Comprende a la Administración Central, Organismos Descentralizados, Autárquicos y Autónomos, la Honorable Legislatura de la Provincia, y los organismos dependientes de la misma; y todas las dependencias donde funcione o que pertenezcan al Poder Judicial. Quedan igualmente comprendidas las sociedades del Estado provincial, y las sociedades con participación estatal mayoritaria.

La norma, publicada este viernes en el Boletín Oficial, fija que “los funcionarios públicos, agentes públicos, y el personal dependiente de los entes y organismos enumerados en el Artículo 2° deben realizar la separación en origen y adoptar las medidas necesarias para disminuir la cantidad de residuos sólidos urbanos que se generen. La separación en origen debe realizarse de manera tal que los residuos posibles de ser reciclados, reutilizados o reducidos, queden distribuidos en diferentes recipientes o contenedores, para su recolección diferenciada y posterior clasificación y procesamiento de conformidad a la Ley N° 10.311 y a la reglamentación de esta Ley”.

Para cumplimentar las disposiciones se contempla además la utilización de cartelería informativa.

En su artículo 5°, sobre Deberes de control y gestión, establece que: “El personal jerárquico con poder de decisión dentro de cada ente u organismo del que se trate, tiene a su cargo el control de sus dependientes, y la disposición de medidas y gestiones pertinentes para el cumplimiento de la presente, bajo apercibimiento de incurrir en falta grave por negligencia u omisión en el cumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Se prevé además  “capacitación obligatoria en la temática ambiental y de gestión sustentable para todos los sujetos alcanzados por esta Ley”.