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FERNANDO CIBEIRA

En el ministerio de Economía anticipaban que este miércoles saldrá el decreto que pondrá en marcha el programa "Puente al Empleo" que Sergio Massa propondrá como manera de transformar planes sociales en empleo genuino, una iniciativa que viene impulsando desde sus tiempos de diputado y con la que apunta a ubicar a 200 mil beneficiarios de planes en el sector asalariado formal. Sin embargo, el expediente todavía no había llegado a la Casa Rosada, aunque allí no descartaban que saliera en trámite exprés. Habrá que esperar.

No queda claro cómo surge la estimación del número de 200 mil planes. Sí que se apunta a entusiasmar a emprendimientos pyme de menos de 100 trabajadores en sectores como construcción, trabajo rural y el de las economías regionales. Tendrán la posibilidad de incorporar a beneficiarios de planes, quienes podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan estos programas por un año y el empleador completará el resto para llegar al salario de convenio. Transcurrido el año, el trabajador debe decidir si mantiene el plan o si se queda en el trabajo formal en el que tiene el beneficio de contar con una obra social, una ART y el resguardo de una indemnización en caso de ser despedido. El DNU que Alberto Fernández y Massa firmarían este miércoles apunta a "darle mayor seguridad jurídica al programa", según detallaba la propuesta.

 

 

La iniciativa no es del todo novedosa. Hace justo un año atrás, en agosto del año pasado, otro decreto también estableció bonificaciones para los empleadores que tomaran beneficiarios de planes, incluyendo una fuerte reducción de las cargas patronales, además de que también podían mantener el plan durante un año. Como publicó El Destape el fin de semana, hasta ahora, con esta propuesta, hubo sólo 40 mil beneficiarios de planes que se incorporaron al sector formal. Modesto si se tiene en cuenta que los beneficiarios del Potenciar Trabajo llegan a 1.300.000 aunque también debía colocarse en la balanza que se trata de un contexto de post pandemia e inestabilidad económica. La propuesta de Massa, explicaban en el Ejecutivo, otorgaba más facilidades a los empleadores y de ahí la entusiasta proyección de 200 mil empleos. 

En Desarrollo Social, como es lógico, miraban la propuesta de Massa de reojo. El martes pasado, Zabaleta concurrió junto al ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, a inaugurar la panadería "Sabores Argentinos" en Avellaneda que emplea a 25 beneficiarios del Potenciar Trabajo. “En 2015 se cambió trabajo por planes, nosotros vinimos a cambiar planes por trabajo”, enfatizó, como para demostrar que la cuestión no le resultaba ajena. Desde el ministerio apuraban la puesta en marcha de la auditoría de los beneficiarios de planes para tener un mapeo detallado de quienes reciben el Potenciar Trabajo, a qué unidad de gestión pertenecen y cuántas horas diarias ocupan en la contraprestación.

 

 

Aún se encontraban en la etapa de la capacitación de los universitarios que se encargarán de realizar los cuestionarios, así que con suerte el monitoreo arrancará la semana que viene. Ya se anunció que la provincia de Tucumán, que cuenta con 70 mil beneficiarios de planes, será el primer testeo. Calculaban que los resultados del trabajo nacional estará listo en unos cuatro meses, es decir, hacia fin de año. Con suerte. 

La semana pasada, Zabaleta se reunió con intendentes y funcionarios de los municipios de la Primera y Tercera Sección del GBA para ponerlos al tanto de la movida que en el Conurbano demandará de toda una logística. La metodología no será casa por casa sino que los beneficiarios deberán concurrir a una unidad de monitoreo. En su primera conferencia de prensa, Massa advirtió que quien no cumpliera con las contraprestaciones exigidas se le suspenderá el beneficio y que además cruzarían las respuestas con la base de datos de la Anses. La advertencia no cayó nada bien en las organizaciones sociales, ni en las opositoras ni en las oficialistas.

 

 

El tema es una vieja preocupación de Massa, quien ya presentó el "Puente al Empleo" en forma de proyecto de ley en octubre del año pasado, cuando ocupaba la presidencia de la Cámara de Diputados. Esa propuesta, de 22 artículos, nunca avanzó. Además del mantenimiento del plan por un año para los beneficiarios que se incoporaran al empleo formal, establecía para los empleadores de micro, pequeñas y medianas empresas la eliminación del 100% de las cargas patronales por 24 meses. Para poder acceder al programa, los empleadores no podían reducir su nómina ni tener ningún empleado no registrado y tampoco podían registrar obligaciones previsionales ni sanciones laborales.

Habrá que suponer que el DNU incorporará estas mismas regulaciones. La diferencia con aquel momento -octubre de 2021- era que el proyecto de Massa se inscribía en la lógica de la post pandemia, que se imaginaba de una fuerte recuperación en sectores como construcción y la industria manufacturera a los que podría resultarles atractivo la incorporación de mano de obra subsidiada y con bajo nivel de capacitación, pero que podían especializar en algún rubro. "En este marco, el presente proyecto busca consolidar y dar sostenibilidad a esta tendencia positiva en la generación de empleo y así dar previslbilidad a los y las trabajadores y a los distintos sectores de la economia", expresaba el proyecto legislativo. 

El contexto hoy es muy diferente. Si bien se mantienen índices de crecimiento en algunos sectores, la necesidad de un ajuste en la macroeconomía es probable que derive en un enfriamiento en la actividad y afecte la generación de empleo. Mayor desafío todavía para alcanzar los 200 mil beneficiarios.