraz formalizó la siutación de los tres empleados que estaban ocultos a la fiscalización del Estado. Lo hizo con un una fecha de inscripción falsa y con montos de sueldos inferiores a los reales.

"Va a ser muy interesante cuando Ferraz tenga que explicar por qué tomó personal en pleno aislamiento social obligatorio", sugirió Adrián Albor, del Grupo de Litigio Estratégico, en la fiscalía 5 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a cargo de Miguel Ángel Kessler.

"Siempre fueron gente de patear las cosas. Las cargas sociales nunca estaban pagas. Cuando teníamos reuniones con el dueño, nos decía que estaba en plan de pago", contó a ANSOL Ernesto De Arco Soloaga, camarero de la pizzería y flamante tesorero de la cooperativa.

Entre el 15 de abril y el 12 de mayo, los trece trabajadores de 1893 propusieron al dueño retomar las actividades suspendidas por el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio en cuanto se abrió la posibilidad de hacer delivery.

Ferraz, propietario real de la firma, aunque legalmente sea su madre, Esther Delia Pozzo, les dio permiso, pese a que nunca se acercó.

"Nos autorizó, pero siguió desde su casa. Nosotros compramos la mercadería con nuestros ahorros para poder trabajar esos días y nos fuimos autogestionando porque el dueño estaba borrado", explicó el camarero.

Tenían toda la experiencia para realizarlo. Un promedio de ocho años de antigüedad en la pizzería, un maestro pizzero con 25 años de experiencia en el mismo lugar, los encargados y los mozos.

Al principio recibían muy pocos pedidos y apenas podían retirar algo de dinero para sustentarse. "Trabajamos tres semanas bajo esa modalidad. Los últimos días cada vez más clientes sabían que estábamos abiertos y funcionaba mejor. Algunos días nos llevábamos 200 pesos cada uno. Otros días no podíamos retirar nada", relató De Arco Soloaga.

Luego el dueño trató de vaciar las instalaciones y como no se lo permitieron, volvió con una abogada, una escribana y la Policía de la Ciudad, para iniciarles una demanda por usurpación.

Desde entonces, una consigna policial permanece en la puerta y no deja ingresar a nadie ni que el local esté abierto.

El contrato de alquiler está vencido, pero los trabajadores ya hablaron con los dueños del inmueble para manifestar su deseo de seguir trabajando.