El proyecto de reforma judicial está atravesando un momento crítico para el Gobierno en su gestión de la Cámara de Diputados. En la sesión del pasado martes 1 lograron quórum con 132 diputados, cuando se necesitan 129. Es decir que las sesiones dependen de tres diputados. Si pierden ese número, las próximas sesiones podrían estar en peligro.

Pero la reforma judicial no solo tiene en vilo al bloque oficialista del Congreso. Por estos días, una de las personas que más críticas recibió, sobre todo desde sectores oficialistas, fue la ministra de Justicia Marcela Losardo, quien se defendió en una entrevista televisiva negando que estuviera “escondida” y que no defendiera lo suficiente el proyecto del oficialismo. “La verdad es que no me siento escondida. Creo que estoy en los lugares que tengo que estar”, afirmó en la señal A24.

Losardo es, tal vez, una de las funcionarias que mejor conocen al presidente Alberto Fernández. Se conocieron en la facultad de derecho de la UBA, cuando recién estaban saliendo de la adolescencia. Losardo era compañera de su tocaya Marcela Luchetti, la primera esposa de Fernández y madre de Estanislao “Dyhzy” Fernández. La amistad entre Alberto y Losardo nació por aquellos años, a mediados de la década del ’70, y continúa hasta estos días. La ministra siempre trabajó junto a él en todos los cargos públicos que ejerció: desde la Superintendencia de Seguros de Menem hasta la Jefatura de Gabinete durante el kirchnerismo. En 2009 fue una de las echadas por el kirchnerismo, luego de la salida de Alberto Fernández del Gobierno (el otro fue el actual ministro Nicolás Trotta). Por aquellos años, Fernández denunciaba en Radio Mitre que lo habían espiado y que el detonante había sido una reunión que había mantenido con el vicepresidente Cobos. Losardo fue, también, socia del presidente en una consultora que juntos tuvieron sobre la calle Callao. En los años de destierro de Alberto, tras renunciar al kirchnerismo, esa consultora fue señalada por trabajar para YPF. En esa oportunidad Fernández también tuvo que salir a defenderse. “Fui convocado por la empresa para ser un consultor externo. En todo este tiempo fui consultado por temas puntuales económicos, no por la situación de la empresa. Era asesor de YPF, pero ya manejado por los Eskenazi. Cuando dejé la Jefatura de Gabinete tuve un problema de salud que me dejó fuera del circuito durante veinte días. Cuando volví, me reuní con Kirchner, que se preocupó por mi situación laboral y para ayudarme le propuso a la gente de YPF que me contrate”, se defendía Fernández allá por 2009.

Aquellas acusaciones de los sectores más duros del kirchnerismo quedaron en el pasado, pero cada tanto son recordadas cuando se discuten temas sensibles. La reforma judicial, encabezada por Marcela Losardo, recibió, antes de aprobarse en el Senado, un sacudón de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “A este proyecto se lo ha titulado erróneamente ‘Reforma Judicial’” escribió CFK dos días antes de que el proyecto se discutiese en el recinto. Losardo había peregrinado por diferentes medios desde el 29 de julio –día del anuncio– hasta mediados de mes. Luego bajó el perfil.

La vocera de la reforma fue Losardo, en parte porque es la ministra de la cartera de Justicia, pero también porque el resto de las personas que participaron del proyecto notaron que sus aportes estaban cada vez más lejos del texto final. Dos de los exponentes más claros de esta situación fueron la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz. Los dos faltaron el día del anuncio. El proyecto tuvo además algunas correcciones por parte del asesor presidencial Juan Manuel Olmos y luego fue evaluado por la propia vicepresidenta junto con el Presidente. Así lo afirmó Losardo en televisión: “Es un gran proyecto. Lo vio Cristina y lo conversó con Alberto”. Pero tanto Vilma Ibarra como Beliz decidieron no ser parte del anuncio del envío del proyecto al Congreso.

Cuando le tocó ir a defender la reforma a la Cámara de Senadores, el senador Martín Lousteau le tenía preparado un “carpetazo” sobre su paso por la gestión macrista. Resulta que un ex alumno de Alberto Fernández, que trabajaba en el Ministerio de Derechos Humanos, la llamó por indicación del actual Presidente para para que los asesorara en cuestiones administrativas. El trabajo fue entre 2016 y 2017.

En esa misma comisión, donde se debatió la reforma, Oscar Parrilli sumó su ya famosa cláusula para que los magistrados denuncien presiones mediáticas, que luego se dejó sin efecto bajo el argumento de que era solo un “anzuelo” para que quedaran “expuestos” aquellos que defienden a los “medios hegemónicos”. Algo así como una jodita para VideoMatch.

La reforma finalmente salió con la creación de una serie de juzgados nuevos que se anunciaron en los últimos diez minutos de la sesión. Los cálculos rondarían en más de 1000 nuevos cargos en diferentes juzgados a lo largo de todo el país. La ministra de Justicia aún no sabe cuál será el costo fiscal de semejante agregado. Eso sí, esta semana salió a criticar a la oposición por no debatir el proyecto en Diputados. Luego del silencio, salió a jugar.