Barbistas acusan que se rompió un “arreglo” electoral con el desplazamiento de una funcionaria del PAMI. María Cecilia Calcagno fue reemplazada por un cuadro ‘anibalista’ en diciembre. Denuncian que hay en juego 80 contratos de planta por lo que enviaron una carta a la Presidenta. El flamante titular marcó a sus detractores por plantear el manejo de la institución como si fuera un “club”.
Alfil del senador Alberto Fernández y enfrentado a los hombres de territorio del barón del conurbano, su designación en reemplazo de una funcionaria del ‘Barba’ calentó la atmósfera local. El ex Jefe de Gabinete y referente del movimiento Kolina (Corriente de Liberación Nacional) desplazó a María Cecilia Calcagno por decisión del director Ejecutivo de la obra social de los abuelos, Luciano Di Cesare, que mantiene un encono con el alcalde, según reconocieron fuentes de ambas facciones.
De acuerdo a la reconstrucción que realizaron, Di Cesare acusa a Gutiérrez de haber intervenido livianamente en un conflicto sindical que encabezó hace dos años el gremio que dirige Rubén Grimaldi (Utera), aliado del Barba. Entonces, Di Cesare impulsaba la creación de la UGL y ya se proponía “intervenirla antes de oficializarla” a raíz de ese incidente, sostuvo el titular de la Dirección General de Adultos Mayores del Municipio, Armando Rivero, en diálogo con LA TERCERA.
“La potestad para poner a un hombre en esa función es de (Federico) Susbielles (coordinador de todas las UGL). Se trata del secretario general de La Güemes, que jugó con (Daniel) Gurzi”, uno de los cinco candidatos que compitieron con el Barba por la intendencia. Rivero sostuvo que Di Cesare “arregló con Aníbal, ya desde antes de la elecciones, y ahora, García aparte de sacar sin consultar a los que puso el intendente, está poniendo gente en todos los niveles”, afirmó el funcionario municipal, que aseguró que la pelea no es “por los nombres”, sino por los “códigos: Si ganás y estás jugando con el Gobierno, los arreglos políticos hay que respetarlos”.
Bajo esa consigna, la Dirección de Adultos Mayores y un grupo de federaciones de centros de jubilados emitieron una supuesta carta dirigida a la presidenta Cristina Fernández en la que solicitan la restitución de Calcagno porque durante su gestión “se atendían nuestras necesidades sin que a nadie se le preguntara por su historia de militancia o su filiación política”.
Al respecto, García -que fue compañero de Rivero en la cartera social nacional- planteó en primera instancia que “no me haré cargo de esa interna”. “Hubo un cambio de personas por una decisión del director del PAMI y me nombraron a mí por mi gestión de diez años en Desarrollo Social”, sostuvo. Pero luego disparó en tono de retórica: “¿Por qué quieren ser los dueños de la potestad (de los nombramientos)? Esto (por el PAMI) es una política de Estado ¿De qué acuerdo político está hablando? No es un club que puede manejarse como se quiera”.
Ambos funcionarios se repartieron responsabilidades sobre el cortocircuito: García desafió a la comuna a “trabajar de la mano”, y “si no quieren, trabajamos igual porque tenemos políticas que son propias”, en tanto que el ‘gutierrista’ conminó a “Di Cesare a atender al intendente y nombrar a un hombre afín, que tenga que ver polñiticamente con la presidenta sin intermediarios porque los que están de rehenes son los jubilados. Parece que ahora descubrieron que los jubilados votan, que un 40 por ciento son jefes de familia”, ironizó.
En el fondo, el debate es por el poder y por la ‘caja’ que aporta ese nicho político. Según deslizó Rivero, hay más de 80 contratos para ser asignados, entre personal médico, administrativo y auxiliar. Si bien esos fondos no pueden desviarse, se trata de una fuente importante para devolver con cargos de planta -nada menos que en un apéndice autónomo de orden nacional- favores políticos devengados de la campaña
Comentá la nota