“El Gobierno se ensaña contra los sectores populares y no con Vicentin o el FMI”, denunció este viernes ante una radio local David Maidana, concejal del PTS-FITU de Merlo, el populoso municipio del oeste del Gran Buenos Aires. Mientras era entrevistado, el docente y legislador participaba de la movilización de los vecinos del barrio La Resistencia que exigía la libertad de las y los detenidos tras un violentísimo operativo de desalojo a cargo de la Policía Bonaerense. Entre las personas detenidas (liberadas en la tarde noche de este viernes), había una joven madre de una niña con discapacidad.

El próximo sábado 29 se cumplirán dos años de aquella otra represión (también violentísima, también a manos de la fuerza que conduce Sergio Berni) realizada de madrugada en un enorme predio de Guernica (Presidente Perón, al sur del conurbano) donde miles de familias (también pobres, también vulnerables) reclamaban el mismo derecho básico de acceder a una vivienda.

Los hechos de Guernica, que tuvieron en aquel desalojo con tiros, palos y topadoras su punto cúlmine, generaron un gran descontento en buena parte de la población que votó al Frente de Todos. Es que tanto el gobernador Axel Kicillof como el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner habían ganado las elecciones un año antes con el discurso de devolverle a los pobres, a las trabajadoras y trabajadores, a las jubiladas y jubilados, aquello que Mauricio Macri les había sacado.

Te puede interesar: Bregman tras la represión a familias pobres en Merlo: “Kicillof hace un desalojo por semana”

Política es Estado

Para gran parte de los sectores progresistas fue muy difícil digerir semejante “solución”, por vía de las armas y el despojo a quienes nada tienen, a un conflicto en el que descarnadamente se ponía sobre la mesa la demanda genuina y masiva de un techo para vivir. Con el agregado de que el denunciante de la ocupación del predio era el grupo financiero Bellaco que, supuestamente, quería construir allí un country y un campo de golf. No había forma de tragarse semejante sapo. O sí, pero esa es otra discusión.

Lo cierto es que, pese al costo político pagado frente a su base electoral, el gobierno de Kicillof, Berni, Andrés Larroque, Julio Alak, Estela Díaz y otros funcionarios no cambió su política ante la misma problemática. En los casi tres años que lleva de gestión el Frente de Todos la Policía Bonaerense siguió reprimiendo y desalojando. Muchas veces amparándose en órdenes de jueces que no tienen idea de lo que es padecer necesidades económicas. Pero otras por iniciativa propia, por el mero hecho de demostrarle a las y los pobres que no deberían cometer la osadía de reclamar lo que, por orden divina del capitalismo, no les corresponde.

En junio de 2021 un grupo de familias del barrio Vista Linda de Ezeiza quedó en la calle tras el desalojo de un predio que Vialidad quería despejar para continuar con la construcción del Camino del Buen Aire. Ese mismo mes la Policía irrumpió si orden judicial alguna al barrio Santa Catalina de Lomas de Zamora. Además de echar a la gente de sus casillas, detuvieron a vecinas y vecinos que sólo defendían sus pertenencias.

También en junio del año pasado, en plena ola polar, Berni mandó a la Bonaerense a varias topadoras a desalojar a un grupo de familias que habitaban en la exfábrica Fasacal, abandonada desde hace tres décadas. Allí funcionaba también un vivero experimental de la asociación civil El Bosquecito. Los dueños del predio, la familia Larran, están denunciados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura y uno de sus hijos es funcionario del intendente local Julio Garro.

En los que siguieron la ola represiva y sin soluciones habitacionales se descargó contra vecinas y vecinos de los barrios La Ribera de Lomas de Zamora, El Carmen de Berisso, San Cayetano de Campana, Aeropuerto de La Plata, Camino del Resero Sur de Junín, Berenice y Los Ceibos de González Catán (La Matanza), El Garrote de Tigre, La Nueva Unión de Rafael Castillo (La Matanza) y 1° de Noviembre de Ciudad Evita (La Matanza), entre muchos otros.

Hace un mes el Municipio de Avellaneda (que gobernó Jorge Ferraresi hasta que asumió como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, valga la paradoja) desalojó brutalmente a las familias que vivían desde los años 90 en un predio de la Avenida Hipólito Yrigoyen al 100. Las soluciones habitacionales del ministro brillaron por su ausencia. Y esta semana los hechos de Merlo demostraron que la política se repite. Una y otra vez, sin solución de continuidad.

