La protesta armada y sus causas: la bomba que desactivó Alberto Fernández

La protesta armada y sus causas: la bomba que desactivó Alberto Fernández

Reclamos salariales válidos, protesta violenta. La base social de la policía. Motivos del retraso salarial. Alertas tempranas no advertidas. La doble respuesta del presidente. Redistribuir fondos, reparación de una injusticia de Macri. Escenario judicial en puerta.

 

Por Mario Wainfeld

 

El presidente Alberto Fernández desactivó una bomba de tiempo, cuyo potencial dañino se desconoce pero pudo ser grave, hasta sangriento. Un legítimo reclamo de policías bonaerenses derivó en un motín armado, injustificable. La tropa embravecida y sin líderes reconocidos repetía asonadas anteriores.

Tal vez ésta fue la peor de la nutrida saga antidemocrática de la Bonaerense: cercaron la residencia del gobernador Axel Kicillof y la Quinta presidencial de Olivos.

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A nivel nacional se evocan reclamos laborales proto golpistas como los auto acuartelamientos de fuerzas armadas en 2013 durante el segundo mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hubo muertos, hechos de indisciplina tremendos… fuegos de los quedan cenizas ardiendo y cicatrices abiertas.

Alberto Fernández decidió bien las dos contradicciones principales. Reconoció los derechos de los trabajadores uniformados y desmovilizó a los insurrectos… que en buena proporción son los mismos. La doble respuesta adoptada bajo presión fue la mejor posible, jamás perfecta ni ideal.

Subsisten problemas previos y se abren nuevos escenarios de conflicto. Con policías de otras comarcas, con trabajadores públicos esenciales de todo el país incluyendo a Buenos Aires.

La solución financiera, lícita, perturba la relación con el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Lo dejó con jugada única: replicar, subir el perfil e ir a la Corte Suprema de Justicia.

La movida reconoce, de modo tácito, errores previos de la administración provincial muy centrados en la figura de Sergio Berni quien desempeña mal el puesto más insalubre del sistema político argentino: ministro de Seguridad a cargo de “la mejor policía del mundo”. Cometido en el que fracasaron penosamente punitivistas como Aldo Rico y Carlos Stornelli. Y en el que consiguieron avances parciales protagonistas más serios, mejor rumbeados, como León Arslanián y Juan Pablo Cafiero.

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Les nueves policías: Berni supuso que podría conducir a los Bonaerenses. Funcionarios nacionales refieren que pifió varias veces… subestimando el entuerto, sobreestimando sus dotes mientras hacía caso omiso a alertas tempranas.

“Le habíamos avisado a Axel” comentan en la Casa Rosada y zonas adyacentes. Encendió alarmas una demanda parecida en Misiones que el gobernador atendió velozmente. Estaban a la vista intercambios en redes sociales y foros de policías.

El conjunto de los amotinados es variopinto, con retirados prepotentes, fachos siempre listos, exonerados y algunas personalidades descompensadas, como el que se trepó a una torre, calzado y amenazando con arrojarse. Constituyen una minoría intensa y fogueada dentro una tropa de alrededor de 90 mil efectivos, la mayor del país.

La base laboral es otra, explican autoridades nacionales y académicos versados de la provincia, casi todos afines al oficialismo. Muchos agentes o suboficiales jóvenes, sub-30, incorporados durante las gobernaciones de Daniel Scioli. Provenientes de estratos sociales pobres como suele acontecer. Con un porcentaje de personal femenino inédito y creciente. Ingresar a las fuerzas de seguridad es una salida laboral para personas de extracción humilde que habitan en barrios populares. Estigmatizados por eso, opina este cronista conociendo situaciones concretas, les asisten más chances de lograr laburo en la Policía que en un supermercado; ni qué decir en un local de comercio.

Sueldos muy bajos, minimizados en la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Gente endeudada con usureros barriales, drama que aqueja a centenares de miles de argentinos de bajos ingresos. En pandemia debieron esforzarse más, perdiendo ingresos adicionales válidos y non sanctos. El antropólogo José Garriga Zucal, docente en la Unsam, escribió en el portal Anfibia. Se recomienda la lectura total de la nota, se destacan algunos párrafos. “La pandemia revalorizó las tareas policiales al ubicarlos como trabajadores esenciales y eso les da más legitimidad para reclamar. Las representaciones del riesgo laboral se potenciaron con la covid-19, se volvieron aún más reales (…) Las medidas que tomó el gobernador Kicillof la semana pasada no cayeron bien en el mundo policial. El anuncio de otorgar recursos millonarios para el tema de la seguridad sin noticias para los bolsillos de los agentes --un gesto muy poco peronista-- podría ser definido con el viejo dicho: ‘Comer delante de los pobres'. Esto, sumado al desembarco de las fuerzas federales, cosechó un malestar de larga data. Y la irrupción de Gendarmería y Prefectura cayó mal porque pone en peligro negocios espurios y porque, entre líneas, es una intervención por inoperancia. A nadie le gusta que vengan a decirle lo mal que hace su trabajo”.

