Carlos Alberto Luisoni es secretario del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. Aunque sin ostentar su labor profesional, sino como un simple ciudadano, pidió tener acceso a información pública de interés sobre el sistema de gestión de residuos en nuestra ciudad.

El 24 de mayo del año pasado hizo formalmente el pedido en la mesa de entradas de la Municipalidad, en Alsina 65, y como no obtuvo ninguna respuesta por la vía administrativa, a mediados de julio recurrió a la Justicia.

En la intimación del juez Agustín López Cóppola, del Juzgado Contencioso Administrativo de Bahía, la subsecretaría de Gestión Ambiental, a través del apoderado municipal Federico Juárez, respondió los 12 puntos solicitados.

El juez dio por zanjada la cuestión, pero Luisoni se mostró insatisfecho con las respuestas, entendió que estaban incompletas y recurrió a la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata (articula con Bahía), desde donde, en los últimos días, le dieron la razón a su reclamo.

Los jueces Roberto Daniel Mora y Elio Horacio Riccitelli aludieron al marco constitucional, a tratados internacionales, a la ley de regimen de libre acceso a la información ambiental y hasta a fallos de la Corte para ordenarle al municipio bahiense que aporte toda la información solicitada por el particular y en un plazo de 15 días, una vez firme el fallo.

"La norma sobre la obligación de las autoridades públicas de proveer información ambiental implica, por un lado, el deber de recolectar y procesar la información, lo que presupone, entre otras cosas, la vigilancia y control efectivo todas las situaciones real o potencialmente riesgosas o dañinas. Y, por otro, la obligación de suministrar y difundir públicamente a la sociedad la información acumulada y actualizada de modo permanente y eficaz", dijo la Corte provincial en 2017 (causa Longarini).

 "Es justamente ese deber ciudadano el que apuntala, en casos como el presente, los requerimientos de acceso a la información como paso previo y necesario para llevar a cabo (de ser necesarias y justificadas) acciones que tiendan a la protección y conservación del entorno", agregó la Cámara marplatense.

Esa conducta -amplió- busca evitar que la ciudadanía forme juicios de valor apresurados, infundados y hasta erróneos sobre posibles consecuencias ambientales y, por otro lado, dota de mayor control y eficacia de las políticas en la materia.

Doce puntos

En el cuestionario que trasladó Luisoni al municipio figuraban preguntas como la cantidad de "puntos limpios" y su ubicación, la periodicidad de recolección de residuos, el mantenimiento de los mismos, el área de gestión de estos puntos y saber si la recolección y posterior transporte respeta el contenido de cada una de las "campanas".

También requirió saber el volumen y destino del material; qué tratamiento posterior reciben; quién gestiona la Ecoplanta y si existe un plan concreto de gestión ambiental referente a los residuos sólidos.

 "Vista globalmente la contestación ofrecida, exhibe un comportamiento reprochable de la Administración, que ocasiona un menoscabo cierto del derecho de información, en el caso, íntimamente vinculado al ejercicio y defensa de los derechos a la salud y a gozar de un ambiente sano", afirmó la Cámara.

Se observaron vacíos informativos, respuestas genéricas, omisiones totales en algunos puntos y redireccionamiento a la página web municipal sin marcar los links respectivos.

"Tales comportamientos elusivos e insatisfactorios, de resultar aceptados, importarían lisa y llanamente, dejar librada la garantía de acceso a la información al arbitrio discrecional del obligado", agregaron Mora y Riccitelli.

"Quiero hacer un estudio global"

Luisoni confirmó que la consulta fue a título personal y que ya hizo otras de estas características en distintos municipios de la región, con respuestas en término, salvo una excepción.

 "Siempre me dediqué a la parte académica y tengo ganas de hacer un estudio global del sudoeste bonaerense", explicó el abogado a La Nueva.

"Más allá de que las respuestas estuvieran bien o mal, la mayoría de los municipios respondieron en tiempo y forma, pero en este caso, vencidos los términos, el expediente administrativo no había salido de la mesa de entradas", agregó.

Luisoni aclaró que no tiene intenciones de "generar un inconveniente" sino que se trata de hacer respetar derechos y que "la información pública es una herramienta que está disponible y la ciudadanía en general no sabe que la puede usar, es un trámite sencillo y hay cuestiones básicas que es importante que se sepan".

 Sobre los motivos que lo llevaron a elevar los planteos, dijo que sabe que el municipio está trabajando en la temática de residuos pero que hay algunas cuestiones que "desconoce" y pretende que se aclaren.

"La inquietud que muchos compartimos es que vemos que hay una campaña, o puntos limpios y nos hemos encontrado con situaciones que va la camioneta del municipio y mete todo junto y entonces nos preguntamos para qué separamos. No sabemos adónde va, si se recupera o no", sostuvo.

"Seguramente el municipio esté trabajando bien algunos puntos, pero lo que se advierte es una falta de comunicación", dijo.