La semana que comienza será clave para definir si hay o no prórroga de la actual ley de biocombustibles que vence el 12 de este mes. El viernes el kirchnerismo no logró sacar el dictamen de comisión en Diputados, donde ya tienen número para aprobar el nuevo régimen. Debe ser tratado en el recinto y, después, en el Senado que hace cuatro meses había votado por unanimidad que por cuatro años continuara el actual esquema. Cuestiones ilógicas que se perciben en el oficialismo.

Tanto el Gobierno de Córdoba como los empresarios del sector militan por la prórroga para, después, debatir un nuevo esquema. La iniciativa que se analiza –y que tiene a Máximo Kirchner como impulsor aunque no la firmó- establece que para el gasoil el corte mínimo de biodiésel debe ser del cinco por ciento (hoy es el 10%), aunque la Secretaría de Energía de la Nación podrá elevarlo o reducirlo hasta un piso del 3%. En el caso de las naftas, indica que deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12% (queda igual que ahora).

La decisión provocó la reacción de todo el sector empresario, salvo Federico Pucciarello, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (pymes de Santa Fe), quien insistió en que una “prórroga corta no sirve; las pymes no tienen espaldas para estar paradas un mes más”.

Entre el resto que apoyó en líneas generales el proyecto, insistieron en que no se debe bajar el corte de biodiésel. Es posible que el oficialismo suba algún punto ese corte, ya que en definitiva la decisión final de cuánto rige le queda a la Secretaría de Energía.

Un aspecto que estaba en el proyecto y que salió pero que podría presentarse aparte es la creación de una empresa estatal productora de biocombustibles. Seguramente el sacar ese punto apuntó a reducir la resistencia existente.

Las dos grandes empresas que operan en Córdoba transformando maíz en bios advirtieron que, de aprobarse la propuesta, las pone al borde del ring. “Si se aprueba este proyecto de ley nos permitiría usar del 20% al 25% de la capacidad, es decir trabajar dos meses al año. Vamos directo al cierre”, dijo Víctor Accastello, subgerente de ACA Bio, la productora de bioetanol de maíz ubicada en Villa María y en la que se invirtieron US$150 millones.

Para Manuel Ron, presidente de Bio4 -empresa de Río Cuarto y que produce bioetanol de maíz y alcohol como insumo para otras industrias- la actual coyuntura es un punto de quiebre en el que se define si habrá nuevas inversiones: “Si es esto lo que se aprueba no vendrán más. Eso es así. Confiamos que no se avalará una suba de gases de efecto invernadero, en que no iremos a contramano del mundo”.

El gobierno cordobés viene avanzando en la promoción de los bios para autoconsumo y también para que se reconvierta la flota oficial. A nivel nacional, integra la Liga de Provincias productoras que hace varios años reclaman que suba el corte obligatorio. Ese frente se fisuró a partir de la iniciativa kirchenerista que deja en mejor posición a la caña de azúcar que al maíz.

En la Argentina funcionan 56 plantas productoras de biocombustibles (en base a soja, maíz y caña de azúcar) que generan en el total del complejo 60.000 empleos en San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Salta. Hacia adelante se pueden usar otros cultivos como base de la producción, pero esa posibilidad la cerraría la aprobación del proyecto que no contempla el ingreso de nuevos jugadores.

Desde el 2006 –cuando el kirchnerismo puso en vigencia el régimen actual- las inversiones en el sector sumaron unos US$3000 millones en plantas industriales y hay otras en carpeta que se frenaron, según esgrimen las empresas, por la “incertidumbre” que las sobrevuela desde hace tiempo. Hay, además, cuatro establecimientos de refinación de glicerina, plantas de autogeneración y cogeneración de energía eléctrica vinculadas a las inversiones centrales.