Tras diecisiete años en emergencia sanitaria y cuatro planteando la necesidad de tomar medidas tendientes a torcer el agudo cuadro de desfinanciamiento que afecta a los prestadores de salud (clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico), las entidades del sector y la representación gremial se fueron ayer por la tarde del Ministerio de Producción y Trabajo con poco más que promesas.

 

 

Ayer a las 14 estaba prevista una audiencia de las cámaras del sector y el sindicato con el secretario de Trabajo, Lucas Aparicio, quien finalmente no participó.

Fue reemplazado por el jefe de Asesores del Ministerio de Producción y Trabajo, Damián Testori, y por Gabriela Marcello, directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, junto a otros funcionarios de las Secretarías de Trabajo y Salud. La representación sindical fue asumida por Carlos West Ocampo y Héctor Daer (FATSA).

Frente al reclamo del sector privado -con acompañamiento de los trabajadores- de un cambio profundo de la política sanitaria y muchos más recursos para el sector, la respuesta oficial fue la promesa de anticipar el cronograma de suba del mínimo no imponible para contribuciones patronales y una baja de la alícuota del impuesto al cheque, en dos tramos, del 1,2% al 0,5%, hasta febrero. De todas maneras, aún falta el decreto respectivo, que lo pondría en vigencia a partir de noviembre.

Por el sector privado, asistieron las siete cámaras del sector (ADECRA, CEDIM, CONFECLISA, CEPSAL, CADIME, AAEG, CACEP), que hace una semana presentaron un documento en el Ministerio de Producción, denunciando la grave crisis que afecta al sector y el incremento de consultas de las empresas asociadas para iniciar el procedimiento preventivo de crisis. A éstas se sumaron también las entidades que agrupan a los servicios de ambulancias (FEM) y atención domiciliaria (CADEID).

"Agradecimos las medidas pero dejamos en claro que es una gota en el océano, se necesita un mayor esfuerzo para atender a un sector en crisis como el de los prestadores de salud", señaló Jorge Cherro, titular de Adecra (clínicas y sanatorios).

En la misma línea, José Sánchez Rivas, presidente de la Confeclisa, que reúne a prestadores de salud del interior, aseguró que "el sistema está desfinanciado" y agregó que "hay que poner plata en el sistema, con un aumento de ingresos a prestadores".

Para las prestadoras de salud, lo que puede mover la aguja es considerar el saldo técnico de IVA pagado por las empresas al comprar insumos, pero no cobrado en los servicios, y la exención de pago de contribuciones patronales como tienen las instituciones privadas de educación desde 2001. "Éstas serían medidas mucho más contundentes para una potencial salida de la emergencia sanitaria", que rige desde 2002, aseguró Cherro.

Pensando en el costo fiscal que pueden tener estas medidas, el Gobierno propuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 12. En el medio hará consultas con Hacienda para saber si puede avanzarse en este sentido.

Además, por el lado de los ingresos, el sector pide que el Gobierno cite al PAMI (4,5 millones de afiliados), al IOMA (2 millones) y a obras sociales provinciales, que son verdaderos formadores de precios, para que incrementen las cápitas y acorten los plazos de pago.

"El 65% de las prestaciones en el interior corresponde al PAMI y las obras sociales provinciales", señaló Sánchez Rivas y adujo que son los "moderadores de los precios".