El Gobierno mantendrá sin mayores cambios su política de ingresos: paritarias con revisión, aumentos apenas por encima de la inflación y acuerdos marco con las cámaras empresarias y los sectores más tradicionales de la CGT. La definición, que corresponde al equipo económico de Alberto Fernández, da por tierra con especulaciones sobre un posible cambio de la metodología hacia una mecánica de “shock distributivo” que eventualmente pudo incluir incrementos salariales por decreto y la promoción de subas muy por encima de los niveles previstos de la evolución de los precios.

El indicio más concreto de que la dinámica seguirá calcada como desde el arranque de la gestión del Frente de Todos fue la ausencia de funcionarios que responden a Cristina de Kirchner en los últimos encuentros tripartitos y en los anuncios oficiales, que tuvieron al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, como vértice. El otro faltazo que apuntaló esa tendencia fue, desde el lado sindical, el del camionero Pablo Moyano y la CTA. Ayer un ministro le reconoció a este diario que el hijo mayor de Hugo Moyano fue llamado por su par en la central obrera Héctor Daer en varias oportunidades para anoticiarlo de un encuentro este lunes en el gremio de Sanidad, sin obtener respuesta alguna.

El despliegue en el funcionariado y los faltazos de Moyano no son ni más ni menos que una vuelta de Alberto Fernández a sus posiciones de inicio como Presidente ante la puja distributiva. Implica la reconfirmación como su principal interlocutor en el ámbito gremial de Daer, con quien lo une una amistad personal y la condición de socios iniciales del Frente Renovador de Sergio Massa, también partícipe de los últimos anuncios. En esa lógica también se inscribe la renovación de la confianza del mandatario en la Unión Industrial Argentina (UIA), pese a que el principal sello patronal del rubro fabril optó por radicalizarse frente al peronismo con la elección como nuevo timonel del abogado de empresas Daniel Funes de Rioja.

La hoja de ruta del equipo económico para lo que resta del año, incluso con un escenario de continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania, mantiene en el plano salarial el esquema usual de paritarias con revisiones periódicas con ajustes en línea con la evolución de los precios. Ante la versión de un eventual bono a trabajadores del sector privado un ministro minimizó las expectativas: “no es el momento. Tampoco está descartado utilizarlo en algún momento pero lo cierto es que las paritarias que están arrancando ahora prevén aumentos de entre 18% a 20% en sus primeros tramos y con eso los gremios quedan protegidos frente a la inflación”.

La misma lógica se extiende a los planes sociales y a las jubilaciones. En el primer caso, la suba de 45% en cuatro tramos acordada días atrás para el salario mínimo será de igual proporción para el valor de los programas de asistencia, que pagan el “salario social complementario” equivalente a la mitad del piso para los formales. Con el ajuste dispuesto en esos valores por el Consejo del Salario Mínimo será por ahora suficiente, aclaran en el Ejecutivo, donde en la misma línea sostienen que las jubilaciones se mantienen en ventaja respecto de los precios.

La tesis es compartida por el sindicalismo más tradicional. Al contrario de lo que indicaría el sentido común los dirigentes desdeñan la política de incrementos por decreto por entender que enturbia las negociaciones salariales individuales y les restan resortes para sentarse en las mesas donde se discute política económica. En el Gobierno recogen ese guante y añaden que imponer un bono extraordinario en la etapa inicial de las paritarias sólo provocaría un desequilibrio en las discusiones bilaterales y perjudicaría, siempre en la tesis oficial, a empresarios que ya acordaron sus senderos salariales para lo que resta del año.