Argentina se acerca al 60% de su población total vacunada, con al menos una dosis. Dato que, acompañado del crecimiento del ritmo de implementación de segundas dosis –por encima de las 200 mil aplicaciones diarias–, presenta un panorama prometedor para el último trimestre del año. Tanto el Ejecutivo nacional como los gobiernos provinciales empezaron a diagramar la recta final hacia la nueva normalidad con la esperanza de que el impacto de la variante Delta sea leve, producto de este proceso de vacunación.

Hasta entonces, lo que se da es un gris entre obligaciones y beneficios. En tanto, surgen disposiciones como la de este martes (resolución 91/2021) publicada en el Boletín Oficial: la “presencialidad programada”. A partir del próximo 1 de septiembre, los empleados de la administración pública que estén vacunados con cualquiera de las opciones disponibles –Sputnik V, Sinopharm, Astrazeneca o Moderna– podrán ser convocados en sus respectivos lugares de trabajo, a excepción de personas inmunodeficientes y embarazadas.

El descenso de los casos en las últimas semanas es notorio: el fin de semana pasado tuvo mínimos históricos que no se daban desde el pasado 7 de marzo. Bajo esa proyección, Horacio Rodríguez Larreta y los equipos de Fernán Quirós y Soledad Acuña habían anunciado en julio el regreso escalonado hacia la presencialidad total en las aulas. En vez de múltiples burbujas, los estudiantes volvieron a nuclearse en clases enteras.

 

El Ejecutivo bonaerense, con su Plan Jurisdiccional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales, se diferenció de la gestión porteña y dijo, en su momento, que hasta que los alumnos no estuvieran vacunados, mantendrán las clases “en burbujas”. Con esa expectativa, la Provincia volvió a clases con un sistema de rotación semanal.

En otros sectores, la gobernación bonaerense, dio claros indicios de un regreso cuidado que -a su vez- sirva como fomento de la vacunación: el diseño de un pase sanitario para el ingreso a bares, restaurantes y gimnasios va en ese sentido.

Mirando otras provincias

En Jujuy, por ejemplo, el gobernador Gerardo Morales dispuso la obligatoriedad de tener al menos una dosis contra el Covid-19 para usar el transporte público. La Policía de la provincia norteña controlará que todos los ciudadanos presenten su carnet de vacunación antes de subir.

 

Por su parte, en Santa Fe, la fábrica de cosechadoras Vassalli tomó por las astas a la polémica inaugurada por la Unión Industrial Argentina (UIA), que propuso no pagarle el sueldo a los trabajadores que decidieran no vacunarse. La firma planteó una alternativa superadora, por la positiva, y acordó un convenio con la UOM local de Firmat para darle un bono de $3.000 a cada trabajador que decidiera vacunarse. Un premio, en vez de la lógica de la central industrial a la que los empleados de la empresa denominan del “látigo y apriete”.

Mientras tanto, el fin de semana, se jugaba la séptima fecha de la Liga Cordobesa de Fútbol (LCF) y cientos de hinchas pudieron disfrutar no solo del beneficio inmunológico de la vacuna, sino también de ver a su equipo regional desde la grada. La Agencia Cordobesa de Deportes (ACD) habilitó, con un aforo máximo de 250 personas, la asistencia de los hinchas con el requisito excluyente de presentar en el ingreso el carnet de vacunación con al menos una dosis.

Sobre la vuelta a los estadios, pero a nivel nacional, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, confirmó que estima el regreso del público a los estadios para “fines de septiembre o principios de octubre”, con un aforo permitido del 30%. Queda la incógnita de si, junto al DNI, se pedirá certificado de vacunación en el molinete.