Revive un debate postergado: la posibilidad de sindicalizarse. Otro académico bonaerense, Esteban Rodríguez Alzueta, la reivindica con finos argumentos en La Tecl@ Eñe, también remitimos a ese artículo.

Resaltamos un párrafo: “Hay que postular a los policías como ciudadanos y trabajadores. El derecho a la protesta es uno de los derechos que tienen todos los ciudadanos y trabajadores, tal vez uno de los más importantes, porque el derecho a la protesta es el derecho a tener derechos, es decir, la posibilidad de manifestar un problema. La protesta regulada (y limitada por tratarse de una actividad esencial) parece un rumbo superador, a la luz de la historia”.

Volvamos a la crónica. Por buenas y malas razones campeaba un malestar extendido. Berni se dejó sorprender. Falló sin atenuantes la cadena de mandos policiales, describen baqueanos en esas áreas. Los cuadros superiores no registraron información accesible en la previa. No mostraron capacidad para conducir la revuelta o para dialogar. En el manual político clásico las cúpulas policiales fungen como el primer fusible eyectable ante esas crisis. Asoma como factible que el gobierno provincial los remueva, como primer paso. Subsistirá para semanas o meses ulteriores el enojoso dilema entre sostener a un ministro desacreditado o “entregarlo” complaciendo a los rebeldes y a la oposición.

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La calle es vuestra: AF optó por la vía pacífica frente a la situación límite. Desalentó una movilización a su favor convocada por Juan Grabois. Desechó la tentación de mandar disolver la rebelión apelando a otras fuerzas armadas. Las definiciones sensatas parten de una asimetría de la etapa: por coherencia y solidaridad el peronismo desecha ocupar masivamente el espacio público. Renuncia a una herramienta democrática central en el sistema político argentino. Sus adversarios o enemigos, al contrario, la usan y abusan. Rodríguez Alzueta describe agudamente las implicancias en este caso: “No es casual que el malestar haya salido a la luz ahora, con este gobierno. Eso no habla mal del gobierno sino, en cierta manera, muy bien: este gobierno deja margen para que incluso los policías puedan presentar en el espacio público sus problemas. De la misma manera que lo hacen otros sectores y nadie es reprimido. Esto con el macrismo no pasaba porque tenía claramente otra actitud, muy antidemocrática, para con las policías y el resto de la sociedad que tomaba la calle para protestar”Actuar virtuosamente, ay, a veces cuesta caro. La realidad política es, con asiduidad, injusta o cruel: no funciona como las fábulas. Maquiavelo sabía de eso más que Esopo…

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Otros trabajadores, otras comarcas: El éxito reivindicativo de la paritaria de prepo, casi seguro, servirá de inspiración a otros trabajadores esenciales de todo el país también relegados salarialmente y con reclamos sobre la protección contra la covid-19. La derivación signará las semanas entrantes.

Varios gobernadores mostraron reflejos respecto de sus policías. En el Chaco Jorge Capitanich dispuso un incremento para activos y retirados. La ministra de Seguridad y el flamante jefe de la policía provincial se reunieron con los subordinados. El clima venía enrarecido porque se acaban de confirmar cesantías de agentes penitenciarios por la sublevación de 2013.

En Córdoba los sueldos se elevaron significativamente a partir de 2013, circunstancia que enfrentó al fallecido gobernador José Manuel de la Sota con Cristina Kirchner. Están entre los mejores del país. El actual mandatario Juan Schiaretti mejoró ahora los adicionales. Sirve rememorar que el cordobesismo se tomó revancha en las urnas contra el kirchnerismo y contra el Frente de Todos en 2015, 2017 y 2019. Daños colaterales severos.

El gobierno nacional, sin alharaca, estudia cómo recomponer las retribuciones de las Fuerzas bajo su mando. Analiza la posibilidad de reimputar asignaciones no remunerativas, modalidad que disimula pagos “en negro” o “en gris”. La Policía Federal, es consabido, tiene los mejores sueldos comparados con las provinciales.

Habrá que ver si las esquirlas de esta semana influyen en dos hechos vinculados a violencia institucional. El juicio oral al policía Luis Chocobar y la investigación sobre la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro. La retórica posterior a marzo enalteció sin ambages a los uniformados, los empoderó simbólicamente. No fue la causa principal que movió a los policías rebeldes… pero acaso contribuyó a darles ínfulas.

