Por: Guillermo Pereira Poizón.

Cristina Kirchner reactivó esta semana un tema espinoso para el Gobierno: la reforma del sistema de salud. Durante un acto en La Plata, la vicepresidenta llamó a “repensar el sistema porque las prepagas no saben dónde colocar a la gente”.

En rigor, no fue su primera referencia al tema. Ya el 9 de diciembre del año pasado, también en La Plata, había sugerido que el país “tenía que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

La postura del kirchnerismo generó preocupación en el universo de las empresas de medicina prepaga y también entre los sindicatos, que tienen en las obras sociales una fuente de ingresos considerable.

Al respecto, un borrador que circula en los pasillos del Instituto Patria, titulado “Ejes centrales para un programa de salud 2020/2024″, plantea una serie de modificaciones sustanciales en el esquema actual.

Los más importante son dos: el establecimiento de una “conducción global de los organismos nacionales de salud” (una autoridad por encima de todos los actores del sistema) y de “un sistema de recupero de las prestaciones realizadas por entes estatales a subsectores de obras sociales y de medicina prepaga”.

Esta última modificación puso en alerta a los sindicatos porque plantea un sistema de cobro automático de lo facturado desde la misma recaudación AFIP o en su defecto desde la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), una caja que se alimenta del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios, de la que los gremios recuperan cuantiosos fondos a través del Fondo Solidario de Redistribución (FSR).

Claudio Belocopitt, titular de la Unión Argentina de Salud (UAS), salió al cruce de esas declaraciones y acusó al Gobierno de querer asfixiar al sistema privado con el objetivo de estatizarlo “de hecho”.

Luego fue el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, quien puso paños fríos a la situación: “Hay tres subsectores que deben ser organizados, no es que tiene que desaparecer uno de ellos. Proponemos hacer esto en forma organizada, nada que ver con lo que se está planteando”. Y más tarde el propio titular de la Comisión de Salud de Diputados, Pablo Yedlin, marcó un límite, en declaraciones radiales, al señalar que “nadie quiere desfinanciar a los privados, ni ponerlos de rodillas”. “El sistema es mixto y lo seguirá siendo. Nadie sobra en el sistema”, dijo el legislador en declaraciones radiales.

Un universo heterogéneo con una facturación importante

Según un informe elaborado por la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Cadime), un 52% de la población de la Argentina (unos 23,4 millones de personas) tiene obra social, un 34% (15,3 millones) no tiene cobertura y se atiende en el sistema público y un 14% (6,3 millones de personas) está cubierta por alguna empresa de medicina privada.

El combo que conforman las obras sociales y prepagas, según datos a los que tuvo acceso TN.com.ar, factura anualmente unos $125.000 millones: las primeras aportan $65.000 millones mientras que las segundas, $60.000 millones.

Las obras sociales nacionales cubren a un poco más de 16,3 millones de personas, mientras que las provinciales hacen lo propio con 7,1 millones. El PAMI, en tanto, aglutina a casi 5 millones de beneficiarios.

En el caso de las prepagas, si bien el universo es bastante heterogéneo, hay siete empresas que concentran más de 80% de los afiliados: se trata de OSDE, Swiss Medical, Galeno, Sancor Salud, Omint, Medicus, Accord Salud (UPCN) y Medifé. La mayoría de ellas, además de financiadoras son prestadoras, es decir, tienen centros médicos y hospitales propios.

Las prepagas reciben aportes por dos vías: un 30% son afiliados directos que abonan el valor total de la cuota, mientras que un 70% deriva aportes desde su obra social y paga la diferencia.

OSDE es la más grande de este grupo y aglutina, según los números del sector, a casi el 35% del total de afiliados que hay en el país (unos 2,2 millones). A diferencia del resto de las prepagas antes mencionadas, no posee sanatorios propios.

En la lista le siguen Swiss Medical, con un millón de afiliados, y Galeno, que completa el podio, con 750 mil afiliados. Ambas tienen centros médicos propios.

A diferencia de las tres primeras, la cuarta de la lista, Sancor Salud, tiene una fuerte presencia en el interior, donde nació. Con su desembarcó en CABA, en 2018, logró alcanzar los 460.000 afiliados.

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El top ten los completan dos hospitales de comunidad: el Italiano y el Británico, con un poco más de 200 mil afiliados.

El resto del universo de prepagas, unas 290 según los últimos datos, brinda cobertura a algo más de 650 mil personas a lo largo del país.

Costos en suba, ingresos en baja

Desde el sector explicaron a TN.com.ar que los costos se dividen en dos grandes porciones: un 65% corresponden a recursos humanos y el otro 35%, a compra de insumos y tecnología. Y alertaron por el factor “dólar” que incide directamente sobre los gastos ya que desde los principios activos de los medicamentos hasta los insumos se fabrican en el exterior.

Por otra parte, entre los afiliados cuatro de cada diez tienen más de 60 años, una cifra elevada si se considera que en la población general este segmento no supera el 15%. Esto impacta en los costos ya que el gasto promedio en salud de quienes tienen entre 65 y 69 años triplica al de la franja de 35 a 39 años.

La situación económica más la pandemia tienen en jaque al sector. En 2020 los aumentos autorizados fueron del 10 por ciento (4,5% en abril y 5,5% en mayo) y, desde la Unión Argentina de Salud (UAS) estimaron que, sólo para paliar el desfasaje generado el año pasado las cuotas deberían subir más del 50%. Ni hablar de los aumentos que se necesitarían este año con una inflación que ya acumula 21,5%.

Según un relevamiento del portal Mi obra social, el precio base de un plan de rango bajo para una familia tipo (cuatro integrantes) promediaba los $8302 en mayo de este año. En el caso de un plan de rango medio, este valor ascendía a $14.995; y en el caso de planes altos, que ofrecen prepagas como OSDE o Galeno, llegaba a $23.797.

Pandemia, cepo sobre los incrementos de cuotas y un rumor cada vez más fuerte de estatización. Un combo que puede ser fatal para la subsistencia de este sistema.