Difundidos en medio del nuevo récord de consumo eléctrico y los cortes generalizados de suministro; los anuncios sobre los próximos aumentos tarifarios en las facturas de luz y gas han generado más dudas que certezas entre los usuarios y las empresas energéticas.

Lejos de aportar claridad sobre los valores finales que deberán desembolsar los usuarios residenciales durante 2022, la información parcial transmitida desde el área energética dejó sobre el escenario varios puntos confusos en torno a los ajustes en juego para Edenor y Edesur y los servicios de gas a nivel nacional que prestan las concesionarias Metrogas, Naturgy, Gasnor, Litoral Gas, Gasnea, Gas Cuyana, Gas del Centro, Camuzzi Pampeana, Camuzzi del Sur, TGN y TGS.

En primer lugar, volvió a quedar en evidencia que -al igual que lo sucedido en mayo pasado cuando se definieron los aumentos aplicados en 2021- sigue latente la puja interna por el manejo de la política tarifaria entre el ministro de Economía, Martín Guzmán y los funcionarios kirchneristas identificados con el Instituto Patria que controlan el área de Energía Eléctrica y los entes regulares.

Los futuros incrementos del 17% al 20% para los servicios de luz y gas filtrados desde la subsecretaría que pilotea Federico Basualdo – a quien Guzmán había intentado correr del cargo hace seis meses—contrastan con los porcentajes iniciales de aumentos que tenían en carpeta los técnicos de la cartera económica.

En el proyecto de Presupuesto 2022 que fue rechazado en el Congreso, Guzmán había previsto una actualización tarifaria para las facturas eléctricas y gasíferas que oscilaban entre el 35% y 72%. Con esas subas, el ministro apuntaba a dos objetivos: alivianar la carga fiscal de los subsidios energéticos que en 2021 treparon a casi 10.000 millones de dólares y adelantarse a una de las medidas concretas de recorte del gasto público que exigen el FMI para acordar la renegociación de la deuda.

Límites para Guzmán

Con el tope del 20% de aumento impuesto de forma arbitraria, tanto Basualdo, como los interventores K del Enargas, Federico Bernal y del ENRE, Soledad Manín vuelven a ponerle límites a Guzmán con el argumento de que los ajustes tarifarios tienen que estar por debajo de la inflación prevista para 2022 para no afectar el poder adquisitivo de los usuarios y la recuperación económica.

En segundo lugar, no quedó claro cómo se repartirán los mayores ingresos entre los distintos actores que intervienen en cada servicio: productores y generadores eléctricos, transportadoras y distribuidoras.

Todo hace suponer que los incrementos finales entre 17 y 20% irán a parar a las cajas de las transportadoras (TGN, TGS, Transener y las regionales eléctricas), Edenor, Edesur y las distribuidoras de gas.

El tercer punto en el aire tiene que ver con el momento en que entrarían a correr los ajustes. Hasta ahora, solo el Enargas ha convocado a audiencia pública para tratar los aumentos en danza para las distribuidoras y transportadoras. Está agendada para el 19 de enero y se estima que las nuevas tarifas entrarían en vigencia a partir de marzo. Por el lado del ENRE, aún no hay fecha para la audiencia pública, con lo cual la aplicación de los aumentos podría retrasarse hasta abril o mayo.

Segmentación tarifaria, bajo la mira

La cuarta arista relevante es la vinculada con la tantas veces prometida "segmentación tarifaria" destinada a recortar los subsidios a los usuarios de ingresos medios y altos.

La única pista que bajaron desde el Gobierno es que la poda de subsidios comenzaría a aplicarse solo en el servicio eléctrico a los hogares de la Capital Federal cuyas propiedades tengan un valor igual o superior a u$s3.700 el metro cuadrado. En el Gran Buenos Aires, la quita de subsidios alcanzaría inicialmente a los countries y barrios cerrados y en una segunda etapa a clientes residenciales con inmuebles más caros.

Por el lado del gas, la incertidumbre es casi total debido a la falta de señales oficiales y a la complejidad que surge por el hecho de que el servicio regulado por la Nación tiene alcance nacional y afecta a distintas realidades provinciales que no se pueden equipar con la situación de la Capital Federal y el Conurbano.

 

Más allá del "relato oficial" que sostiene que hay avances en el tema y los posibles porcentajes de aumentos que barajan distintos analistas, lo concreto es que hoy el Gobierno no tiene respuestas para las siguientes cuestiones clave: cuándo comenzará a regir la segmentación, qué parámetros se tomarán en cuenta para clasificar a los usuarios, qué porción de los subsidios perderán los hogares de los distintos barrios porteños y partidos bonaerenses, a cuánto treparon los aumentos finales que aparecerán en las boletas, cuál será el ahorro fiscal para el Estado, cómo se saltará el cepo legal vigente del sector que impide la aplicación de subsidios cruzados y, por último, qué mecanismo se implementará para subsanar los errores en la categorización de los clientes que se verán afectados por los cambios.