Los vecinos del barrio Sol de Misiones, ubicado al sur de esta capital, pidieron la intervención del defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, luego de recibir una andanada de intimaciones de la empresa SAMSA en reclamo de deudas impagas en concepto del servicio de “radio servido”, algunas de las cuales alcanzan los 250 mil pesos, según afirman.

Se trata de casos muy similares a los de los vecinos del barrio San Jorge, quienes el 3 de diciembre último, junto al Defensor del Pueblo, hicieron pública su queja por las intimaciones legales que les llegaron a sus domicilios en reclamo también por deudas de “radio servido”.

En esa ocasión se anunció además la realización de un censo que ya fue efectuado por el equipo de la Defensoría, para determinar exactamente a cuántas familias de las 400 que se estima que pueblan la zona afecta el reclamo de SAMSA. Los datos finales se encuentran en proceso.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, Penayo explicó que “es increíble lo que está sucediendo en Sol de Misiones, porque tienen deudas que se están ejecutando y que no tienen razón de ser, por la capacidad que tienen esas personas para conectarse a la red de agua potable. Vinieron unos cincuenta vecinos por voluntad propia a traernos este planteo, los recibimos, los escuchamos junto al equipo nuestro y así iniciamos el expediente con relación a la demanda concreta de que no pueden pagar esos valores que les reclama SAMSA por el denominado radio servido”.

Sol de Misiones está casi al final de Itaembé Miní, conformado por una mayoría de familias de escasos recursos y que en su momento fueron relocalizadas por el Gobierno provincial. Una vez que se instalaron en el lugar, muy pocos pudieron conectarse a la red de agua potable. Sin embargo, amparada en el contrato de concesión vigente, la empresa prestadora del servicio empezó a intimarlos a saldar la deuda por “radio servido”.

Peñayo resaltó que “son montos increíbles los que les reclaman, incluso llegan a 250 mil pesos con los intereses, es una verdadera locura. Esto va a llegar a un punto en que se avanzará judicialmente porque hay una ley y juega en contra de los intereses de los que menos tienen, eso está clarito. Son familias que no pudieron conectarse porque no tenían los recursos para pagar el medidor”.

Al igual que en San Jorge, la Defensoría hará un censo para tener mayor certeza sobre las deudas, cantidad de afectados y situación en la que se encuentra cada familia, para elaborar el informe, porque “los montos que les reclaman son irracionales”.

También el Defensor del Pueblo anticipó que “llevaremos el planteo formal a Defensa del Consumidor, inclusive ya tuve una charla con su director, Alejandro Garzón Maceda, quien me anticipó que los cobros por resolución producto de la Ley 24.240, los reclamos punibles o pagables, son de dos años. Acá hay que contextualizar todo, entiendo que donde hay una resolución de la Justicia no hay posibilidad de reclamo, pero muchos no tienen resolución. La Justicia debe empezar a entender que esto es también una problemática social, no dos o tres casos aislados”.

 

“Un servicio caótico”

El defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, definió como “caótico” al servicio de agua potable a través de red en la capital provincial. “Hay muchas cuestiones que uno puede divisar, pero en especial la impotencia que genera a los vecinos este tipo de situaciones, no solamente del radio servido que provoca deudas importantes sino que el servicio en sí es caótico”, dijo en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.

Como ejemplo planteó que en Posadas “la presión del agua potable es algo totalmente irregular. Supongamos que durante el día no hay agua y a la noche sí y además se puede acumular. Es un servicio pésimo si uno lo pone en contexto, porque provoca impotencia y bronca en la gente, debido a que recibe sólo un 30% del servicio por el que paga”.

Penayo remarcó que “si sólo se recibe agua en los domicilios en contadas horas, quiere decir que el servicio es malo” y advirtió que “hay muchas cosas para mejorar y la única forma es decirlo a través del organismo que corresponda, en este caso los concejales o la Defensoría del Pueblo”.

También el Defensor contó que ya mantuvo reuniones con los ediles para avanzar en la problemática. “A los concejales les digo que estas inquietudes deben interesarles y deberían acompañarlas, porque son petitorios de los votantes, del vecino de Posadas, y deben ser tenidos muy en cuenta”, señaló.

Por último recalcó que no tiene “nada en contra de la empresa que tiene a su cargo el servicio de agua potable ni de nadie, pero si un ciudadano paga por un servicio, éste debe estar acorde”.