Luego de establecer en 2020 una tasa variable extraordinaria al impuesto a los ingresos brutos (IIBB) por los volúmenes operados en los puertos, el gobierno provincial, aumentó por segunda vez los montos fijos. 

El cambio se comunicó el miércoles 18 de enero último en el boletín oficial bonaerense y repercute en los costos de los exportadores e importadores. Según destaca la Agencia DIB, a partir de este mes, por cada tonelada o fracción superior a 500 kilogramos o su equivalente en otras unidades de medida, el servicio de carga de buques pasó a valer $125 (un incremento interanual del 68% respecto del valor previo), el de descarga, $375 (86% de aumento) y el de movimiento de mercadería, $60 (un incremento del 82%).

La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) manifestó en un comunicado su malestar por la medida. “Por el hecho de gravar las mercancías cargadas y descargadas, además de las removidas, en función de su peso físico, se está adicionando una carga impositiva tanto a la exportación como a la importación, que es facultad exclusiva del Congreso Nacional, según la Constitución”, afirmó en el texto.

CERA considera, además, que el incremento en el impuesto que grava a las actividades de las terminales portuarias bonaerenses es “un claro retroceso y un profundo error estratégico, por su inconsistencia con la necesidad de promover el fomento fluvio-marítimo y el desarrollo exportador”.

El reclamo por la falta de facultades de la provincia de Buenos Aires es compartida por el gerente general de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), Fernando Furci, quien aseguró: “Además de la inconstitucionalidad, la medida ejerce un presión adicional e importante sobre los costos del comercio exterior en un momento que no es el mejor”.

Según manifestó el titular de CIRA, los servicios de los puertos son una parte importante de los costos de operación. “En materia portuaria, la Argentina es sumamente cara para los exportadores e importadores”, sostuvo. Además, manifestó que este tipo de medidas no solo afectan el desarrollo y el crecimiento, sino que también perjudican en mayor proporción a las pequeñas y medianas empresas.