Todo lo anterior se produce mientras, paralelamente, el gobierno nacional hace lo suyo enviando a las fuerzas represivas federales a cumplir los deseos de Patricia Bullrich y la derecha reaccionaria de Río Negro. La represión a la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi abrió otra crisis casi existencial en las alas progres del oficialismo. Y van...

Hay dos cosas que aclarar. Por un lado, además de los desalojos violentos que llegan a consumarse, dejando a familias en la ruina e incluso con heridas y hasta detenidas, en cientos de otros barrios populares de toda la provincia no se llega al desalojo pero se instaura (y se naturaliza) la amenaza permanente del Estado (a través de la Policía y otros agentes menos armados) de avanzar sobre casillas y personas si la intención es seguir construyendo o mejorar la infraestructura para vivir un poco más dignamente.

Por otro lado, obviamente que la avanzada represiva sobre personas sin techo, buscando siempre y ante todo beneficiar a los “propietarios” (a veces vidriosos o inexistentes) de terrenos o predios, no es privativo del gobierno bonaerense ni del Frente de Todos. Desde Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires hasta Gerardo Morales en Jujuy o Rodolfo Suárez en Mendoza, en este como en otros temas la política de Juntos por el Cambio no se diferencia sustancialmente a la del peronismo.

Sólo la resistencia decidida de quienes no se resignan a quedarse una y otra vez sin nada es la que logra poner cierto freno a la avanzada estatal en barrios populares y asentamientos. Y en esa resistencia cumplen un rol central las mujeres, muchas de ellas intentando salir junto a sus hijas e hijos de situaciones familiares previas plagadas de violencia. Esas mujeres que no entran en el radar de los ministerios que, supuestamente, fueron creados para ayudarlas.

Foto Enfoque RojoOrganizarse por abajo para conquistar los derechos

Hay un elemento adicional que, de no ser por las penosas consecuencias que tiene para las familias despojadas, entraría en el terreno de la broma pesada. Se trata de las “ofertas” por parte de intendentes y gobernadores de “subsidios” irrisorios a cambio de que la gente acepte abandonar sus parcelas y casillas de forma “pacífica”. Si no quieren represión, a cambio de irse el Estado les ofrece unos pesos para que, con suerte, cada familia pueda alquilar algo durante un tiempo. Lejos de una solución a un derecho vulnerado, la prioridad es poner todos los recursos del Estado para salvar la propiedad privada con fines de lucro.

Como escribe Eduardo Castilla en otro artículo de este diario, “las imágenes de la represión a familias pobres en Merlo no inundaron las pantallas. No llegaron a la portada de los diarios. Ni oficialistas ni opositores”. Una descripción de las tensiones y prioridades de las grandes empresas periodísticas, más preocupadas por los exabruptos de “Alfa” o por la vida de la hija del Coco Basile que por debatir qué salida realista puede haber para evitar que las penurias sociales se reproduzcan infinitamente.

En tiempos en que la crisis económica ahorca cada vez más bolsillos y las gestiones políticas, más allá de sus matices de “grieta” para la tribuna, tienen bien claro cuáles son sus principios (capitalistas) y quiénes son sus enemigos (de clase), se torna indispensable que las miles de familias sin vivienda sean apoyadas y defendidas ante los ataques del Estado. Algo que, además, no puede estar disociado del avance en la organización de esos y todos los sectores populares sobre los que el mismo Estado descarga los costos de la crisis y el ajuste ordenado por el FMI.

La vivienda, la salud, la educación, el trabajo, la cultura y el tiempo para disfrutar la vida no vendrán de “arriba”, gracias a las dádivas de una casta de funcionarios que funcionan al servicio de los dueños de todo. Será la organización democrática y coordinada de miles de trabajadoras y trabajadores, ocupados y desocupados, formales e informales, en los barrios, en las fábricas, empresas y dependencias estatales, en las escuelas y facultades la que aportará la fuerza para salir a luchar por la conquista de esos derechos sistemáticamente negados por las corporaciones, los Gobiernos y sus aliados sindicales.