La defensa del empresario Fabián Cusini, el único de los empresarios imputados que aceptó responder preguntas del juez y de la fiscal en el marco de la causa “Gestapo antisindical”, adhirió al planteo de la de los abogados de Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal, quienes solicitaron que se declare la nulidad del video grabado en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) que dio inicio a la investigación por el presunto funcionamiento de una “mesa judicial” para perseguir a sindicalistas opositores a los gobiernos nacional y provincial de la alianza Cambiemos.

Cusini es asistido por el abogado Darío Saldaño quien apoyó el pedido y compartió “los planteos técnicos vertidos en dicha presentación”. Para esa parte del proceso la infracción “de la norma que reglamenta la inteligencia nacional fue violada reiteradas veces por quien debería custodiar la información”.

“Llama poderosamente la atención, que al momento de entregar copias de los videos a las partes, el juzgado tomo recaudos de identificación de las copias para evitar su difusión, no obstante haber sido exhibidos previamente en diferentes medios de comunicación y redes sociales”, señaló el letrado Saldaño quien sostuvo que “la obligación de preservar dichas filmaciones, es sin duda alguna de los funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, quienes por imperio legal debían custodiar dichos archivos audiovisuales”.

En relación a la presentación de la defensa de Grassi, el defensor de Cusini aclaró que la adhesión es “a los planteos técnico-jurídicos, sin que implique compartir opiniones ni apreciaciones personales”.

Saldaño reiteró que su defendido “es ajeno a todos los actos que implicaron la instalación, filmación, grabación y almacenamiento de la misma, como así también -demás esta decirlo- nunca supo que se estaba registrando en video y audio la reunión a la que fue invitado, y esto adquiere relevancia en este incidente, puesto que conforme fuera referido por la denunciante, la manera en que fueron hallados los mismos, genera el temor de que los mismos hayan sido editados o modificados, por lo que dicha falta de certeza -provocada por los propios denunciantes- amerita se haga lugar a la petición de la defensa de Grassi”.

En caso de prosperar este pedido, uno de los escenarios posibles es que se sobresea a los 14 imputados y se cierre la causa. Ante este panorama vuelve a tomar musculatura judicial la causa elevado a juicio oral en la que el exsindicalista de UOCRA La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina y parte de su familia, están procesados por “asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión”. El debate debía comenzar el pasado 3 de marzo, pero fue suspendido por una serie de nulidades presentadas por las defensas.

EL EXPEDIENTE GESTATO ANTISINDICAL

La causa se inició por una denuncia que presentó la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño (integrante de Justicia Legítima), tras el hallazgo por parte de ese organismo de videos de la reunión celebrada en el Bapro. Los registros de aquel encuentro fueron encontrados mientras se llevaban a cabo procedimientos de rutina de limpieza de discos rígidos, según se informó oficialmente.

El contenido de ese material audiovisual, aparentemente grabado sin el consentimiento de quienes asistieron a aquella reunión, se investiga ahora como parte de un supuesto armado ilegal para perjudicar al exsindicalista Juan Pablo “Pata” Medina entre otros exdirigentes gremiales. También posibles violaciones a la ley de inteligencia dado que de aquel encuentro que fue ilegalmente grabado participaron espías de la AFI.

En la causa se averigua "el diseño y puesta en práctica de una estrategia -decidida o autorizada a niveles superiores del Gobierno nacional y provincial- dirigida a judicializar la situación del conflicto existente en torno al accionar de UOCRA seccional La Plata o de su Secretario General y allegados", durante el año 2017, según surge del expediente.

En ese contexto, "se habrían producido distintas actividades de inteligencia prohibida legalmente, tales como la realización de tareas de campo y la consulta de diversas bases de datos sin orden judicial que lo habilite por parte de agentes de la agencia Federal de Inteligencia nacional cuyo producido fue luego utilizado por funcionarios de esa misma agencia para la generación de informes".

El juez Ernesto Kreplak finalizó este martes 5 de abril con las 14 indagatorias programadas. No se descarta que exista una segunda etapa con más personas imputadas que fueron mencionadas en las versiones brindadas por otros acusados. En esa lista aparecen, el expresidente Mauricio Macri, la exgobernadora María Eugenia Vidal, los extitulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. A esta lista se pueden sumar los ex ministros Guillermo Dietrich (Transporte); Patricia Bullrich (Seguridad); Jorge Triaca (Trabajo) y Germán Garavano (Justicia). Todos fueron mencionados por el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas en el escrito que presentó ante el juez.

Además resta establecer el rol que cumplieron una excolaboradora cercana a Vidal y personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuyas conductas son evaluadas por la fiscal para eventualmente realizar los requerimientos que considere viables para esclarecer esta trama que conjuga espionaje, empresarios políticos y exsindicalistas.

En rigor ya corre el plazo de diez hábiles que tiene el juez para determinar quienes serán procesados, quiénes sobreseídos y si los procesamientos son con prisión preventiva o los acusados seguirán en libertad hasta el eventual juicio oral del caso que salpica a políticos, empresarios y exfuncionarios de la AFI macrista.