Un grupo de manifestantes protagonizó ayer una colorida intervención en la rotonda del centro cívico y una movilización por las calles para reclamar «contra la instalación de megafactorías de cerdos» derivadas del acuerdo para abastecer a China con carne porcina. Tras concentrarse en la rotonda de Luro y San Martín y entregar un petitorio dirigido al gobernador Sergio Ziliotto, se dirigieron hasta la plaza principal de Santa Rosa donde desplegaron carteles con consignas alusivas.

La actividad fue convocada por la Asamblea La Pampa por el Ambiente bajo la consigna «No queremos transformarnos en una factoría de cerdos para China ni en foco de más pandemias». No obstante, incluyeron otros reclamos ambientales, como el traslado del basural de Anguil, que afecta la salud de las familias que residen enfrente.

«Es de público conocimiento la intención del gobernador y el ministro de Producción de instalar megafactorías porcinas en La Pampa» advirtieron los ambientalistas en un texto difundido ayer. Recordaron «el ofrecimiento oficial de una asociación con la firma Lartirigoyen» para instalar un criadero «en la ex fábrica Montenegro, a metros del Barrio Escondido» y exigen que «se priorice la salud pública por sobre las ganancias de proyectos productivos que comprometen cada vez más la sostenibilidad de la vida en nuestro país y el planeta».

La firma del acuerdo con China estaba originalmente programada para septiembre pero fue postergada por 60 días para evaluar el proyecto como respuesta a las reacciones contrarias. «No podemos permitir que ajusten pequeños detalles para llevar adelante este negocio terricida, ni en noviembre ni nunca» advierten los manifestantes.

Según la Asamblea «las megafactorías de cerdos generan grandes impactos negativos sanitarios, sociales y ambientales» y los chinos pretenden instalarlas en Argentina «porque resulta barato (les cuesta 70 centavos de dólar producir un kilo de carne) y no respetan leyes ambientales». Además, cuestionan que «Argentina pasaría a asegurar la alimentación de otro territorio cuando no puede garantizar la canasta básica de la mitad de su población», aunque siempre fue así en este país agroexportador.

Otros argumentos son que los criaderos «no generan puestos de trabajo de calidad ni en cantidad, utilizan millones de litros de agua contaminando suelos y napas, producen olores nauseabundos y deterioran la salud» del personal. Finalmente reclaman los «estudios de impacto ambiental que establece la ley nacional 25.675 y una consulta popular».