El jefe del sindicato de empleados judiciales Julio Piumato y el constitucionalista Daniel Sabsay rechazaron la reforma judicial y se cruzaron con los senadores del Frente de Todos, en el cuarto plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales convocado para tratar el proyecto enviado por Alberto Fernández. 

A ninguno le pareció oportuno pero Sabsay objetó además el comité de expertos creado para debatir otros cambios en la justicia creado por decreto presidencial, el senador Oscar Parrilli lo acusó de trabajar para la oposición y se trenzaron en una fuerte discusión. 

Piumato dominó la primera hora del plenario porque la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun, a cargo de coordinarlo, no podía lograr que se callara. "Siete minutos no me alcanzan", se excusaba para seguir hablando.  

El sindicalista reclamó que los trabajadores no fueron consultados y alertó por la falta de empleados para atender las causas que demandarán los nuevos juzgados que se creen. Pero además se quejó de que sus ahora afiliados cobrarán menos.  

"Ningún derecho está garantizado para los trabajadores que se traspasen. Así como la justicia Penal garantiza la impunidad de quienes la Gobiernan la ciudad; la laboral hará un mecanismo de flexibilización, porque el superior tribunal de justicia tiene efecto casatorio. En la ciudad están la mayoría de las empresas argentinas. ¡Es concentrar el poder del puerto!", denunció.

"Estamos en pandemia, en ninguna Nación del mundo en los Parlamentos están discutiendo reformas judiciales. Las prioridades son otras; hay que discutir las necesidades imperiosas que tiene nuestro pueblo. La justicia necesita elementos técnicos, tendría que tener una policía federal, si queremos avanzar en la investigación del crimen organizado".

"¡Tenemos una situación de emergencia judicial, los edificios se caen en todo el país! El sistema informático está colapsado. Es un error encarar una reforma que tiene que ver con una intención específica del gobierno del turno", protestó. 

 

Por si fuera poco, se sumó a las críticas que hubo en el plenario de este martes por las escasas fiscalías que se crean en proporción a los juzgados, aún cuando el sistema acusatorio que empezó a implementarse en varias ciudades le delega a los primeros la instrucción. 

"Le recuerdo que hay una bicameral que se encarga de proponer proyectos para implementar el sistema acusatorio. Una de nuestras funciones es proponer leyes, así que puede acercarme los proyectos que considere", le sugirió Anabel Fernández Sagasti, que preside la comisión. 

Sabsay fue más duro, porque habló poco y nada del proyecto y se concentró en cuestionar al consejo asesor creado por decreto presidencial que prepara otras medidas para cambiar el funcionamiento de la justicia. 

Estamos en pandemia, en ninguna nación del mundo en los Parlamentos están discutiendo reformas judiciales. Las prioridades son otras; hay que discutir las necesidades imperiosas que tiene nuestro pueblo.  

Sostuvo que podría haber "conflicto de intereses" porque la integran Carlos Beraldi y León Arslanián,  "abogados defensores de dos de las personas involucradas en delitos de corrupción que han presentado recursos a la Corte", en referencia a Cristina Kirchner.  Cuestionó "el modo" en que el oficialismo emprendió contra el procurador interino Eduardo Casal. 

Suficiente para que Parrilli no lo perdone. "Me ha decepcionado porque más que un argumento del punto de vista jurídico he escuchado un alegato político, partidario, expresión de algunos medios de comunicación. Me llamó la atención que hablara de impunidad". 

"Ha dicho que son inconstitucionales los decretos de Alberto Fernández y nunca lo escuché hablar de los más de 40 DNU de Mauricio Macri que se llevó puestas las leyes, nunca lo escuché hablar del Poder Judicial cuando el gobierno anterior pidió más de 30 juicios políticos a jueces por el contenido de sus sentencias, ni tampoco lo escuché hablar cuando el relator de Naciones Unidas denunció el amedrentamiento del Poder Ejecutivo al Poder Judicial".

"No estoy acostumbrado a que nadie me descalifique ni me maltrate, usted ha hecho un alegato a través de consideraciones políticas", se defendió Sabsay y le criticó haber pedido sumar al proyecto la posibilidad de denunciar presiones mediáticas y el nombramiento de subrogantes por un año que plantea el texto en debate en el Senado.  "Serán jueces presionables", los definió. "Estoy frente a un dirigente opositor, le respeto la opinión política, tenía que saltar defendiendo a los poderes mediáticos", le devolvió el neuquino.

