Los trabajadores de la economía popular ya superan a los asalariados privados en diez provincias

Los trabajadores de la economía popular ya superan a los asalariados privados en diez provincias

Son Santiago del Estero, Chaco, Salta, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca, Corrientes y La Rioja. Los últimos datos oficiales del Renatep reflejan un total de 3,5 millones de personas en el sector de la economía popular, pero se estima que el universo es mucho más amplio.

Delfina Torres Cabreros

Son paseadores de perros, lustrabotas, pileteros, vendedores ambulantes, depiladoras, pescadores, cocineros de merenderos, cartoneros. La economía popular –que integran personas que se “inventan su trabajo” y están por fuera del mercado formal– es un universo muy amplio, que recién en julio de 2020 empezó a dibujar sus bordes mediante la puesta en marcha de un registro del Gobierno Nacional. Si bien se estima que es solo la punta del iceberg, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) ya tiene 3,5 millones de inscripciones y su última actualización arroja el siguiente resultado: en diez provincias del país ya hay más trabajadores y trabajadoras de la economía popular que asalariados privados registrados.

Santiago del Estero, Chaco –donde la diferencia se acerca a las 200.000 personas–, Salta, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca, Corrientes y La Rioja son las provincias que tienen un mayor volumen de inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) que asalariados privados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). 

Los números le dan fuerza a una postura que defienden distintas organizaciones sociales: la economía popular no es una economía de subsistencia que contiene excepcionalmente a los argentinos y argentinas en momentos de crisis, sino un modo de producción distinto que debe ser reconocido en su particularidad y que se estima que incluye a alrededor de 8 millones de personas en el país.

El registro se abrió en julio de 2020 y hasta el último corte, de junio de 2022, sumaba 3.457.669 inscripciones. En la medida que aumente la “registración” (es decir, la acreditación de estas personas de su situación, lo que no implica acceder a la formalización en términos legales), lo esperable es que se refleje una situación que se puede deducir: que el universo de la economía popular está más extendido y tiene más protagonismo en la dinámica económica de lo que el discurso público suele reconcoerle. 

De hecho, hay provincias que quedaron cerca de la “conversión” como San Juan, que solo tiene 4.773 más asalariados registrados que anotados en el Renatep. Dado que el Frente de Todos aspira a terminar su gobierno con 4 millones de inscriptos, no sería extraño que la predominancia de la economía popular por sobre los empleos privados registrados –que están virtualmente estancados hace una década, en torno a los 7 millones– quedara pronto en evidencia en al menos la mitad del territorio del país. 

En comparación con el informe anterior del Renatep, de febrero de 2022, aumentaron 7,4% las inscripciones (232.401 nuevas personas), sobre todo localizadas en en la región de la Patagonia y Cuyo. Aun así, las zona centro y norte son las que mayor cantidad de trabajadores de la economía popular registrados tienen. 

La provincia de Buenos Aires, la más populosa del país, tiene el mayor registro: son casi 1,2 millones de personas que sobreviven gracias a la economía popular, el 35,8% del total de la base. La sigue, sin embargo, la pequeña provincia de Tucuman (6,2%), Salta (5,8%), Chaco (5,7%) y Santiago del Estero (5,4%). 

Inscriptos/as al Renatep en relación a la población de 18 a 65 años, distribución por provincia. 24 de junio 2022. Nota: el número total es inferior al de todo el registro porque algunas personas no declararon correctamente domicilio.

“Es un universo que tiene cierta dinámica propia. Cuando la economía se recupera, cuando crece el PBI, esos mismos trabajadores de la economía popular mejoran sus ingresos, pero no diría que se suman personas a hacer ‘changas’ o, al revés, que dejan sus oficios en la economía popular para insertarse en el mercado formal”, explica a elDiarioAR el economista Pablo Chena, director nacional de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social. Si bien en tiempos de recuperación económica existe cierto flujo entre en la frontera mercado laboral registrado/informal no hay aquí un gran movimiento, aun con el aliciente de medidas como el Plan Empalme.

Lorena Leiva tiene 34 años, es artesana y, además, cumple tareas en una cooperativa de separación de residuos en Burzaco, por las que recibe como retribución el pago del Potenciar Trabajo. Aprovecha ese trabajo y, de lo que otros tiran, recupera materiales para hacer adornos que después vende en una feria del barrio. Leiva es, además, un caso que ejemplifica bien las características que más se repiten entre los trabajadores de la economía popular. 

Según el Renatep, en la economía popular la mayoría son mujeres (58%) y hay una incidencia mucho más alta de jóvenes de hasta 24 años que en la economía formal (27,1% versus 6,7% en SIPA), lo que habla del modo en el que las personas se insertan en el mercado laboral. La experiencia del primer empleo, en la Argentina, se da sobre todo en la informalidad. 

En algunas provincias la economía popular emplea a alrededor de un cuarto de las personas de entre 18 y 65, y eso considerando que no todo ese universo está reflejado en el registro. Es el caso de Santiago del Estero (30,7%), Jujuy (26,1%), Formosa (24,7%) y Chaco (24,5%). 

Mujeres trabajan en una cooperativa de reciclado Leandro Sánchez

La mayoría de los inscriptos en el registro trabajan en servicios personales y otros oficios (35%). Es decir cocineros, bicicletas, jardineros, mecánicos, paseadores de perros, peluqueros, reparadores de electrodomésticos, etcétera. La segunda rama de actividad más voluminosa son los servicios socio comunitarios (27,7%) y le sigue el comercio popular y los trabajos en espacios públicos (11,8%), la construcción y mejoramiento ambiental (8,4%), la agricultura familiar y campesina (8,2%), el reciclado (4,1%), la industria manufacturera (3,6%) y el transporte y almacenamiento (1,2%). 

Si se miran las ocupaciones y no las ramas de actividad, más de la mitad de las inscripciones se explican por trabajadores de comedores y merenderos, servicio de limpieza, agricultores, vendedores ambulantes y albañiles. 

Apenas el 10,6% está inscripto en alguna categoría tributaria, ya sea el monotributo social o el régimen simplificado. También es minoritario el porcentaje que recibe, como complemento de sus ingresos, el programa Potenciar Trabajo: el 28,3%. Esto cuando incluso se puede asumir que quienes se inscribieron en el registro tienen mayor contacto con el Estado y conocimiento de sus herramientas. 

A su vez, el 60,4% de los inscriptos trabaja de manera individual, sin vinculación con organizaciones sociales, cooperativas o ningún tipo de núcleo productivo. Estos datos muestran que, a contramano de ciertas ideas instaladas, el grueso de la economía popular no tiene una asistencia a través de la transferencia de ingresos del Estado ni tampoco vinculación con movimientos que puedan tener pertenencia partidaria. 

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