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Decreto deroga decreto: La reasignación de partidas dispuesta por el Presidente excitó reflejos pavlovianos de (in)constitucionalistas siempre listos para defender a la derecha autóctona. Un repaso sencillo debilita la gritería jurídica de Rodríguez Larreta y sus aliados. Por mandato constitucional el traspaso de la Policía Federal de Nación a la CABA tiene que hacerse con transferencia de los fondos necesarios. El ex presidente Mauricio Macri lo hizo mediante Decreto 194/2016. Decreto simple, no de Necesidad y Urgencia (DNU). Infringió la norma porque dotó a su cofrade HRL de mucho más dinero que el necesario. La circunstancia fue admitida por el propio Macri que redujo una vez el porcentaje. Por el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio (nieto) quien lo confesó de local, en el programa A Dos Voces, el video respectivo circula generosamente por Twitter.

Un clavo saca a otro. Un decreto deroga a otro. Suponer que una asignación presupuestaria de Macri goza de vigencia eterna es la jactancia de la derecha o sus compañeros de ruta que jamás reprobaron al decreto 194/2016.

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La polémica legal necesita un estudio fáctico; no es lo que se apoda “cuestión de puro derecho”. Cuando la Corte Suprema se dedique a tratar el tema debería ponderar verificar hechos, abrir a prueba para corroborar si la cifra transferida es la necesaria… a menos que decida arbitrariamente.

Un pleito de esa naturaleza demora meses o años. Rodríguez Larreta aspira a cortar camino interponiendo una medida cautelar. La actual Corte, muy flojita en su desempeño, tiene un arma para enfrentar al Gobierno y hacer méritos con el establishment. En general su jurisprudencia es cauta cuando define cuestiones dinerarias entre jurisdicciones. El motivo es lógico: si al final del camino, se sentencia que la Nación debe plata tendrá que reintegrarla. Paralizar el funcionamiento de otro poder estatal para mejorar su lastimosa reputación suele tentar a los Supremos… habrá que ver.

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Conflictos y controversias: Judicializar la política, he ahí un vicio expandido, transversal. Suponer que cualquier conducta criticable es delito, una consecuencia funesta, cotidiana.

Los conflictos de intereses existen, su resolución deja secuelas. Alberto Fernández explica que decidió dentro de sus competencias y corrigió un reparto injusto. Sus rivales arguyen que se venía dialogando, a tranco lentificado por la pandemia. Es cierto… tanto como que Rodríguez Larreta se inclinaba a “ceder” medio punto de la asignación con fines específicos. 

Apurarse a resolver, sitiado por policías con armas, puede ser cuestionable según el color del cristal con que se mire. Pero no hay violación de la ley, al contrario: una reparación del favoritismo de Macri hacia su "pollo" y su distrito emblema.

Los intendentes conurbanos cambiemitas conocían la jugada antes del anuncio, aunque aleguen en contrario. El radical sanisidrense Gustavo Posse la valida porque quiere embolsar los fondos y se apresta a una interna provincial entre correligionarios. Los demás rezongan porque los compele su alineamiento y se aprestan a embolsar los fondos.

El reparto de bienes escasos provoca tensiones, alineamientos. Reverdece pasiones federales. Es la política, compañeros, correligionarios y vecinos.

Los gobernadores radicales cambiemitas apoyaron a Rodríguez Larreta. Seguramente sus conciudadanos disfrutan si se les quitan privilegios a los porteños.

Los peronistas, salvo Schiaretti, bancaron la medida presidencial. Los acompañaron mandatarios provinciales no peronistas: Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Arabella Carreras (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén).

La semana en promedio resultó riesgosa para el sistema democrático y difícil para el Gobierno. Quedó sentado un precedente aciago, la peor nueva en estas horas.

Se perdió la elección en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un avance imperial del presidente Donald Trump que damnificará a la región y no solo “a Alberto”.

La suma algebraica se mejora con el derrumbe del riesgo país. Y con la reanudación de los estudios para la vacuna contra el coronavirus.

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Síntesis provisoria: La rectificación del reparto de recursos nacionales alivia a la Provincia mientras le resta algo a la CABA.

Rodríguez Larreta se victimizó, le sale bien. Dicen que se lanzó como candidato a presidente, tiene derecho. Deberá recorrer un largo camino. Entre otras vallas tal vez deba soportar que Macri se postule para diputado en la CABA y se lleve una carrada de votos. La interna de Juntos por el Cambio vivió una mutación consecuencia del modo elegido por Alberto Fernández para salir del laberinto. Por arriba, privilegiando la paz interior, atemperando la violencia latente.

Tras haberlo desarrollado, tras señalar problemas estructurales y errores en la coyuntura, repetimos lo escrito líneas arriba. Contradice las reglas del arte pero valga por una vez, en momentos de excepción.

Alberto Fernández decidió bien las dos contradicciones principales. Reconoció los derechos de los trabajadores uniformados y desmovilizó a los insurrectos… que en buena proporción son los mismos. La respuesta adoptada bajo presión fue la mejor posible, jamás perfecta ni ideal.

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