"Quiero dejar a salvo mi honra, no voy a permitir aunque sea un senador de la Nación y poderoso que me maltrate y me desprestigie. Fui el primero que criticó los decretos de designación de jueces de Macri. Me extraña que esté tan mal informado, no estoy afiliado a ningún partido ni pertenezco a ningún partido, lo que dice es inválido, no represento a ningún poder mediático, solamente quiero que se respete la libertad de expresión, y que se me respete en esta comisión, usted me está atropellando".

Se sumó a la pelea el rionegrino Alberto Weretinleck. "Acá se respeta la libertad de expresión. Estuvo hablando de temas que no son de este proyecto de ley. Y yo le quiero recordar que en el interior le damos el petróleo y el gas a la Ciudad y no nos hace ninguna gracia financiarle la justicia", lo ubicó. Desde su casa, Sabsay no estaba dispuesto a callar. "A través de ese tonito campechano me trata de horadar y no se lo voy a permitir. A la libertad de expresión nunca se la defiende la suficientemente". 

 

Hubo 16 expositores pero el resto no subió de tono para cruzarse con los senadores, aunque se repitieron algunos cuestionamientos, como la falta de fiscales y los conflictos de competencias que puede haber por los fueros unificados. 

Hasta Alberto Lugones, el juez que preside la Magistratura y es cercano al Gobierno, pidió que el sistema acusatorio en la Ciudad no se demore otros dos años como prevé el proyecto. Podría ser uno de los cambios que incorporen los gobernadores, que ayer recibieron una carta firmada por el jefe de bloque oficialista José Mayans para ofrecerles que hagan propuestas de modificaciones y garanticen la sanción de la ley. Sumar fiscalías podría estar en el paquete. 

Carlos Balbín, juez de la Cámara Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires y ex procurador del Tesoro, consideró que la ley "debiera incluir criterios claros y objetivos en cuanto a la evaluación de postulantes" y coincidió con el Cels en el riesgo de unificar el fuero civil con el contencioso administrativo, para cuando recaigan causas privadas.

La jueza de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, Magdalena Laiño Dondiz sostuvo que "la redacción del proyecto genera más incertidumbres que certezas para nuestro fuero y sobre todo para los usuarios, que son la ciudadanía en general".

"El proyecto crea nuevos juzgados penales y desdobla los que tenían multifueros. Si se aprueba la reforma la justicia federal de San Justo va a seguir manteniendo los dos juzgados penales y la de San Martín va a tener 15, lo que es una manifiesta incoherencia", se molestó el vocal de la Cámara Federal de Apelaciones Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de la Provincia, Aníbal Segura.

La abogada y académica María Gattinoni de Mujía expresó que "el proyecto puede dar un paso más y transferir todas las jurisdicciones y hacer convenios interjurisdiccionales bien planificados, con carga de trabajo y un trabajo conjunto entre los 3 poderes".

 Sebastián Pilo, de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), sostuvo que el "primer desafío es la necesidad de romper las relaciones promiscuas entre jueces, poderes políticos, empresarios y servicios de inteligencia. Los Bonadios y Oyarbides llegaron  por los pésimos sistema de designación y de remoción de jueces".

Una voz a favor la aportó la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, ex fundadora del colectivo de jueces kirchnerista Justicia Legítima, quien negó que la reforma tenga una inversión millonaria. Sotuvo que la incorporación de 23 jueces de primera instancia implicará el "0,1% del Presupuesto"

 

"Se están esgrimiendo mediáticamente no tienen ningún sentido. Se van a usar las mismas computadoras, los mismos escritorios, los mismos empleados, los mismos secretarios y apenas un 30% más del sueldo", minimizó. 

La secretaria general de SITRAJU (Sindicato de Trabajadores Judiciales), Marieta Urueña Russo, no tuvo los mismos temores de Piumato y apoyó la ley. "Entendemos que es necesario que el Poder Judicial sea independiente, de cara al pueblo y no utilizado para perseguir y violar garantías constitucionales".