Frente a la nueva etapa de cuarentena, las posturas del movimiento obrero y las organizaciones sociales van desde el alineamiento a rajatabla de la CGT hasta las fuertes críticas de los sectores de Izquierda que nuclean a piqueteros. La necesidad de presencia y acción del Estado es el común denominador de acuerdo.

La conducción de Azopardo dijo y reitera que el Gobierno tomó decisiones inéditas y ejemplares ante el Covid-19. Uno de sus titulares, Héctor Daer, ponderó la adhesión cegetista a "que el Presidente y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, hayan definido preservar puestos de trabajo y proteger a los trabajadores". El molde de ejemplo regional volvió a ser el mensaje de Azopardo. No obstante, en esa misma casa algunos sindicatos mascullan malestares por el freno a una "reactivación" más generosa.

Incluso uno de los dirigentes de peso en esa central, Andrés Rodríguez ( UPCN), alertó que reactivar la economía es el desafío inmediato para el "día después", más allá del alineamiento a la cuarentena.

Por el lado de las CTA de los Trabajadores hay melodías diversas. Crispó el acuerdo CGT- UIA-Gobierno y se respaldan las diferentes fases de aislamiento social obligatorio. La llamada de atención la pronunció Hugo Yasky en cuanto a que el pacto tripartito, para garantizar el 75% de salarios a trabajadores suspendidos, tendrá modelos menos amables "para otras situaciones, ya que van a intentar avanzar con recortes".

En ese sector, Pedro Wasiejko hizo votos para que sea una realidad el "prohibido despedir" y otorgar una solución de fondo, léase con ejecución real y concreta para los monotributistas. "Acá nos salvamos entre todos", sostuvo el dirigente a este diario.

La CTA Autónoma, que lideran Hugo "Cachorro" Godoy y Ricardo Peidró, insistió con una tesitura que elevaron antes de la pandemia: la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Le adosaron por estas horas su rechazo al pago de la deuda externa, la investigación sobre su origen y el respaldo al proyecto del impuesto a las grandes riquezas. Es la CTAA la que ofrece, desde su Observatorio de Derecho Social, informes periódicos sobre el mapa laboral-social, autoridad estadística para exaltar que "para atender la grave crisis urge ampliar la AUH y el IFE a las familias que todavía hoy no los reciben", como refrendaron desde esa cúpula.

De regreso durante los últimos días a la polémica pública, Pablo Micheli, que se referencia en un sector de la CTAA, elevó la apuesta al fustigar la ayuda de los ATP "para todos", listado donde se incluyen gerentes y otros cargos de poderosas firmas. En una nota que escribió para la agencia NA, fue por la misma senda para anticipar que existen sectores que "ni en situaciones de extrema crisis mundial son capaces de aportar un centavo de sus millonarias e históricas ganancias".

En las falanges de los movimientos sociales que representan a desocupados está el acento más crítico al Gobierno y se precisó desde la Mesa Nacional del Polo Obrero. Eduardo Belliboni, uno de sus referentes que encabezó movilizaciones por las calles de la Capital Federal en plena pandemia y aislamiento obligatorio, consideró que "casi 70 días después de lanzada la cuarentena, el presidente Alberto Fernández dijo que se abordará el problema de los barrios populares".

Ironizando sobre dicho lapso puntualizó incluso que 45 días después del caso del pago de sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social, "no se resolvió todavía el abastecimiento a los comedores populares ni tampoco se entregan elementos de higiene para esos centros, que se mantienen con la solidaridad barrial y la colaboración de otros sectores de la sociedad".

Belliboni sostuvo que, además del imprescindible testeo a los responsables de esos comedores, ese bloque "no se suma al coro de los que quieren reventar la cuarentena pensando solo en sus ganancias. Pero tenemos claro que con hambre en los sectores populares no hay cuarentena posible".