Elisa Carrió dijo este martes que hay que eliminar las indemnizaciones en Argentina. Así, la líder de la Coalición Cívica y Juntos se sumó a la campaña que vienen impulsando desde distintos sectores de la derecha para imponer una reforma laboral que recorte derechos a los trabajadores.

En medio de una charla organizada por su partido con comerciantes en Villa La Angostura, dijo: "La revolución impositiva en la Argentina es parte de esta revolución republicana que empezó con el campo por la cuestión impositiva de las retenciones. Hay que simplificar impuestos, discriminar entre Nación, Provincia y Municipios, hay que bajar impuestos y tener programas sociales y universales como el ingreso ciudadano. Y hay que terminar con la indemnización que a las Pymes las funde".

Así, la ex diputada intentó justificar, en nombre de las Pymes, una política que apunta a darle beneficios a los grandes capitalistas. Bastaría con ver lo que pasó con los pequeños comerciantes durante el mandato cambiemita de 2015-2019 para saber que la preocupación de la dirigente no pasa por el ferretero de la esquina sino por los intereses de los especuladores.

Insólitamente, en el medio de su argumentación, Carrió contó su experiencia personal: "Tuve que pagarle una fortuna a una chica que trabajó conmigo como empleada doméstica un mes y diez días", soltó sin siquiera sonrojarse. La "señora de la derecha", como fue bautizada por Myriam Bregman hace algunos años, no solo dice simpáticamente que dejó gente en la calle durante la pandemia, sino que además se queja de haber tenido que pagar lo que correspondía. Un desprecio contra el pueblo trabajador que sale hasta por los poros.

La indemnización y la reforma laboral es uno de los temas que se vienen instalando en la campaña electoral, desde las últimas semanas antes de las PASO, cuando el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó su apoyo a su eliminación para ir hacia un "sistema de seguros", como ya se utiliza en el gremio de la construccióno.

La iniciativa es similar a la que viene proponiendo Martín Lousteau, como parte de la reforma laboral que pide el FMI para el próximo período. No extraña de estos sectores políticos que gobernaron directamente para los dueños del país durante cuatro años y ahora, ante la disputa de votos con la ultraderecha de Javier Milei, se ven en la necesidad de endurecer su discurso.

Desde el Gobierno nacional, el discurso oficial dice que se oponen tajantemente a una medida de este tipo. Sin embargo, en distintos hechos se ve cómo van avanzando con ataques contra los trabajadores. Un poco se pudo ver en estos días con la firma de un nuevo acuerdo en Toyota, que convierte a los sábados en jornadas obligatorias de trabajo y tiene todo el apoyo del SMATA, un sindicato oficialista.

En el mismo sentido, Kicillof aumentó hace algunas semanas la jornada laboral de trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, en un ataque que dejó en silencio a los sectores del Gobierno que tímidamente venían hablando de reducir la jornada laboral.

El problema es que la crisis avanza, y con ella el desempleo. Mientras de un lado se va generando una masa cada vez más grande de trabajadores desocupados, del otro lado son millones quienes trabajan en jornadas cada vez más extensas, para poder llevar un plato de comida a la mesa de sus familias.

Hace unos días, el economista Pablo Anino llegó a una conclusión mediante unos cálculos sencillos: si se redujera la jornada laboral a 6 horas en las grandes empresas, manteniendo como mínimo un salario que permita cubrir la canasta familiar, se podrían generar en el acto 900.000 puestos de trabajo.

No es por capricho que el Frente de Izquierda propone esa, entre otras tantas medidas para la salida a la crisis. Es hora de que, de una buena vez por todas, los que se hagan cargo de los costos de esta situación decadente sean los capitalistas que la generaron.