El inicio de la cuarentena hace más de 90 días obligó a repensar la modalidad de trabajo en la Cámara de Diputados, que luego de dos meses de confinamiento logró encontrar en mayo pasado la manera de sesionar de manera remota.

Por un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, el 13 de mayo pasado se firmó un protocolo de funcionamiento para garantizar la seguridad de la identificación de los diputados y la legitimidad de la votación, con una cláusula tácita que indicaba que solo se iban a tratar temas no conflictivos que permitieran ser discutidos a distancia a través de una pantalla.

Desde ese entonces, solo se logró sesionar en dos oportunidades pero ya se cumplió un mes de la última sesión en la Cámara Baja y todavía no se fijó una nueva fecha. El eje central de la discordia tiene que ver ahora con las formas más que con el contenido.

El protocolo tenía una vigencia inicial de 30 días pero los distintos bandos no se ponen de acuerdo sobre si sigue vigente o no: para la oposición, ese plazo ya se cumplió el 13 de junio, para el oficialismo podría haber un vericueto interpretativo con una contabilización de días hábiles que, contando los feriados, harían caer el protocolo el próximo viernes.

¿Y para qué forzaría el oficialismo dicha interpretación? Para llamar a una sesión antes de esa fecha, posiblemente el jueves, en medio del apuro por tratar la Ley de Teletrabajo.

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Lo cierto es que todavía no se activaron los mecanismos para aprovechar la supuesta vigencia del protocolo. Desde la semana pasada el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa viene retrasando la convocatoria a una reunión con los jefes de bloques para rever los términos del acuerdo. Hasta que no se reúnan los referentes en Labor Parlamentaria no hay perspectiva de sesión, y eso aún no ocurrió. 

Para mañana, en tanto, se espera la firma del dictamen de la ley de Teletrabajo en la Comisión de Legislación del Trabajo, que preside la oficialista Vanesa Siley y que cuenta con el apoyo en general de todos los espacios.

El conflicto en sí no tiene que ver con dicha normativa sino con otros textos que el Frente de Todos amenaza con insertar en las próximas semanas pese a que no cuenta con el número suficiente para aprobar una ley sin aliados.

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El proyecto para instaurar el Impuesto a la Riqueza es el principal ejemplo de la postergación del oficialismo, en el que también entran la anunciada reforma judicial que nunca llegó al Congreso y el reciente tema de la expropiación de Vicentin, que por ahora se encuentra stand by. 

La fake news de Cafiero. Luego de la exposición del jefe de Gabinete en el Senado el último jueves, quedó rondando en el Congreso su aseveración acerca de que “ha habido en este tiempo más sesiones que durante el año pasado”. La verificación de los datos indica que este año hubo un total de 14 sesiones en el Congreso, si se contabiliza el período de extraordinarias antes del 1° de marzo: 5 en Diputados y 9 en el Senado.

La cifra se confronta con los datos del 2019, un año de bajo registro de sesiones, con 20 reuniones, que sigue siendo más que lo contabilizado en lo que va de 2020.