Las fuerzas policiales pertenecientes a la provincia de Buenos Aires no cesan en su reclamo salarial, y en la jornada de ayer se les sumó el Servicio Penitenciario Bonaerense. Aunque el pedido es justo, no deja de ser inoportuno: dejaron las calles de la Provincia convertidas en una verdadera zona liberada.

A pesar de que por la mañana el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, anunciaron la concreción del aumento y la presentación de un Plan Integral para la Fuerza Bonaerense, los referentes de las fuerzas de seguridad no cedieron en sus protestas y ganaron las calles de varias localidades del conurbano bonaerense.

Ante esta situación, fueron muchos los referentes políticos que hablaron de “desestabilización programada”, viendo en el re­clamo una movida oportunista. Esto se debe a que la fuerza no recibe un incremento salarial desde 2016, lo cual durante los tres años de la gestión vidalista no constituyó un problema.

Pero a menos de un año de que haya asumido un gobierno que centra sus esfuerzos en manejar una Provincia en una situación de pandemia que históricamente no se ha dado nunca, la Bonaerense deja a los ciudadanos sin seguridad en las calles.

 

El trasfondo político de la protesta muestra un intento de desequilibrio advertido desde varios sectores, como lo hizo saber el dirigente docente Roberto Baradel. A través de un comunicado de la CTA, indicó: “Repudiamos la movilización de un sector minoritario de la Policía Bonaerense contra la residencia del gobernador, y expresamos nuestra solidaridad con él y su familia.

Este sector de la Bonaerense es agitado por la derecha de Macri y Vidal, responsables del ajuste, los bajos salarios y las pésimas condiciones de trabajo en el Estado”.

“Los trabajadores estatales, judiciales, docentes y policías tenemos el derecho de percibir, y el Estado la obligación de pagar, salarios dignos. Por supuesto es legítimo el reclamo salarial, pero lo ocurrido ayer en la residencia familiar del gobernador busca otro objetivo. Generar la idea de desgobierno y de un levantamiento ciudadano que no es tal, apoyado por aquellos que ostentan el poder económico, amplificado por las corporaciones mediáticas”, remarcaron desde la CTA.

Desde las primeras horas de este lunes comenzó a caldearse el ambiente de las fuerzas bonaerenses. Un sector salió a protestar exigiendo un aumento salarial promoviendo el cese de actividades.

 

El gobernador, a través de sus dos funcionarios con perfil mediático más visible (Bianco y Berni) salió al cruce de los reclamos reconociendo el atraso salarial y anunciando una solución que sería dada a conocer el viernes próximo. Aclaró: “Se conocerán diversas mejoras en las condiciones de trabajo y en los haberes, contempladas en dicho Plan Integral, para todos los efectivos de la Policía provincial”.

En ese marco, hicieron un reconocimiento a los trabajadores de la seguridad al sostener: “La Policía de la provincia de Buenos Aires ha desplegado una invalorable tarea y trabajado incansablemente para cuidar a las y los bonaerenses. Reconocemos y valoramos el esfuerzo realizado como trabajadores y trabajadoras esenciales”.

Aun con el reconocimiento y la promesa de solución salarial sobre la mesa, la protesta no solamente no cesó, sino que se agudizó y se replicó en varios puntos del conurbano, en donde la sensación de indefensión de los vecinos debió ser calmada con el despliegue de fuerzas de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional.

La resolución del conflicto puede no ser tan sencilla y deberá haber voluntad de ambos lados. Los uniformados, que no tienen representación gremial (ya que durante el gobierno macrista les fue negada por la Suprema Corte) deberán mostrar que están dispuestos a escuchar y a devolver a los bonaerenses la sensación de seguridad que quitaron con la medida que fogonearon.