(Por Jorge Duarte @ludistas) 

El Gobierno convocó formalmente al Consejo del Salario para este miércoles 14 de octubre, que se realizará en forma virtual y definirá un nuevo monto del haber mínimo, que lleva un año sin actualizarse. Están citados sindicalistas y empresarios y lo que se resuelva este 2020 tendrá impacto amplificado por la persistencia del Programa ATP, que lo utiliza como referencia para garantizar un piso de ingresos a los trabajadores registrados del sector privado de actividades golpeadas por la pandemia.

La primera señal al mundo del trabajo fue que ya se cursaron las invitaciones y, según pudo saber InfoGremiales, le llegaron a las tres centrales sindicales. Tanto la CGT, como ambas CTA tendrán sus lugares garantizados. Fue un giro político respecto del inicio del Diálogo Social, cónclave al que no fue citada la CTA Autónoma, por esas horas encarando una protesta luego de que ATE, su principal espada gremial, se haya negado a firmar la paritaria del sector público.

Según la ley de Contrato de Trabajo, el salario mínimo, vital y móvil debería ser la menor remuneración que necesita percibir el trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral y que debiera asegurarle alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional. Es evidente que desde décadas no cumple esas funciones. De hecho hoy está en 16.875 pesos, lo que representa unos 100 dólares blue, como le gusta cotizarlo a los empresarios. Un dato adicional para repasar la brecha entre la letra, cada vez más muerta, y la realidad es que la Federación de Aceiteros toma una medición del Salario Mínimo para negociar sus haberes. Su última actualización, en mayo de este año, ubicó el sueldo inicial de la actividad en 68,678,00 pesos. Y ya quedó demorado. Un abismo.

De regreso al mundo real, lo que estará sobre la mesa será la discusión de un piso que se suele utilizar para un conjunto de convenios colectivos, los más demorados del mercado de trabajo. Además, una referencia para los fuera de convenio, para los empleados provinciales, para la negociación salarial de los docentes, para los planes sociales y para el resto de los trabajadores formales e informales. 

Un detalle, no menor, es que este 2020 hubo muchas paritarias que se cerraron con acuerdos puente, bonos o sumas no remunerativas. Los parches para salir del paso en medio de la pandemia evitaron las discusiones de fondo y posibilitaron que se engrose la cantidad de escalas salariales que tienen sus haberes iniciales muy depreciados. Los empresarios ya pusieron allí el acento para que esté en consideración y no se genere un efecto dominó: no sea cosa que el salario mínimo los haga tener que volver a sentarse a discutir salarios.

La previa de la reunión llega con profundas diferencias sobre las que deberá surfear el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. La CGT anticipó públicamente que irá por una actualización que vaya en línea con la inflación anual, es decir aproximadamente un 40%. Las pretensiones cegetistas se toparán con las expectativas de las cámaras que estarán en torno al 20%. Ese choque tectónico es el que hace creer que la grieta se saldará salomónicamente en torno 30%. Ese porcentaje, adicionalmente, estaría en línea con los acuerdos paritarios que se fueron acordando en el marco de la cartera laboral desde que se reactivó la negociación colectiva.

Otro de los temas que se trata cada vez con más preocupación en los cada vez más activos despachos gremiales tiene que ver con las obras sociales. Las últimas semanas terminaron de confirmar una sospecha que tenían los dirigentes: las ART emprendieron el retiro del tratamiento del Covid-19 como enfermedad profesional. A medida que se deshilachó el asilamiento social preventivo y obligatorio y se esfumó la diferencia entre el puñado de actividades esenciales y el resto, las aseguradoras empezaron a poner cada vez más reparos en cubrir los casos positivos. "Llaman a la ART para denunciar el caso y los mandan a la obra social", le dijo un conocedor del asunto a InfoGremiales.

Las críticas no sólo apuntan a las empresas, empeñadas en maximiza ganancias, también se posan sobre el funcionario al frente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y quien debería estar haciendo un seguimiento del asunto: Gustavo Moron. Es un sobreviviente de la gestión de Cambiemos que todavía se sostiene en el cargo y que algunos creen que se recuesta en la espalda del massismo. Mejor no hablar de ciertas cosas.

Para completar el panorama financiero de la salud ya hay negociaciones avanzadas para que se aumente el monto que los monotributistas aportan a las obras sociales. Hoy los trabajadores independientes aportan 1.041,22 pesos, sobre los cuales se aplica un descuento por el Fondo Solidario de Redistribución. Luego de ese filtro ingresan a las arcas de las obras sociales 937,10 pesos por monotributista, muy lejos de los 2.600 pesos que es el costo estimado del Plan Médico Obligatorio (PMO). Claro que todos son conscientes de que no hay margen para un aumento del 150%. Aspiran a un incremento que vaya en línea con el aumento del costo de vida de los últimos 12 meses.