Los programas sociales registraron un nivel de ejecución de $671.868 millones en los primeros nueve meses de 2020, con un incremento de 447% en términos reales respecto de igual período de 2019, impulsado, esencialmente, por las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19), de acuerdo con un informe difundido por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El pago del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), aún sin definición por una cuarta entrega, y el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) están entre las erogaciones más importantes

El trabajo destacó que en el período enero-septiembre "los ingresos totales de la Administración Nacional se incrementaron 5%" año contra año en términos reales, en tanto que "las transferencias al Tesoro por $1.172.000 millones por utilidades provenientes del Banco Central lograron contrarrestar la caída de la recaudación tributaria y de los recursos de la Seguridad Social".

"Si se descuentan dichas utilidades tanto de 2019 como de 2020, los ingresos totales del período muestran un retroceso real de 17,6% en términos interanuales", añadió el informe.

La Oficina de Presupuesto del Congreso presentó un informe acerca de los programas sociales

La OPC detalló que "los gastos primarios aumentaron 21,9% en comparación con la ejecución registrada en el mismo período de un año atrás, a partir de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria".

Entre estas medidas, se consideró al Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) y la atención del Salario Complementario en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

En este capítulo, se destacó que "debido a la caída interanual de los intereses de la deuda (44,8%), los gastos totales tuvieron una suba más moderada de 9,4%".

En concreto, a raíz de la caída de los ingresos y al aumento en los gastos primarios, el resultado primario (neto de utilidades del BCRA) pasó de un superávit de $75.892 millones al 30 de septiembre de 2019 a un déficit de $1.374.743 millones en igual período de 2020. Si se toman en cuenta las utilidades transferidas tanto el año pasado como el actual, el resultado primario pasó de un superávit de $280.137 millones a un déficit de $202.743 millones, en tanto que el resultado financiero se incrementó de un déficit de $314.838 millones a otro de $676.719 millones.

En cuanto a los gastos corrientes devengados, se destacaron las "transferencias a universidades (75,4%), y se ubicó en el otro extremo la inversión real directa (43,6%)."

 

Desde el punto de vista de las funciones del gasto, agua potable y alcantarillado resultó aquella con el mayor nivel de ejecución registrado (74,5%), mientras que, por el contrario, comercio turismo y otros servicios devengó el menor nivel (19,8%).

Los servicios sociales representaron la finalidad más relevante, con el 68,1% del gasto total ejecutado por la Administración Nacional a septiembre.

En el informe, se destacó la función seguridad social ($2.639.088 millones) que concentra el 77,5% del total devengado en servicios sociales, y devengó 70,4%.

Los recursos de la Seguridad Social ($979.352 millones) se retrajeron 12,7% a partir del deterioro del mercado de trabajo y de las medidas dispuestas por el Gobierno nacional para atenuar los efectos económicos de la crisis sanitaria para los sectores económicos afectados, entre las que se destacó la reducción o postergación del pago de las contribuciones patronales .

Asimismo, la remuneración imponible y de la cantidad de aportantes al sistema registraron disminuciones, impulsadas por el atraso del salario real y la caída del empleo, indica el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Las transferencias a provincias ($254.980 millones), reflejaron un alza real de 115,6%, como consecuencia de los incrementos en el programa Asistencia Financiera a Provincias y Municipios, los Aportes del Tesoro Nacional y los fondos canalizados a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente.