Representantes de supermercados apuntaron contra proveedores y denunciaron maniobras que llevarían a un nuevo aumentos de precios. Asimismo, reclaman que el Estado intervenga para evitar que las pymes del sector sean las más perjudicadas.

A través de un comunicado, la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) manifestaron que "los supermercados y autoservicios regionales rechazamos ser la variable de ajuste de la industria proveedora".

A su vez, señalaron que los proveedores "pretenden aplicar aumentos de precios no autorizados por las autoridades nacionales, modifican las condiciones de venta eliminando bonificaciones y/o descuentos, o tratan de aplicar cargos adicionales por costos (logísticos) que siempre estuvieron contemplados en el precio final de los productos".

"Hemos denunciado reiteradamente estas actitudes a las autoridades nacionales, porque además de no respetar lo establecido por la reglamentación vigente, en muchos casos son claramente discriminatorias hacia nuestros asociados de todo el país", añadieron.

Más adelante, aseguraron que "las condiciones de venta que se quiere imponer a los supermercados pymes no son las mismas que se aplican a las grandes cadenas extranjeras y/o nacionales" y señalaron que "la situación es muy grave para los supermercados y autoservicios regionales, porque tenemos los precios de venta congelados a valores del pasado 6 de marzo".

En este marco, dieron a conocer su decisión es de "no recibir mercadería que no cumpla con lo establecido por la Secretaria de Comercio Interior de la Nación", y expresaron que “sólo pretendemos que se respeten los márgenes operativos anteriores a la cuarentena Covid-19, de no ser así, muchos de ellos deberán bajar sus persianas".

De este modo, para que sea restablecida la equidad en la comercialización de productos básicos y esenciales, reclamaron que la Secretaria de Comercio de la Nación imponga su autoridad de regulación.