Nostálgicos de aquellos buenos viejos tiempos de levantarla en pala, asustados por una campaña electoral que arrancó con sorpresiva violencia tanto entre oficialistas como entre opositores o simplemente hartos de la parálisis que la pandemia y las internas impusieron a la gestión, algunos de los empresarios más poderosos del país sorprendieron por estos días a sus interlocutores con un deseo hasta hace poco impensable: que Cristina tome de una vez el timón de la política económica.

Dos gestos alcanzaron para reposicionar a la vicepresidenta en las preferencias de un establishment que siempre le hizo la guerra: sus declaraciones a favor de usar los Derechos Especiales de Giro (DEG) que repartirá el Fondo Monetario para saldar los vencimientos con el propio organismo y su aval silencioso al pago de U$S 226 millones al Club de París con reservas del Banco Central. La dinámica del mercado cambiario sugiere que los festejantes pusieron su plata a la par de su boca, como dicen los norteamericanos: después del récord del viernes pasado, el dólar blue bajó $5 y los paralelos financieros frenaron sus subas y se estacionaron por debajo de los $170.

El temor a un default total con el FMI lo había desatado la declaración impulsada por Cristina y aprobada en el Senado el 13 de mayo para que los U$S 4.300 millones en DEG fueran aplicados a “la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina derivados de la pandemia de Covid-19, tales como salud, reducción de la pobreza, educación, vivienda y generación de trabajo”. Que la vice haya elegido el escenario de la presentación de las listas del Frente de Todos para retirar esa moción retrotrajo a los más memoriosos al momento en que Néstor Kirchner ordenó al Central crear los “adelantos transitorios para el pago a organismos multilaterales”. También en ese entonces, el año antes de la cancelación de la deuda al Fondo con reservas, había habido varios amagues de no pagar.

El redescubrimiento tardío de la Cristina pro-capitalista y enemiga de las cesaciones de pagos es también producto de conversaciones que trascienden las fronteras. Un habitual vaso comunicante entre el empresariado y Washington DC, el hotelero y doble agente Gustavo Cinosi, confirmó al círculo rojo cuál será el approach de Joe Biden hacia el más austral de los gobiernos de su patio trasero: “acercamiento colaborativo”. Algo que la propia Casa Blanca procuró exhibir con su donación de 3 millones y medio de dosis de la vacuna SpikeVax, de Moderna, la más cuantiosa recibida por un solo país hasta la semana pasada, cuando llegó a Guatemala un nuevo embarque de ampollas sobrantes.

La confirmación de que Argentina recibiría ese cargamento de la que en Estados Unidos conocen como “la vacuna de Trump” llegó el mismo día en que la vicepresidenta pedía cerrar la causa judicial por el Memorándum con Irán. “En la diplomacia nada es azaroso”, dijo a BAE Negocios otro habitué del Palacio Bosch. Como le transmitió ya varias veces a Felipe Solá el colombiano Juan González, asesor especial de Biden para la región, los principales intereses norteamericanos en el Cono Sur son mantenerla alineada con los suyos en Oriente Medio, evitar que China siga instalando bases científico-militares y bloquear un eventual desembarco ruso que eclipse la primacía de sus empresas como inversoras extranjeras.

Pozos y peajes

La amenaza que entrevé Washington no es financiera sino estrictamente de negocios. Con China, salvo los contratos por vacunas, todos los proyectos de inversión están prácticamente frenados por el empantanamiento del mayor de ellos: las represas santacruceñas Kirchner y Cepernic. Con Rusia, en cambio, aunque el Central no negocia swaps ni préstamos bilaterales como sugirieron erróneamente versiones periodísticas esta semana, sí hay varios proyectos en danza. El más importante es el que prepara la petrolera Gazprom (de mayoría estatal) con el grupo Pampa, de Marcelo Mindlin, en Vaca Muerta, por unos U$S 250 millones.

Mindlin viene de venderle Edenor al trío de panperonistas José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, precisamente para concentrarse en la producción de gas y la generación eléctrica. Es uno de los players con buena llegada a Wall Street que empezó a mirar mejor a Cristina Fernández. Beneficiario directo de los tarifazos de Mauricio Macri, promotor suyo en 2016 en el Foro Económico de Davos y luego comprador por un monto nunca divulgado de la constructora IECSA, de la familia del expresidente, el zar de la energía procura ahora desmarcarse. Esgrime un argumento fuerte: que cuando lo citaron a la causa de los cuadernos de Oscar Centeno, luego de que BAE Negocios detectara que el chofer de Roberto Baratta también había pasado por su oficina, fue el único que negó tajantemente haber recibido jamás pedido alguno de coima por parte del kirchnerismo.

Sergio Massa, otro protagonista de aquel Davos fundacional para el macrismo, también llamó la atención del mundo petrolero en la presentación de las listas del sábado. Fue porque en su discurso volvió a aludir a la nueva Ley de Hidrocarburos, algo que les interesa especialmente a sus amigos y sponsors de la familia Bulgheroni. Lo curioso es que, en medio del debate del anteproyecto, fue justamente Panamerican Energy la que puso el grito en el cielo. Es porque establece incentivos fiscales para sumar nueva producción de gas, como quiere Mindlin y como aprovechó Paolo Rocca en la era Macri, y no subsidia inversiones que mantengan el rendimiento de los pozos actuales. Como PAE trabaja fundamentalmente en el ya maduro golfo de San Jorge, en Chubut, se quedaría afuera.

Massa también incentivó a Facundo Moyano para que presente su proyecto de nacionalización de las autopistas Norte y Oeste con participación de su gremio y un 10% para accionistas privados. “Vos presentalo que yo lo hablo con Máximo”, le sugirió. El más joven de los Moyano dejó trascender que el 10% privado permitiría preservar a la italiana Impregilo, que tiene en marcha varias obras públicas grandes, y solo afectar a Abertis, del español Florentino Pérez. En el proyecto colaboró el exinterventor del OCCOVI, Gustavo Gentili, procesado este año por Sebastián Casanello por presunto lavado de dinero y desvío de dineros públicos. En Vialidad dicen que no cuenta con el aval de la Rosada.

Gracia y desgracia

El acuerdo con el FMI, que Martín Guzmán quiere cerrar entre las PASO y las elecciones generales y que Cristina prefiere cerrar después, para no ceder ante las exigencias de ajuste con las que insiste Julie Kozack, va a incluir un plazo de gracia de al menos un par de años y un desembolso inicial. Esos fondos frescos pueden compensar lo que se vaya a gastar de los DEGs en saldar los vencimientos de este año. Pero de todos modos Argentina quedará en desventaja frente a los países que puedan aplicarlos a la reactivación post-pandemia.

A esta altura, con el recuerdo de Macri cada vez más difuso, el activo con el que cuenta el Gobierno en esa negociación es esencialmente geopolítico. “Al Fondo ahora le preocupa no quedar como el responsable de un estallido social en un país relativamente calmo, quizá el último de la región. Es un avance, eh, porque antes no le importaba”, confió a este diario uno de los funcionarios que habla con Kozack todas las semanas.

Es la rabia a la que también temen los hombres de negocios más lúcidos, con la información y la lectura suficientes como para entender que la crisis social es realmente grave. No los financistas que miran el cortísimo plazo ni los supermercadistas que abren grietas en las regulaciones del Central y la CNV para, por ejemplo, comprar dólares vía “contado con liqui” y así fugar excedentes en plena malaria. Los preocupados son los que observan el crecimiento de la antipolítica y el riesgo de un nuevo “que se vayan todos”. Y que, por eso, vuelven a valorar a quien perciben como el último dique de contención frente a ese estallido.