En el futuro, los funcionarios de cierta jerarquía en el organigrama municipal y también los concejales de San Nicolás podrían estar obligados a presentar sus declaraciones juradas en cada ejercicio anual, tal como ya sucede con funcionarios y legisladores en los órdenes provincial y nacional. Esto será así en caso de prosperar una iniciativa será impulsada por el bloque de concejales del Frente Renovador, que propondrá la adhesión de la Municipalidad de San Nicolás a los términos de la reciente ley que en la provincia de Buenos Aires estableció que no sólo funcionarios, diputados y senadores deben rendir cuentas acerca de sus patrimonios personales, sino también los candidatos a cargos ejecutivos o legislativos.

El dato, que indica que los concejales massistas propondrán a sus pares un proyecto de ordenanza para que San Nicolás adhiera al nuevo régimen provincial, llegó a EL NORTE a modo de trascendido extraoficial. Aunque ya había sido el propio Lisandro Bonelli, diputado provincial y referente del massismo en la Segunda Sección Electoral, quien había anticipado que la idea de su grupo político era la de promover la adhesión a la norma bonaerense.

Entre los ediles nicoleños del espacio político que lidera el tigrense Sergio Massa, el asunto es materia de un análisis fino, puesto que ya existe para los municipios bonaerenses un mecanismo por el cual sus concejales deben dar periódica cuenta de sus patrimonios personales. Pero es algo que en la práctica, y por una tradición que viene ya de largos años, no se verifica.

Por lo demás, aunque la idea inicial de los massistas era la de presentar la iniciativa luego del 1º de abril próximo, fecha en que quedará abierto el nuevo período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás, una fuente del sector confirmó a EL NORTE que el proyecto sería presentado mucho antes, durante el venidero mes de febrero.

La nueva ley

Tal como este medio lo consignó oportunamente, mediante un decreto publicado el martes pasado en el Boletín Oficial, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal promulgó la ley sancionada a fines de 2017 en la Legislatura provincial que establece el régimen de declaraciones juradas Patrimoniales de los funcionarios y agentes del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo provincial. 

Fueron alcanzados por la normativa tanto los diputados (entre quienes se cuentan los nicoleños Santiago Passaglia y Lisandro Bonelli) y senadores provinciales (entre ellos, los nicoleños Marcelo Dileo, Elisa Carca y Cecilia Comerio), como demás autoridades de ambas cámaras. Además, una de las novedades es que a partir de ahora también deberán declarar sus bienes los candidatos a cargos electivos de la provincia de Buenos Aires, cuestión que ya era obligatoria para quienes se presentaran en el orden nacional.

En su instancia de sanción, la iniciativa terminó llevando las firmas de los diputados Maximiliano Abad (Cambiemos) y Lisandro Bonelli (Frente Renovador), puesto que el massismo bonaerense propuso que el sistema incluyera un régimen de adhesiones voluntarias para funcionarios municipales, concejales y, también, para miembros del Poder Judicial bonaerense.

Acordada

Por lo pronto, la adhesión del Poder Judicial pareciera estar encaminada. A través de una acordada, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso que todos los jueces de la provincia de Buenos Aires presenten de forma obligatoria su declaración jurada de bienes, una medida que también alcanzará a peritos oficiales y otros funcionarios del Poder Judicial.

A través del Acuerdo 3880, suscripto el pasado 20 de diciembre, el máximo tribunal bonaerense aprobó el reglamento de declaraciones juradas patrimoniales, que obliga a presentar un detalle de sus bienes a todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, los peritos oficiales y los agentes que “se encuentran sujetos a un especial control”, como los que intervengan en procedimientos de adquisición de bienes o servicios o que participen en la administración y gestión de bienes del Estado.

La medida, firmada por los seis integrantes de la Corte y por el Procurador General, Julio Conte Grand, se dio en sintonía con la ley aprobada por la Legislatura bonaerense, que amplía el universo de funcionarios alcanzados por la obligación de presentar declaraciones juradas.