Luego de que el Ejecutivo municipal confirmara el escaso interés de las empresas de transporte en ofrecer el servicio en Bariloche, la concesionaria Transportes Amancay (Mi Bus) ofreció un plan de salvataje para lograr el sostenimiento de un sistema asfixiado por las medidas tomadas durante la pandemia.

La iniciativa llegó al despacho del intendente Gustavo Gennuso el miércoles (28/10) de parte del gerente operativo de la empresa. En una carta adosada al documento se pide “coordinar esfuerzos” y se menciona la necesidad de incluir al Concejo Municipal en el tratamiento de una eventual declaración de emergencia del Transporte Urbano de Pasajeros  (TUP).

Entre los primeros puntos se pide a la comuna acudir al gobierno nacional para que la actividad sea incluida al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), y así poder incluir parte de la masa salarial en el mismo sistema de asistencia que tuvieron otros sectores durante los últimos meses. Una alternativa que se podría sumar a los subsidios que depositan el gobierno provincial y Nación cada mes.

Ya en el plano de medidas al alcance del gobierno local, se sugiere crear una tasa municipal cuyos fondos ayuden a sostener al sistema de transporte público y rever el contrato de concesión para adaptarlo al nuevo escenario de circulación restringida ordenado por decreto presidencial.

Una situación que se tendrá que discutir en la Comisión de Seguimiento es la revisión propuesta sobre la gratuidad del boleto escolar, que según estimaciones del gobierno equivale a unos 100 millones de pesos anuales, y aplicar un sistema que contemple un pago “equitativo y solidario” entre los estudiantes de nivel primario, secundario y terciario. En la misma línea también se pidió encuadrar los traslados de personas con discapacidad en la ley 22.431 y hacer que el certificado que informa la condición del pasajero sea el único documento válido para acceder al beneficio.

Un punto que llamó la atención es la solicitud que se le hace al Ejecutivo para asegurar el cobro de tasas por parte de entidades bancarias, correos y empresas mayores a 30 empleados cuya actividad no se vio afectada por la cuarentena. Sin embargo, en otro párrafo se apunta a establecer un porcentaje de participación sobre la recaudación del EMPROTUR, a cambio del uso de cartelería publicitaria en las unidades, y así cubrir los costos del combustible para todos los recorridos.

La iniciativa de la empresa también contempla una revisión de la fórmula polinómica que utiliza el municipio para el cálculo de la tarifa y aplicar una nueva revisión para los meses siguientes. Además se promueve calcular los aportes sobre la cantidad de kilómetros que recorren los colectivos al mes en lugar de hacerlo a partir del número de pasajeros transportados, como ocurre en la actualidad, y así evitar la existencia de líneas deficitarias para el sistema.

El escrito en cuestión también llegó a la vicejefa de Gabinete Marcela González Abdala, al secretario de Asuntos Gremiales de la UTA Pablo Figueroa y al concejal Gerardo del Río en un intento por desmenuzar las condiciones bajo las que se presta un servicio que el propio gobierno reconoció que pasa por un “escenario muy difícil”.